Ernesto Samper compara sus primeros meses de gestión como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con el trabajo de un obrero. Hasta ahora buena parte de su trabajo ha sido “reforzar cimientos”, “levantar paredes” y “poner el techo” de una organización nueva que empieza a consolidarse y ganar importancia en la región.
El verdadero edificio de Unasur en Quito, Ecuador, también refleja su situación. La obra de moderna arquitectura que aportó el gobierno de Rafael Correa le trajo aparejado algún “desorden presupuestal”.
El ex presidente colombiano (1994-1998) considera que la Unasur comienza a “construir su propio camino” y anunció que presentará en la próxima Asamblea de Naciones Unidas una posición común en política de drogas, tomando iniciativas de Uruguay, Colombia y Bolivia. La región, de todos modos, mantiene un “grave problema político” de integración: las economías están cerradas hacia adentro y la movilidad interior es un desastre.
Las intervenciones de Unasur en las situaciones de crisis política y la confianza de los países en la organización son, a su juicio, otra fortaleza. En ese sentido destaca el trabajo en Venezuela y Colombia.
En la estabilidad política observa con preocupación una “amenaza dramática”: la judicialización de la política y la politización de la Justicia. Cree, por ejemplo, que eso está detrás de situaciones actuales de Venezuela, Chile y Brasil.
—¿Cuál es la situación actual de Unasur?
—Unasur nació alrededor de tres objetivos fundamentales: la preservación de la paz en la región, la continuidad del proyecto democrático y la vigencia de los derechos humanos. En el tema de la paz, por ejemplo, seguimos muy atentos el proceso que se vive en Colombia. En el tema de la democracia estamos muy muy alertas a lo que está pasando en Venezuela, pendientes de la convocatoria a elecciones. Y en la vigencia de los derechos humanos estamos trabajando en tres agendas: una agenda social, una económica y una política. Ese es el trabajo que estamos haciendo para profundizar los cimientos.
Claro, estamos metidos en temas más concretos. Uno de estos proyectos, que seguramente será considerado en la próxima cumbre presidencial, es el de la ciudadanía suramericana. Queremos que estos 400 millones de sudamericanos que viven en estos 17,5 millones de kilómetros cuadrados se sientan realmente ciudadanos sudamericanos.
—En la región hay otras organizaciones multilaterales. ¿Qué diferencia tiene Unasur con la Organización de Estados Americanos (OEA) por ejemplo?
—Pues que en Unasur no están los Estados Unidos.
—¿Y eso por qué es importante?
—Porque estamos construyendo nuestro propio camino. Acá no existe el desequilibrio político que existe en otros procesos. Eso tiene importancia porque estamos construyendo… Por ejemplo, el tema de las drogas. Vamos a llegar a una posición unificada sobre el tema de las drogas a Naciones Unidas el año entrante.
—¿Cuál es la posición?
—Pocas regiones tienen más autoridad moral y política para hablar de una nueva política en materia de drogas que no sea el ciego prohibicionismo que tenemos en este momento. Por lo que hemos sufrido en la lucha contra el narcotráfico, por las pruebas alternativas en distintos países, como Uruguay con la marihuana, Bolivia con la coca y Colombia con los cultivos ilícitos. Creo que los comunes denominadores de esa sumatoria nos permiten tener una claridad sobre hacia dónde vamos.
Ya hemos sido duros con los débiles y débiles con los duros. ¿Por qué no comenzamos a darles un tratamiento más débil a los débiles y uno más duro a los duros? ¿Por qué no le buscamos alternativas a los consumidores distintas a meterlos en la cárcel? ¿Por qué no buscamos separar a los microtraficantes, que en muchos casos son consumidores, de los traficantes? Y finalmente, ¿por qué no combatimos al narcotráfico y las organizaciones criminales? Ahí es donde está la verdadera responsabilidad, no en meter consumidores a la cárcel.
—¿Habló de esto con el presidente Vázquez ayer?
