Por el contrario, dijo, alguien que tiene un diploma del IPA y quiere hacer una maestría en el exterior, “primero tiene que explicar qué es el IPA” y el proceso de habilitación del título suele ser “engorroso”.
Las razones de este “caso anómalo” son “puramente históricas”, afirmó el ministro. “Todo se basa en un contencioso entre dos figuras con gran incidencia en el sistema político, como Antonio Miguel Grompone —fundador del IPA— y Carlos Vaz Ferreira —creador de la Facultad de Humanidades y Ciencias—, que defendían instituciones diferentes, que funcionaron en paralelo, y así estamos hasta hoy. Uno puede cursar Historia en el IPA o en lo que hoy es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y son dos carriles que no se cruzan nunca”, dijo.
Por otra parte, “hay una vieja demanda” de los sectores docentes de contar con una formación universitaria que el jerarca entiende “totalmente legítima”, pero que el sistema político no ha podido satisfacer.
Las administraciones frentistas plantearon la estrategia de crear una universidad de la educación para darle carácter universitario a la formación docente. “Lo intentaron dos veces, y las dos veces fracasaron”, recordó Da Silveira, y adjudicó ese resultado al “bloqueo político” que enloda la discusión centrándose en la gobernanza de una nueva universidad pública, lo que divide al sistema político.
El artículo 189 de la Constitución dice que, para crear un nuevo ente autónomo, hacen falta dos tercios de los votos en cada cámara, y el proyecto del Frente Amplio no alcanzó ese respaldo.
Durante la campaña electoral y la transición de gobierno, el tema volvió a la agenda pública. Da Silveira dijo entonces que el Frente Amplio impulsaba un modelo de universidad cogobernada, al estilo de la Universidad de la República, lo que era “básicamente una réplica trasnochada” de la Ley Orgánica de 1958.
“Si el actual gobierno presentara otro proyecto de universidad que no incluyera el modelo de cogobierno también fracasaría, porque el Frente Amplio no le daría los votos, por esta discrepancia sostenida en el tiempo”, aseguró el hoy ministro.
Da Silveira sostuvo que “el Frente Amplio se negó a discutir otros modelos de gobernanza de universidades públicas” durante sus 15 años de gobierno.
“Ese tiempo perdido ya no lo recuperamos. Ahora es tiempo de andar rápido. Por eso anunciamos en la campaña que íbamos a hacer esto y lo incluimos en el compromiso que dio nacimiento a la coalición de gobierno. Esta idea ya fue plebiscitada y la gente la apoyó con su voto”, afirmó.
Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
“No vamos a regalar papelitos”
La falta de acuerdo político llevó al actual gobierno a buscar “una estrategia alternativa”. “¿Por qué otro camino? Porque la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) está en una posición particular. La Constitución le encarga la formación docente, pero no tiene la potestad de emitir títulos universitarios”, explicó el ministro.
“Si la ANEP no puede crear instituciones universitarias y si el Parlamento está políticamente bloqueado para hacerlo, ¿hay otra institución que pueda otorgar reconocimientos de carácter universitario?”, planteó, y contestó: “Sí, el Ministerio de Educación y Cultura”.
Uruguay reconoce desde hace años el carácter universitario de las instituciones universitarias privadas y de las carreras impartidas por esos centros educativos. El MEC también reconoce los programas de formación de grado y posgrado de otras instituciones públicas no universitarias, como las de la enseñanza policial y militar.
La estrategia es “seguir ese camino”, contó el jerarca. Esto es, una “doble titulación”: “Que el MEC reconozca el carácter universitario a títulos emitidos por una institución no universitaria como es ANEP”.
Así, afirmó, un estudiante podrá obtener un título de profesor emitido por el IPA o de maestro por un instituto magisterial y un documento expedido por el MEC que diga que ese título equivale a una licenciatura universitaria.
Desde el punto de vista jurídico es “perfectamente posible”, dijo, y además “evita el problema de que ANEP no pueda ir más allá de sus cometidos y elude el bloqueo político”.
