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Operación Océano: el delito que no cometen los impunes.
Repasemos el caso.
A fines del año 2019, se denunció un caso de abuso sexual, la desaparición de una adolescente y su hallazgo, muerta.
Durante la investigación, se encontró un celular de la víctima, en el que había un chat entre la adolescente, de 16 años, y varios hombres adultos. Luego se supo que los contactos se hacían a través de la página web Locanto y otros sitios de citas, y se descubrió así a varios hombres de alto nivel socioeconómico, reconocidos profesionales, educadores, padres de familia.
El perfil clásico del hombre que cree que con dinero y poder puede hacer lo que quiere. El que se disculpa con un “no sabía que era menor de edad”, o “me mostró una cédula falsa” y otras excusas que se repiten y que muestran, en el fondo y en el frente, la inmoralidad y la prepotencia de los culpables.
En agosto de 2020, había 32 formalizados, ocho imputados y 15 víctimas identificadas, todas menores de edad, adolescentes. La característica de esos hombres se mantiene: profesionales, comerciantes, de entre 40 y 50 años de edad, que se contactaban con las víctimas a través de los celulares o sitios de citas. Se trata claramente de un caso de explotación sexual. De acuerdo a la definición, hay explotación sexual si hay demanda del “servicio”. Para ser claros: es el explotador el que configura a la víctima, que por necesidad entra en la trampa. La tan mentada excusa del “consentimiento” no es válida en estos casos, porque la Ley 17.815 sostiene que un menor de edad no puede dar consentimiento a relaciones sexuales con personas mayores.
Es rápida la Justicia cuando los imputados no son poderosos, ni tienen varios apellidos, ni son defendidos por abogados de carrera.
La gente se indigna cuando un adulto de un asentamiento, barrio periférico o, simplemente, “humilde” osa atentar o explotar a un menor, niño o niña. Pero hace la vista gorda cuando los explotadores son gente “de bien”, “padres de familia” y otros etcéteras conocidos.
Cabe la pregunta de cómo reaccionaría uno de ellos si la adolescente explotada fuera su hija, por ejemplo. ¿Estaría de acuerdo en que se la revictimizara una y otra vez? ¿Que fuera expuesta al escarnio público y tratada poco menos que de prostituta, que se vende por un poco de dinero o por un par de zapatos o cartera de marca?
¿Qué pensaría el abogado defensor, el que insultó a las víctimas y a la fiscal, si entre ellas se encontraran su hija o su sobrina? ¿Actuaría de la misma manera?
En este caso, lo importante es el delito cometido. En este caso, lo importante son los imputados, los explotadores, que amparados precisamente en su condición de hombres probos, le hacen gambitos a la Justicia.
Discurrir sobre detalles específicos y encontrar formas para demorar la investigación y acortar los plazos de la fiscalía no minimiza de ningún modo lo ocurrido, ni diluye la culpabilidad de los explotadores ni el padecimiento de las víctimas.
No perder de vista que se trata de acusados de explotación sexual, que saben exactamente lo que es ilegal y lo que no lo es —léase, lo moral y lo inmoral—, que saben que cometieron un delito terrible del que tratan de no hacerse cargo por los medios que sean, es lo fundamental. Lo demás, es material para una crónica o un reportaje. Acá se trata de hacer justicia, para evitar otros casos similares.
La impunidad invita a sentirse impune y más allá de la ley.
Si la Operación Océano termina en nada por razones formales, sería una gran frustración nacional que a que abonaría el descrédito en la opinión pública.
En ese caldo de cultivo no solo debilita la confianza en la Justicia, debilita la confianza en la democracia.
Por suerte nuestros jueces y fiscales sienten el dolor del drama social y ajustado a principios de derecho actuarán en consonancia.
Viven con los pies en la tierra y no en “la luna de Valencia”.
