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1. Cuando la sociedad civil es obligada a soportar el peso de una burocracia enorme, mal remunerada, carente de motivación e ineficiente, es muy difícil, por no decir imposible, disminuir presupuestos y déficit, o alcanzar altos grados de eficiencia. Y a ello cabe agregar el peso de una seguridad social frecuentemente jaqueada por los excesos, la falta de rigor y la mala gestión.
2. De esa manera, a través de los años y los gobiernos, el Estado, que debería estar al servicio de la sociedad, termina obligando a ciudadanos, contribuyentes, a cargar sobre sus hombros todo el sobrepeso de un Estado, una administración, sobredimensionado, ineficiente, irresponsable y voraz. Deberíamos cambiar, es obvio. Pero ningún partido se hace cargo. Parece no convenir a los intereses clientelísticos. Imposible omitir que en los gobiernos frenteamplistas se hicieron ingresar más de 70.000 nuevos funcionarios, además de la reposición de los cargos vacantes por renuncia, jubilación o fallecimiento.
3. 99 diputados, ¿no son muchos para nuestro país? Algunos, por lo que se ve y oye, muy poco aportan al acervo legislativo nacional o a la solución de los grandes problemas de la nación. ¿No sería más eficiente y responsable ante la ciudadanía tener, por ejemplo, una Cámara de Representantes de tan solo 40 o 50 diputados? ¿Es utópico? Sin duda. Casi imposible de lograr. Pero significaría un gran alivio para el erario y muy probablemente mejoraría la selección de los candidatos.
4. ¿Son necesarios 300.000 funcionarios públicos (y algunos más)? Creo que no. No es descabellado pensar que con 100.000 funcionarios menos aumentaría la eficiencia del Estado. Es imposible desconocer que se ha llegado a esa cifra como resultado del clientelismo político, practicado por todos los partidos que han ejercido el poder, cada uno en su tiempo y con honrosas excepciones en alguna administración pública. Se ha hecho mala costumbre ingresar al Estado a personas del mismo cintillo partidario del partido que está en el gobierno, para pagar favores o sellar lealtades. Un flagelo cuyas consecuencias nefastas están a la vista.
5. Para terminar estas breves y seguramente incompletas reflexiones, quiero dejar planteada la idea de reducir el número de 19 departamentos, cada uno con su intendente y su junta departamental, con 31 ediles, en los que se divide hoy. No siempre fue así.
Recordemos proyectos frustrados de crear regiones que abarcaran más de un departamento, reduciendo radicalmente de esa manera la erogación necesaria para el funcionamiento de los gobiernos departamentales.
Se trata, sin duda, de un debate difícil pero necesario. Ineludible, creo.
