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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) archivó cinco denuncias contra la ex jueza penal Anabella Damasco en un lapso de seis años antes de que fuera procesada con prisión por “peculado” y “estafa”, en lo que constituyó el mayor caso de corrupción judicial en Uruguay.
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El legislador solicitó a la Corte que le informara las denuncias que recibió Damasco durante su actuación como magistrada, entre otras interrogantes.En la respuesta enviada con fecha 15 de febrero se incluyen cinco denuncias, presentadas por abogados particulares ante la Corte por diversos hechos, desde 2005, que fueron todas archivadas.
La primera denuncia fue planteada el 22 de junio del 2005 por el abogado Walter Pritsch Arcieri, quien por escrito manifestó que, durante una audiencia citada para dar lectura a un dictamen fiscal, Damasco interrumpió de manera intempestiva y se retiró junto con la fiscal.
A los minutos regresó, pidió disculpas por “la anormalidad” y manifestó que debía “arreglar ciertas cuestiones formales”. A juicio del denunciante lo que ocurrió fue que “la señora juez advirtió improcedentemente a la señora representante del Ministerio Público del error técnico en el que había incurrido, procediendo a salvarlo en la sede entre ambas”.
En una resolución fechada el 29 de julio de 2005, la Corte rechazó la denuncia, porque del “detallado” informe de la jueza “no se advierten elementos que ameriten ejercer el poder-deber disciplinario que le compete” a la corporación.
La segunda denuncia contra Damasco fue presentada el 15 de noviembre del 2005 por la abogada Carolina Sotelo Martínez. En el escrito que presentó ante la Corte la letrada expresó que a un año del procesamiento de su defendido en una causa por narcotráfico la magistrada aún no ha “puesto los autos de manifiesto”, lo que significa que aún no se sabía en qué fecha se dictaría la sentencia de primera instancia.
En la resolución de la Corte, fechada el 9 de diciembre de 2005, también se archiva la investigación sobre Damasco. En esta oportunidad el máximo órgano judicial consideró “de recibo” las explicaciones de la jueza, sustentadas en “la complejidad de la causa”.
La tercera denuncia está fechada el 22 de febrero del 2008 y firmada por el abogado Fernando Barrera. En esta oportunidad el letrado indicó que Damasco —quien reemplazaba al juez del caso— no le permitió tener acceso a un expediente y que la actuaria del juzgado lo trató de mala manera.
La resolución de la Corte, fechada el 7 de marzo del 2008 también archivó esta denuncia ya que consideró “suficientes” las explicaciones de Damasco y de la actuaria.
La cuarta denuncia fue presentada por el contador Ruben Weizman, uno de los procesados por lavado de activos en el marco de la “Operación campanita”.
El escrito, firmado por el abogado Javier Simonetti, afirma en lo medular que en el auto de procesamiento se hace referencia a informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central pero esos informes no están anexados al expediente. Según la denuncia, la defensa de Weizman solicitó “en varias oportunidades” tener acceso a los informes pero Damasco se lo negó.
La resolución de la Corte, fechada el 7 de abril del 2009, archivó nuevamente la denuncia. Los ministros de la SCJ entendieron que las explicaciones de Damasco resultaban “suficientes”. Agregaron que las cuestiones planteadas por la defensa son “de naturaleza jurisdiccional”, por lo que “no corresponde” que la Corte emita opinión.
La quinta denuncia contra Damasco también fue presentada por Weiszman, el 1º de setiembre de 2010, porque la actuaria del juzgado le comunicó que los informes que se habían tomado como base para procesarlo habían aparecido en “el casillero” del juzgado ya que se habían “desacordonado involuntariamente” del expediente. Sin embargo, el contador afirmó con sorpresa que esos informes “estaban fechados con posterioridad” a su procesamiento, por lo que concluyó que su reclusión fue hecha sobre la base de un supuesto “materialmente falso”.
En la resolución, dictada el 1º de octubre, la SCJ archivó la denuncia porque entendió válidas las explicaciones de la jueza, que en ese momento ya era ministra del Tribunal de Apelaciones Penal de primer turno.
La última denuncia a la Corte fue la que permitió enjuiciar y luego procesar a Damasco. El 24 de mayo de 2011 se presentó un escrito afirmando que en un allanamiento habían sido incautados U$S 6.000 que al finalizar el proceso no habían sido devueltos por la magistrada.
