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Para los partidos que conforman la coalición de gobierno la balanza de las relaciones laborales en los últimos 15 años estuvo inclinada en favor de los trabajadores. Fue un discurso repetido una y otra vez en la campaña electoral, acompañado de la promesa de restablecer el equilibrio. Con ese telón de fondo, y tras 15 años de administraciones frenteamplistas, la relación entre las nuevas autoridades y los sindicatos era una de las incertidumbres que traía el cambio de gobierno.
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El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, tras un arranque atípico marcado por el coronavirus, resume el estado del vínculo en un frase: “Hay mucho diálogo y respeto mutuo, pero las patadas vienen por abajo”. Para explicarse, aterrizó la metáfora a algunos casos concretos, generales y particulares. El aumento de tarifas fue una patada, la disminución de 4% a 2% en el descuento de IVA en las compras con medios electrónicos fue otra, también el recorte del viático en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) de $ 223 a $ 90 de los cursos que realiza para trabajadores en seguro de paro, y varios otros están contenidos en la Ley de Urgente Consideración aprobada semanas atrás.
Con la intensificación de la discusión por el futuro proyecto de ley de Presupuesto, las patadas parecen multiplicarse. En los últimos días declaraciones del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, sobre algunos aspectos del gasto en Primaria generaron una respuesta crítica del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. También el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, polemizó con el ministro Daniel Salinas por considerar insuficiente la extensión de tres meses de la cobertura de salud de los trabajadores despedidos y anunció un paro con movilización. Ambos protagonizaron un tenso diálogo que publicó El País.
La Federación de Funcionarios de la Salud Pública, por su parte, hizo un paro el jueves 13 en reclamo de mayor presupuesto para un sector que estiman que podría tener que recibir a 200.000 nuevos usuarios como consecuencia del aumento del desempleo. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y le advirtió sobre las consecuencias que puede ocasionar el recorte presupuestal, incluso en servicios esenciales. Y la lista podría seguir.
Jorge Bermúdez y Fernando Pereira. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Las patadas descritas por Abdala ya comienzan a reflejarse en los números de la conflictividad, que durante el primer semestre del año 2020 —condicionado por la asunción del nuevo gobierno y la pandemia del coronavirus— había registrado uno de sus niveles más bajos de los últimos 25 años. Según el índice que elabora periódicamente la Universidad Católica, solo en el mismo período del año 2005 los conflictos sindicales fueron todavía menores.
La quietud inicial quedó definitivamente atrás en el mes de julio. La nueva medición publicada recientemente por la universidad observó un incremento de 40% respecto al mes de junio y de 175% al compararlo julio de 2019. En total, se registraron 12 conflictos con interrupción de actividades laborales, que involucraron a 92.937 trabajadores y por los cuales se perdieron 80.778 jornadas.
Si bien la comparación con junio de 2020 y con julio de 2019 muestra un aumento importante, el nivel de conflictividad constatado es similar al que suele verse en los años de cambio de gobierno, en los que comienza a discutirse el nuevo Presupuesto. Aun así, los paros de julio de 2020 superan a los del mismo mes de 2015, 2010, 2005 y 2000.
El grueso de los conflictos relevados se dieron en el sector privado: fueron el 78% del total. Dentro de ese universo, la construcción y el transporte fueron los más activos, con el 41% y el 27% de los paros, respectivamente.
Los motivos por los que los sindicatos tomaron esas medidas también muestran un claro predominio: el 78% fueron por salario, el 16% por empleo, el 1% por condiciones de trabajo y 5% por otros motivos. En el horizonte, la Universidad Católica prevé un incremento de los conflictos por empleo y también varias discusiones en curso que podrían derivar en mayor conflictividad.
