La Universidad de la República (Udelar) recibió más de un centenar de denuncias por acoso laboral y sexual y por otros actos de violencia o discriminación dentro de los centros educativos en los últimos cinco años. Durante la última sesión de su Consejo Directivo Central (CDC), el martes 12, la representante de la Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación, Anahir Viera, expuso con “angustia y frustración” la “grave situación” por “la débil respuesta y demora de la Udelar” para gestionar las denuncias recibidas y la “incapacidad” de trabajar por “la promoción de ambientes libres de acoso, violencia y discriminación”.
La enorme mayoría de las denuncias reportadas en el ámbito universitario refieren a situaciones de acoso laboral, según un informe que se presentó ante el CDC. El documento destaca la falta de presupuesto, de equipos técnicos y hasta de lugar físico para trabajar el “elevado y creciente volumen de denuncias”. A fines de 2018 se habían registrado 116 denuncias, y los servicios donde hubo más casos son el Hospital de Clínicas y la Facultad de Agronomía, según informó El País a principios de marzo.
Hoy la comisión estima que las denuncias ya “deben superar las 150”, según dijo Viera a Búsqueda.
La representante afirmó que el equipo técnico de la “comisión de acoso” no ha logrado cubrir las vacantes generadas desde noviembre de 2017, que carece de recursos para investigar, y que recientemente renunció una becaria que daba apoyo en la organización de los expedientes y sistematización de la información sobre las denuncias.
“Ni siquiera contamos con un espacio físico para trabajar y garantizar los casos que requieren reserva. Y así es imposible seguir las denuncias: no hay cómo procesarlas, investigar y llegar a determinar qué ocurrió de forma precisa, rápida y eficaz. Lo máximo que conseguimos es el traslado de los involucrados”, dijo Viera.
La también dirigente de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad (Affur) explicó que “muchas personas” son trasladadas de su puesto de trabajo original en la universidad. Pero esa medida provisoria “se eterniza”, o a veces no hay disponibilidad de traslado. Informó que desde 2017 a la fecha no existe un “caso cerrado”, excepto en los que los denunciantes terminan renunciando al trabajo.
“Yo soy dirigente gremial y no voy a pedir sanciones para nadie. Pero si hay una situación comprobada de acoso, tiene que haber una sanción rápida para quien causó un daño físico o psíquico”, apuntó Viera.
Durante el CDC, la decana de Derecho, Cristina Mangarelli, señaló que existe una ley de acoso sexual que refiere a las relaciones laborales y de docencia, que establece obligaciones a los jerarcas y plazos máximos para la investigación a nivel administrativo.
Por su parte, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, afirmó que ante una denuncia de acoso “hay que actuar en el momento”, y eso implica tener instrumentos flexibles “descentralizados en algún sentido” para monitorear, evaluar e intervenir en tiempo y forma.
“No es en su variable punitiva, que también existe, de castigar a quien puede cometer o generar una situación de acoso, sino en su variable preventiva, de atender a quien está siendo acosado, donde deberíamos tener mayor cuidado en el diseño de los instrumentos”, afirmó.
“Ola de expedientes”
Al 10 de diciembre de 2018 la Udelar registraba 116 denuncias de acoso, pero al comenzar el año llegaron nuevos sobres, por lo que estima que hoy superan las 150, dijo Viera. El año en que se presentaron más casos (31) fue en 2017, y 2018 cerró con 19. Del total, hay 23 “cerrados” (todos previos a 2017), 40 “sin actuaciones” y otros 53 “en trámite”.
El Hospital de Clínicas registra la mayor cantidad de denuncias (34) por tratarse de un servicio “hipergrande”, con “muchísima gente”, explicó Viera, y añadió que algo similar ocurre en Agronomía (12). La lista continúa por Veterinaria (7), Arquitectura y Enfermería (6), y Centro Universitario Regional Este, Ciencias Sociales, Derecho y Odontología (4).
Un protocolo aprobado en 2013 establece que las denuncias por acoso, sea sexual o laboral, o por otros actos de violencia o discriminación dentro de la universidad —ya sea por razones de género, edad, diversidad sexual, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, orientación política o sindical—, pueden presentarse ante la propia comisión de acoso, a las autoridades de los servicios, Bienestar Universitario, los gremios o las unidades de apoyo a la enseñanza.
“Pero hoy resulta hasta contraproducente informar y promover el protocolo, porque no hay manera de dar respuesta al goteo constante de denuncias: no damos abasto, y corremos el riesgo de que nos tape la ola de expedientes”, dijo Viera a Búsqueda.
Según el informe, “en la mayoría de los casos”, los jerarcas y mandos medios de los servicios universitarios “no responden ante la gran cantidad de denuncias que implican mal relacionamiento o falta de respeto entre compañeros”.
“Ante una discusión fuerte, por ejemplo, en la que hubo gritos e insultos, en vez de llamarlos al orden, dejan que las papas quemen y esperan a que la persona afectada haga la denuncia para entonces recién formar un expediente”, dijo Viera.
Viera señaló además que hay servicios que cuentan con sus propios protocolos y comisiones de acoso, y eso “duplica” gastos y esfuerzos.
La comisión aspira a contar con una partida de $ 2,5 millones que recibía el desmantelado Programa de Salud Mental, en la órbita del Servicio Central de Bienestar Universitario. “Queremos que esa plata, que iba para salud mental, pase a la comisión de acoso, porque ¿qué mejor salud mental les podemos brindar a los funcionarios ante esta problemática?”.
El CDC postergó el análisis del tema para el martes 26 con fin de discutir el informe y eventualmente “rediseñar el modelo institucional” para “una mejor convivencia y clima laboral” en el ámbito universitario.
2.7.0.0
