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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEntre las saludables prácticas que la campaña electoral nos depara, se encuentra la frecuente presencia de los candidatos en encuentros conjuntos (“conversatorios” los llaman ahora) en los que nos ilustran acerca de sus proyectos, ideas y esperanzas.
En el reciente conversatorio convocado por el Comité Central Israelita del Uruguay, se les preguntó a los candidatos acerca de si, en su gobierno, trasladarían la Embajada de Uruguay a Jerusalem, capital de Israel.
Las respuestas fueron variadas, y, con la honrosa excepción del senador Pablo Mieres, bastante elípticas y poco convincentes.
Escudados en unas antiguas y superadas resoluciones de las Naciones Unidas, donde ya sabemos cómo se arman las mayorías para las condenas selectivas, los candidatos le hacen fintas a un hecho incontrovertible, fundado en la historia y en el derecho.
Desde 1980, cuando se aprobó la llamada Ley Jerusalem en el Parlamento israelí, este país libre y soberano decidió que (como lo sustentan las raíces históricas de la ciudad fundada hace más de 3.000 años por el rey David) su capital “única, eterna e indivisible” es la ciudad de Jerusalem.
Nadie discute su calidad de “capital de la tres religiones monoteístas”, todas las cuales se pueden practicar en los respectivos lugares santos, sin que nadie lo limite, lo prohíba o lo impida. Israel es un país en el que se respetan las libertades (de credo, de pensamiento, de expresión, de prensa). Prueba de ello son los miles de fieles judíos, musulmanes o cristianos que circulan entre el Muro de los Lamentos, la Mezquita de Al-Aqsa o el Santo Sepulcro.
Israel lo decidió soberanamente y ningún otro país del mundo tiene por qué dudarlo o ignorarlo. Igual que Francia decidió que su capital es París, Italia lo hizo con Roma y nosotros con Montevideo.
Menos gre-gre para decir Gregorio, señores candidatos. Si la capital de Israel es Jerusalem, allí debería funcionar nuestra embajada, y la de todos los demás países del mundo que respetan la libertad y el derecho nacional e internacional.
Ramiro Rodríguez-Villamil