La estrategia desplegada por el gobierno en los últimos años para mejorar la seguridad pública pretendió aumentar los niveles de patrullaje preventivo, con el objetivo de “prevenir” y “proteger a las víctimas”. Ahora, con la evolución de la delincuencia, la Policía resolvió dar un paso más y llevar el combate a los lugares donde se “origina el foco del delito”, informaron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior.
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La planificación elaborada por el Comando de la Policía implicará, entre otras medidas, la presencia de retenes con efectivos policiales y de la Guardia Republicana en “puntos críticos” de Montevideo y Canelones, en los “barrios en los que viven los delincuentes”.
La decisión supone que habrá policías en las “áreas de mayor violencia” y eso hace que el “riesgo de enfrentamiento” con las bandas de criminales sea “inminente”, declaró a Búsqueda el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera.
Feudalización.
Las autoridades del Ministerio del Interior consideran que los delitos tienen una distribución geográfica cada vez más clara. Así lo explicó a mediados del año pasado el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando concurrió al Parlamento para explicar los artículos que había incluido su Secretaría de Estado en el proyecto de Ley de Presupuesto que elaboró el Poder Ejecutivo.
“Lo que ha bajado sustancialmente es la cantidad de plata robada, porque donde están robando de manera mayoritaria es en los propios barrios desde donde salen los delincuentes. Le están robando la bolsa a la señora que sale del almacén con una ‘chismosa’ con un litro de leche y un kilo de harina. Entonces, aumentan las rapiñas pero disminuye lo que se roba. Roban a un transeúnte —con armas además— 80, 120, 200 pesos”, describió Bonomi.
Según el jefe policial de Montevideo, ese fenómeno ocurre, al menos en parte, como consecuencia de una mejora en el patrullaje y por la respuesta más veloz que da el sistema de emergencias 911. “Hasta ahora la estrategia se concentró en custodiar a los lugares y las posibles víctimas del delito”, sobre todo en las zonas en las que no viven los delincuentes, explicó.
Para eso, Layera creó las Unidades de Respuesta Policial de Montevideo (URPM), encargadas de patrullar áreas específicas. A ese esfuerzo se sumaron otras iniciativas del Ministerio del Interior como la saturación con cámaras de seguridad en la Ciudad Vieja y en algunos “corredores comerciales” de la capital. Además, el gobierno adquirió un software que permite identificar los “puntos calientes” donde ocurren más delitos y prevenir con cierto grado de acierto cuándo es probable que ocurra el siguiente.
Además del aumento de las rapiñas, el gobierno considera que en los últimos dos años crecieron los asesinatos producto de los enfrentamientos entre bandas criminales, que se disputan territorios y negocios. Desde que asumieron en 2010, las actuales autoridades policiales consideran que en algunos barrios del área metropolitana se produjo un proceso de “feudalización”. Allí líderes criminales intentan “sustituir” al Estado “pagando favores” y “amedrentando” a los vecinos que no están de su lado.
El conflicto más fuerte, en estos momentos, involucra a grupos que tienen influencia en los barrios Ituzaingó, Villa Española, Peñarol y algunas áreas de Canelones. La Policía atribuye a esa lucha varios homicidios e incendios de viviendas ocurridos en las últimas semanas, dijeron los informantes.
“Riesgo inminente”.
Ese análisis es el que explica el planteo presupuestal del Ministerio del Interior y las resoluciones que tomará la Policía en las próximas semanas. Las URPM seguirán su patrullaje preventivo, el 911 intentará mantener los tiempos de respuesta a las emergencias en menos de 10 minutos como promedio y la Policía continuará con el control de la evolución de los “puntos calientes”, informó Layera.
“Pero ahora la historia pasa por ir a los puntos donde se cometen más delitos y a los lugares donde viven los delincuentes”, añadió.
Para identificar los barrios en los que viven buena parte de los criminales, el Ministerio del Interior recurre a dos mecanismos. El primero es saber dónde viven las personas que tienen antecedentes penales; en este caso, el criterio es que al menos el 53% es reincidente. Un equipo de la Policía trabaja para identificar casi cuadra por cuadra dónde residen las personas que salen en libertad a partir de la información del Instituto Nacional de Rehabilitación. El segundo dato es el análisis de la evolución de los delitos en un barrio determinado, para identificar dónde hay más ajustes de cuentas, peleas por territorios y bocas de venta de drogas.
Fuentes consultadas por Búsqueda explicaron que las zonas en las que está prevista la presencia policial incluyen, entre otras, Cerro Norte, Marconi y el barrio 40 Semanas.
Las jefaturas de Montevideo y Canelones destinarán a ese patrullaje a policías con dedicación y “entrenamiento especial”, dijo Layera. Para las zonas complicadas está previsto que participen efectivos de la Guardia Republicana. El despliegue será “pie a tierra y con apoyo de vehículos”, añadió.
El jefe de Montevideo —mano derecha del director de la Policía Nacional, Julio Guarteche— dijo que tiene claro que “el riesgo de enfrentamiento es inminente”. Por eso, “la idea es que los policías tengan mejor preparación para el enfrentamiento y nunca estén solos”.
“Si bien los delincuentes han aumentado su poder de fuego, nosotros estamos más equipados. Lo importante es que vean que tenemos más poder, que los policías son más”, explicó.
Para llevar adelante esta decisión, el gobierno incluyó en el Presupuesto un artículo que crea, dentro del Ministerio del Interior, el “Programa de Alta Dedicación Operativa”. Serán 1.000 policías —200 de la Guardia Republicana— con “dedicación exclusiva” y que estarán “a disposición de las órdenes del jerarca para cumplir funciones exclusivamente operativas, en cualquier horario de la jornada y con la flexibilidad horaria que requiera la autoridad”.
Los efectivos que se sumen a ese programa recibirán una compensación mensual de $ 10.000 nominales. El plan comenzará en las jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones y San José, y en la Guardia Republicana. “Nuestra intención es que los funcionarios merecedores de esta compensación estén directamente vinculados a la prevención, disuasión y represión del delito”, sostuvo el director general de Secretaría del Ministerio, Charles Carrera, durante la discusión parlamentaria del proyecto.
Guarteche dijo en esa oportunidad que alcanzar una solución a la inseguridad requiere “menos policías, pero comprometidos; y si están exclusivamente comprometidos, mucho mejor”. Y añadió: “En realidad, si uno analiza los números, eso es lo que está haciendo funcionar a la Policía. Estamos convencidos de que las unidades pequeñas y comprometidas son las que están llevando adelante la mayor parte del accionar de la Policía. Por esa razón, estamos convencidos de que policías de alta dedicación producirán mejores resultados”.
[ACTUALIZADO] Jorge Vázquez refuerza la decisión del gobierno de cercar a la delincuencia. Leelo AQUÍ