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    sábado 15 de junio de 2024

    La bandera de la libertad

    Nº 2277 - 23 al 29 de Mayo de 2024

    Se trata de un tema repetido en nuestra página editorial. A lo largo de las últimas décadas en Búsqueda nos hemos embanderado con la defensa de la libertad de prensa en Uruguay y en todos los demás países, especialmente de la región. Es más, uno de nuestros anteriores directores, Danilo Arbilla, que llegó a ser presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), siempre decía que “la mejor ley de prensa es la que no existe”, como forma de destacar la importancia de que el periodismo pueda hacer su trabajo con la mayor libertad posible.

    Hoy es necesario que volvamos a abordar este asunto central para nosotros. Ya lo hizo también el propio Arbilla el sábado 18, desde una columna en el diario El País. ¿El motivo? Un preocupante artículo incluido en la “ley de medios”, aprobada la última semana por la Cámara de Senadores.

    La disposición en cuestión, incorporada a último momento a pedido expreso de Cabildo Abierto, obliga a las radios y a los canales de televisión, que son los regulados por la “ley de medios”, a brindar información política “imparcial”, algo que ha generado dudas y discrepancias dentro de diputados de la propia coalición de gobierno y de algunos dirigentes cabildantes.

    “Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, jurídico, académico y electoral”, señala ese polémico artículo 72.

    Parece ser una declaración de buenas intenciones y muy generalista pero no es. El problema es quién establece cuándo los medios involucrados están brindando información “completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” y cuándo no. También con base en qué criterios lo hace y de qué forma puede realmente obligar a los canales de televisión y a las radios a seguir sus lineamientos.

    En los hechos, es el gobierno de turno el que tiene que reglamentar y aplicar las distintas leyes y el Poder Judicial juzgar a los que no las respetan. El Poder Legislativo las aprueba y su puesta en práctica depende de los otros poderes del Estado.

    Y una de las principales funciones de la prensa es justamente ser fiscal del poder, funcionar como una especie de antipoder, en lugar de estar subordinado a él en todos sus movimientos. Cuando los gobernantes toman el control de los medios de comunicación, todos sabemos lo que pasa. Ahora y también a lo largo de la historia.

    Hay ejemplos, además, para todos los gustos. Los hay de derecha, de izquierda, populistas, religiosos y muchos otros. Basta con revisar la lista de países peor calificados en materia de libertad de prensa. Allí están desde Irán hasta Cuba y Venezuela, pasando por Afganistán, Arabia Saudita y Rusia.

    No quiere decir que esa sea la intención del artículo incluido por Cabildo Abierto en la “ley de medios”. Es probable que la idea sea realmente lograr que toda la ciudadanía reciba una información de mayor calidad y lo más imparcial posible. El problema es que este no parece ser el camino.

    Da la impresión, por los últimos comentarios públicos y movimientos políticos, que varios dirigentes de la coalición republicana lo tienen claro. De todas formas, todos los senadores oficialistas votaron ese artículo en la Cámara Alta sin ni siquiera un debate previo.

    La Cámara de Diputados no podrá hacerle cambios al proyecto aprobado por el Senado y, si lo hace, la decisión final la tendrá la Asamblea General del Poder Legislativo. También está la posibilidad de que el presidente Luis Lacalle Pou vete ese polémico artículo, potestad constitucional que ya ha utilizado en otras oportunidades.

    Algunos legisladores oficialistas han sostenido que el aditivo polémico es un “saludo a la bandera” porque luego no se podrá aplicar. Está bien, pero el riesgo es muy alto. Y en último caso, es la bandera de la libertad la que está en juego. Ni más ni menos.