La Suprema Corte afirma que el juez en el nuevo CPP no debe analizar la solidez de la evidencia para formalizar a un imputado

En el fallo, firmado por los ministros Tabaré Sosa, Elena Martínez y Luis Tosi, al que accedió Búsqueda, la Corte analizó un recurso de casación presentado por la Fiscalía contra una sentencia del Tribunal de Apelaciones Penal de 3er turno, que revocó la formalización de un sospechoso por un delito de rapiña. Según el tribunal, el juez de Canelones Humberto Verri debió evaluar si las evidencias que recolectó la Fiscalía alcanzaban “el estándar mínimo de prueba” para arribar a “un grado de convicción provisoria” sobre la comisión del delito. La sala, tras analizar las pruebas, concluyó que no tenían ”el estándar de probabilidad razonada y razonable requerido para admitir la formalización”.

Matices

Antes de resolver, la Corte repasó los “diversos matices” que existen en los tribunales de apelaciones sobre el rol del juez en la audiencia de formalización. Consideró que el punto central de la discusión refería específicamente “a si el magistrado debe valorar (o no) las pruebas disponibles a efectos de resolver si decreta la formalización del imputado”.

En primer lugar, señaló que luego de más de tres años de vigencia del CPP “existe cierto consenso” en que la reforma se “apartó del modelo chileno”, donde la formalización se concibe como “una mera comunicación que efectúa el Ministerio Público frente al juez”. Aclarado ese punto, “corresponde analizar cuál es el estándar exigido por nuestro legislador en el artículo 266 a los efectos de hacer lugar —o no— al pedido fiscal de formalización”, prosiguió la Corte. “En otras palabras, cuál es el umbral exigido, cuál es el rol del juez y sus límites en este estado del procedimiento”.

En ese punto los tribunales “tienen posiciones que, si bien poseen puntos en común, varían en cuanto a las exigencias y el estándar de certeza exigido”, indicó.

El tribunal de 1er turno, integrado por los ministros Alberto Reyes, Graciela Gatti y Sergio Torres, tiene una postura que puede denominarse “amplia” —describió la Corte—, según la cual sin perjuicio de que la Fiscalía debe enunciar los medios de prueba con los que cuenta “tal extremo no significa que el juez de garantías pueda analizar si los hechos narrados se encuentran correctamente justificados con las evidencias recolectadas”. En consecuencia, a juicio de ese tribunal, “la audiencia de formalización no es el momento procesal previsto para analizar si la prueba reunida es suficiente para responsabilizar al sujeto investigado”.

La posición del tribunal de 2do turno —José Balcaldi, Ricardo Míguez y Daniel Tapié— tiene “similitudes”. Según ha dicho en sus fallos, “el juez de garantía debe valorar la razonabilidad del pedido del actor, obviamente con base en lo que se le plantea sin que implique ningún juzgamiento sobre el fondo de la cuestión y ello por la sencilla razón de que no se debate en la audiencia de formalización la responsabilidad del sospechoso sino la existencia de los elementos objetivos con que cuenta” la Fiscalía.

La sala de 4to turno —Luis Charles, Ángel Cal, Gabriela Merialdo— entiende que el juez “no es un mero controlador de requisitos ni homologador del pedido fiscal”, sino por el contrario “es indudablemente decisor de una cuestión tan trascendente como lo es la vinculación del imputado al proceso por la presunta comisión de un determinado hecho ilícito”. Por eso, debe analizar si hay “elementos objetivos suficientes” para formalizar la investigación. De todos modos, su posición se asemeja a las anteriores en tanto considera que el juez debe basarse en “las alegaciones realizadas por la Fiscalía”, que son los “elementos objetivos suficientes exigidos por la norma legal”.

Es la sala de 3er turno —que dictó la sentencia a estudio de la Corte— la que tiene una posición más “diversa”. Ese tribunal “sostiene que la Fiscalía, al solicitar la formalización en audiencia, debe acreditar en forma sumaria la existencia de dos extremos: la existencia de elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y la identificación de sus presuntos responsables”. Para ello, “el magistrado en esta etapa deberá analizar tal planteo fiscal de acuerdo a pautas mínimas, entre otras, de seriedad, solidez, credibilidad, racionalidad, coherencia, verosimilitud”.

Tras repasar las diferentes posiciones, la Corte apoyó la tesis mayoritaria y acogió el reclamo de la Fiscalía. Los ministros de la SCJ explicaron que “tienen una postura contraria” a la del tribunal de 3er turno. En la audiencia de formalización la “exigencia de evidencias probatorias se limita a los elementos ponderables y objetivos recabados por la Fiscalía”, y no hay en esa etapa “valoración de prueba por parte del juez”. Es decir, “no debe examinar, en esta instancia, si los hechos que la Fiscalía argumenta como sustento de su solicitud se encuentran (o no) probados. Ello es propio de otra instancia posterior”.