—Sí. Con el presidente Vázquez hablamos de muchos temas. El plato fuerte fue el tema de la salud. Él piensa que hay que ser más efectivos en las campañas de prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, como el caso de las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Considera que es allí donde están concentrados los mayores índices de mortalidad. Sobre esa base plantea, y lo vamos a recoger en la agenda de salud de Unasur, que se haga un énfasis especial en este tipo de enfermedades.
—Mencionó la situación de Venezuela y de Colombia. Hay también casos importantes de corrupción en Brasil y Chile. ¿Cómo ve la situación regional?
—Todo esto son manifestaciones de un problema mucho más grave que es la judicialización de la política. Los políticos hemos cometido el error de trasladar a los escenarios judiciales lo que se debería resolver en escenarios democráticos. En vez de sostener un debate con un adversario, lo que estamos haciendo es denunciar ante un juez, con lo cual obligamos al juez a que tome partido. Ahí pasamos a la politización de la Justicia, que es uno de los problemas más complicados que hoy en día tiene la democracia, en esta región y en el mundo. Estamos politizando una rama del Estado que debe mantenerse ajena a cualquier tipo de presión política o mediática.
—¿Pero, si la Justicia no investiga, cómo se pueden probar los casos de corrupción?
—La corrupción no consiste en decir “hay corrupción” sino en tener pruebas. Todos los casos de corrupción deben ser investigados. Pero muchos casos de corrupción se utilizan políticamente. Eso es lo que yo señalo. Eso le hace daño a la Justicia porque la coloca en un terreno que no es el suyo. La mejor forma de luchar contra la corrupción es el buen ejemplo. Creo que las personas que hoy día están al frente de países como Chile, Brasil y Argentina, sus presidentas, son un modelo, en toda su carrera política, de una trayectoria honesta que avala por sí sola que si hay actos de corrupción no son resultado de componendas políticas ni parte de una estrategia, sino de casos aislados. Se deben analizar dentro de un contexto individualizado y no como parte de unas campañas de deslegitimación de los gobiernos.
—¿Lo ve como un riesgo para la estabilidad?
—Sí, como una amenaza a la estabilidad. Estamos obligando a los jueces a meterse en política y eso es fatal. Una Justicia politizada es dramático.
—Hablando de la estabilidad regional, ¿cuál es la capacidad de acción de la Unasur en casos de inestabilidad política como el de Venezuela?
—El papel de Unasur es servir de interlocutor en los problemas del gobierno de Venezuela, de evitar que las medidas injerencistas que trató de tomar el gobierno de Obama prosperen. Creo que es la mejor ayuda que podemos dar. ¿Tiene sentido que vayamos a tomar partido mediático por uno u otro? Todos merecen respeto. Las personas que están detenidas merecen el respeto a su derecho al debido proceso, a una detención humanitaria, y lo hemos dicho. El presidente Maduro merece el respeto como un gobierno democráticamente elegido, y lo hemos dicho. El camino no es el de la confrontación violenta, es el de la confrontación democrática.
—¿Cree que intervenciones de Unasur como en el caso de Venezuela, que fueron mucho más rápidas, es una de las ventajas de la organización frente a otras como OEA?
—Claro, porque tiene la confianza de Venezuela. Nosotros no hemos tomado partido. Nuestro partido es que haya democracia, que se reitere y que todo se maneje dentro de las reglas.
—Algunos partidos políticos de la región consideran que la Unasur es una organización demasiado politizada. ¿Qué opina?
—Cada país tiene sus alianzas económicas, de acuerdo a su filosofía política, pero todos estamos comprometidos con la integración política. El más grave problema político que tiene la integración es que las economías están abiertas hacia afuera y las cerramos hacia adentro. Ese es el grave problema que tiene la integración. Tenemos las fronteras cerradas, no pueden entrar los barcos, hay trabas aduaneras para la circulación de mercancías; es un desastre nuestra movilidad interior.