“No vamos a regalar papelitos (por los títulos) a cambio de nada, ni pasaremos a llamar licenciaturas universitarias a los títulos que se daban hasta ahora”, afirmó el secretario de Estado.
Paquete de exigencias mínimas.
Para mejorar los aprendizajes, según el ministro, primero deben transformarse los programas de estudios de formación docente, y luego darles el rango universitario a esos centros.
Por esa razón, dos objetivos centrales de la administración son el de dotar de “mayor nivel académico” a estos programas y el de impulsarlos en el desarrollo de “investigación”.
El MEC trabaja sobre un “paquete de exigencias mínimas” que todo programa deberá cumplir para acceder al reconocimiento universitario.
También el “perfil” de los docentes debe apuntar a una exigencia mayor, y por eso establecerá que “un porcentaje mínimo” debe tener título de maestría, otro de doctorado y otro de experiencia directa en investigación.
Otras exigencias tienen que ver con “un currículum mínimo” que incluya una cantidad determinada de horas sobre habilidades digitales básicas para que los docentes se adapten rápidamente a “un mundo híbrido” que la pandemia profundizó.
Ese currículum también sumará habilidades inclusivas. Esto, dijo el ministro, obedece a “la tendencia a reducir las matrículas de las escuelas especiales y a incorporar a alumnos con distintos tipos de discapacidad a las escuelas normales”, lo cual es “bueno” si “los docentes tienen las herramientas mínimas” para actuar en estos casos.
Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
LUC, consejo consultivo y autonomía
En línea con estas metas, los artículos 171 y 198 de la Ley de Urgente Consideración les dan marco a estas políticas impulsadas por el gobierno. Lo previsto en la LUC y reglamentado por decreto es la creación de “un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias”.
Además, se creará un Consejo Consultivo de Formación en Educación Universitaria en la órbita del MEC. Se trata de “un ámbito como el que ya existe desde hace años para la educación privada y para la educación policial y militar”, precisó Da Silveira.
Desde el Frente Amplio pronto surgieron voces críticas hacia estas disposiciones que integran la lista que la coalición de izquierda y organizaciones sociales quieren llevar a referéndum para derogar.
Los principales cuestionamientos apuntan a la integración del consejo consultivo, que estará conformado por seis miembros designados por el Poder Ejecutivo de los que tres serán propuestos por el MEC, uno por la ANEP, otro por la Udelar y otro por el consejo de rectores de las universidades privadas. A su vez, la presidencia del consejo será ocupada por uno de los miembros propuestos por el MEC y tendrá voto doble en caso de empate.
“El gobierno es republicano y entiende que las instituciones deben representar a todos los ciudadanos y no a corporaciones”, afirmó Da Silveira, y remarcó que “la autonomía se mantendrá totalmente en pie”.
La LUC también crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación y el Sistema Nacional de Becas de Formación en Educación, con recursos económicos ya asignados en el presupuesto.
El ministro informó que el sistema dispondrá de “un pool de expertos en formación docente”, pagado por el MEC, que ayudará a las instituciones en el desarrollo de las carreras.
Mientras tanto, el MEC organiza el seminario Nuevos rumbos, que la pandemia obligó a postergar de abril a junio, dirigido a quienes diseñarán o rediseñarán las carreras y en el que participarán durante 10 semanas (de jueves a sábado) referentes locales, de América y Europa.
En el segundo semestre del año, el MEC presentará el conjunto de condiciones a cumplirse para acceder al reconocimiento universitario. En 2022 las instituciones podrán presentar sus propuestas, y en marzo de 2023 comenzarán los primeros años de las nuevas carreras de formación en educación.
Según el ministro, es razonable aspirar a que, al final del camino, las instituciones que impartan programas universitarios de formación docente sean reconocidas como instituciones universitarias. “Lo que no es razonable es que esperemos 15 años más a ver si conseguimos superar un bloqueo político para dar finalmente el paso de reconocer el carácter universitario de la formación docente”.
“Nosotros no ponemos el acento en las instituciones. Lo ponemos en los estudiantes y egresados de formación en educación, y en sus alumnos. Eso es lo verdaderamente importante. Todo lo demás es instrumental”, dijo.