También cuestionan la falta de participación de docentes y alumnos en la elaboración del plan, el poder concentrado en el MEC y “la pérdida de autonomía” del Consejo de Formación en Educación (CFE), entre otras críticas.
Estas inquietudes fueron planteadas el lunes 10 en una sesión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado por representantes de la Asamblea Técnico-Docente (ATD), órgano asesor del CFE y la ANEP, y un equipo del CFE integrado por la consejera docente Rosana Cortazzo.
El proyecto del MEC “preocupa a muchos docentes” porque “aleja muchísimo a la formación en educación del camino universitario” y por “el impulso que la ley le da al sector privado de la educación”, afirmó Cortazzo a Búsqueda.
“Parche”
En el documento que sirvió de base para la exposición en el Parlamento —al que accedió Búsqueda—, los educadores advierten que en el artículo 198 de la LUC reglamentado en diciembre “subyace una reforma de la concepción de la formación de los educadores que lesiona la profesión docente”.
“Los reconocimientos” de títulos “están muy lejos de crear las oportunidades que habilita una universidad de educación como institución”, indican. Por lo que advierten que “la concepción de la formación universitaria con participación y compromiso de todos los órdenes es sustituida por la obediencia y adaptación de docentes, estudiantes y egresados a los requisitos del MEC”.
Esto derivará en una “fragmentación institucional, presupuestal, académica y de posibilidades de vínculos interinstitucionales”, señalan en el informe.
Allí expresan que el ministerio se propone “una burocratización de los procedimientos” a través de la creación de un consejo consultivo que asesorará al MEC en el reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación en educación impartidas por entidades públicas no universitarias.
Según la LUC, los integrantes de ese consejo consultivo serán designados por el Poder Ejecutivo, tres a propuesta del MEC, uno por la ANEP, otro por la Universidad de la República y otro por el consejo de rectores de universidades privadas. A su vez, la presidencia del consejo será ocupada por uno de los miembros propuestos por el MEC y tendrá voto doble en caso de empate.
“¿Cómo se va a garantizar que no predomine la posición política frente a la académica?”, planteó Cortazzo, para quien las posibilidades de que las resoluciones dependan de consideraciones políticas son “muy altas” y a la vez apartadas de la autonomía de las instituciones y de la participación de sus órdenes.
Con este procedimiento, el MEC asume competencias que, según la Constitución, deben recaer en consejos directivos autónomos, apuntó Silvia Adano, presidenta de la mesa permanente de la ATD del CFE, y aseguró que los nuevos planes seguirán las exigencias del MEC.
Adano se preguntó cómo harán el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y otros institutos de formación para postular planes de estudio nuevos para el reconocimiento universitario si no tienen autonomía y necesitan de la aprobación de la ANEP. Esto lo planteó en términos de competencia con las universidades e institutos privados, que pueden ajustar sus planes rápidamente, mientras que para los públicos resulta más complicado.
La estrategia del gobierno “tiene muchas debilidades”, insistió Cortazzo. “Es solo un parche”, dijo, y advirtió: “Si el procedimiento propuesto no es asequible para el ámbito del CFE, tendrá como consecuencia el perjuicio al desarrollo de la formación en la educación pública en todo el país”.
La LUC también crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación, cuyo contenido las educadoras consultadas dijeron desconocer, y el Sistema Nacional de Becas de Formación en Educación, que a su juicio “profundizará la brecha” socioeducativa. Adano cuestionó que las becas proyectadas incluyan a las instituciones privadas. Y Cortazzo insistió en que el CFE ya cuenta con un sistema de becas con “excelentes resultados” para la retención y promoción de estudiantes en la formación.
Según la consejera, tampoco existe un problema de matrícula en las carreras de formación docente, que aumentó “de manera sostenida” en los últimos 11 años.
Actualmente, hay más de 35.000 estudiantes y los alumnos becados tienen una continuidad del 70% en las carreras. Mientras que el cuerpo docente del CFE está formado por 2.800 profesores, de los cuales un 40 % es efectivo, que en general se desempeñan en más de un instituto y en diferentes carreras.
Según el último censo (2018), seis de cada 10 docentes poseen posgrados en educación “completo o incompleto”, precisó Cortazzo.
Por otra parte, la consejera cuestionó la realización del seminario Nuevos Rumbos que promueve el MEC y de consultorías que apuestan a expertos externos y no recogen la experiencia acumulada por los docentes de formación. También dijo que los expositores nacionales del seminario no se vinculan con ninguna institución universitaria o terciaria pública, y deslizó: “¿Qué objetivos orientan al seminario para no incluirlos?”.
Para la consejera “está claro que no será la suma de carreras reconocidas como universitarias las que por derrame desemboquen en una institución que desarrolle las funciones básicas: enseñanza, investigación y extensión”.
Mientras que para la titular de la ATD el gobierno busca ampliar la formación de los educadores en instituciones privadas y desarrollar procedimientos desde el ámbito estatal que favorezcan la privatización, lo que constituye “un ataque a la formación pública de los educadores” del CFE, que representa al 98% de ellos.
Paso intermedio.
Óscar Pedrozo, uno de los representantes de los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, consideró que la iniciativa del MEC es una “alternativa válida” para reconocer la titulación de los docentes.
“Si bien no es la solución ideal, porque esa sería la universidad, implica un acercamiento significativo, como un paso intermedio para seguir pensando al Consejo de Formación en Educación como una institución de rango universitario, que es el objetivo de la ANEP”, dijo.
Juan Pérez, el otro consejero docente en el Codicen, se manifestó “totalmente en línea” con los planteos de Adano (ATD) y Cortazzo (CFE), y también cuestionó tanto la falta de participación de docentes y alumnos en la elaboración del plan oficial como el procedimiento elegido y la estructura proyectada. El MEC “siempre tendrá mayoría” en las decisiones y “se desconoce completamente la autonomía del CFE”, dijo.
“Reivindicamos la formación de una universidad de la educación y el cogobierno, y aunque sabemos que no están los votos, el camino no es este, ya que deja todo atado a la voluntad política circunstancial”, resumió Pérez a Búsqueda.
Búsqueda también procuró la opinión de la presidenta del CFE, Patricia Viera, pero no obtuvo respuesta.
“El carácter fundacional de las palabras del ministro y de las acciones impulsadas por el MEC son una amenaza al desarrollo institucional y una afrenta al esfuerzo de cientos de docentes, investigadores y especialistas”, escribió el exdirector de Educación del MEC Luis Garibaldi en una carta publicada en esta edición de Búsqueda.
Según el también exconsejero de Formación en Educación, la premisa de Da Silveira de que “si el actual gobierno presentara otro proyecto de universidad que no incluyera el modelo de cogobierno también fracasaría”, es una excusa. “¿Cómo sabe esto el ministro? ¿Se reunió con representantes del Frente Amplio? ¿Realizó las consultas necesarias para realizar esta afirmación? Rotundamente, no”.
“La premisa parece ser más un pretexto para impulsar un camino ya elegido que una verdadera alternativa a un supuesto bloqueo”, evaluó Garibaldi.
