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La Universidad de la República plantea al gobierno su rechazo a un acuerdo con la Universidad de Stanford
“Es inaceptable que Uruguay firme una cosa como esta”, dijo el rector respecto a una cláusula que impide a ciudadanos de países embargados por EEUU participar en investigaciones
imagen de La Universidad de la República plantea al gobierno su rechazo a un acuerdo con la Universidad de Stanford
Con la intención de fortalecer la innovación y el espíritu emprendedor de los ingenieros uruguayos, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) firmó hace un mes un acuerdo de cooperación con la Universidad de Stanford que, entre otros lineamientos, incluye la capacitación de docentes de las facultades de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo y la Universidad ORT.
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La institución estadounidense se encargará de realizar en Uruguay consultorías, charlas y talleres, pero también se prevé que los docentes viajen a Stanford para aprender cómo incorporar en sus clases contenidos sobre emprendimiento.
El convenio, sin embargo, encontró un profundo malestar en distintos ámbitos de la Udelar debido a su última cláusula, que determina quiénes pueden formar parte de las actividades. “Debido a las sanciones regulatorias comerciales de los Estados Unidos, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) no puede permitir la participación en el programa a cualquier persona que reside actualmente en o es ciudadano de un país embargado por los Estados Unidos (Birmania, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Sudán y Siria)”, dice esa cláusula.
“Es inaceptable que Uruguay firme una cosa como esta. ¿Cómo vamos a aceptar? Está claro que eso es inaceptable y es tremendamente contraproducente para los países pequeños”, señaló el rector Rodrigo Arocena el martes 22 durante la sesión del Consejo Directivo Central (CDC) de la universidad. “Uno podría agregar la profunda injusticia de la resolución, aun si la hubiera aprobado Naciones Unidas, por el hecho de que una persona que sea ciudadano, por ejemplo, de Siria, a la cual menciono porque allí ambos bandos violan los derechos humanos masivamente, un ciudadano de Siria todavía encima de la situación que le toca vivir debe ser excluido”, agregó.
El tema fue tratado sobre el final de la sesión del Consejo, que resolvió pedir una reunión con los ministros de Educación y Cultura y de Relaciones Exteriores para expresar formalmente su planteo. “La innovación del país corresponde al Poder Ejecutivo, al Gabinete Ministerial de la Innovación (GMI), es al Ministerio de Educación a quien deberíamos plantearle estas cuestiones. Y el relacionamiento internacional del país corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores”, remarcó Arocena, quien aclaró que no es a la ANII a quien deben dirigirse puesto que “es una agencia implementadora de políticas” que “si desempeña otros papeles es porque otros no cumplen los suyos”.
El GMI fue creado en 2005 con el objetivo de coordinar y articular las acciones gubernamentales vinculadas a las actividades de innovación, ciencia y tecnología para el desarrollo del país. Es presidido por el ministro de Educación y Cultura pero también lo integran los jerarcas de Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería, Salud Pública, Economía y Finanzas y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
“El planteo tiene que hacerse ante los responsables de la política de ciencia, tecnología e innovación del Uruguay, para señalar que a nuestro entender eso es inaceptable y que ningún organismo del país debiera firmar algo así. Esto no corresponde que lo firme una agencia implementadora, esto es un acuerdo que está señalando un precedente muy serio y es la política internacional del Uruguay la que está en juego”, finalizó el rector.
Discrimina.
El 17 de marzo el acuerdo de cooperación fue presentado en el Club de los Industriales del Latu. En aquel momento el decano de la Facultad de Ingeniería, Héctor Cancela, destacó la alianza como “una pieza más” en la intención de Uruguay de desarrollar una comunidad de ingenieros con un espíritu dispuesto a la creatividad y la toma de riesgos. “El acuerdo le da más visibilidad a este tipo de trabajo que queremos promover. Puede ser un disparador o motivador para mucha gente en el ámbito académico para comenzar otra nueva etapa. Ya hay mucha gente trabajando en esto pero no es suficiente, queremos contagiar a muchos más. Necesitamos ampliar el círculo, contagiar. Aumentar el volumen de ideas y de iniciativas” (Búsqueda Nº 1.758).
Sin embargo el 10 de abril el Consejo de la Facultad de Ingeniería, con seis votos a favor en diez, resolvió “no participar en actividades del convenio suscrito entre la ANII y la Universidad de Stanford” y expresar el rechazo de la Facultad a la última cláusula del convenio, al entender “que discrimina personas provenientes de diferentes países”.
La postura de ese servicio recibió días después el apoyo de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), cuyo Consejo Federal el lunes 21 también decidió “rechazar enfáticamente la cláusula que establece restricciones para instituciones públicas uruguayas” al prohibir actividades científicas a los residentes y ciudadanos de Birmania, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Sudán y Siria.
El gremio de estudiantes sostuvo su posición a partir de lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Udelar, que encomienda difundir la cultura, impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas, contribuir al estudio de los problemas de interés general y defender los valores morales y los principios de justicia, libertad y bienestar social.
La FEUU elevó el tema a último momento al CDC, que unánimemente resolvió compartir la fundamentación hecha por el orden estudiantil y “hacer suya” la decisión del Consejo de la Facultad de Ingeniería de rechazar la cláusula del convenio en la medida que discrimina a personas de diferentes países.
