Supresión de vacantes en el Estado provoca críticas; el gobierno dice que emplea a “los necesarios”

También surgieron cuestionamientos a la supresión de vacantes desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que en un comunicado le atribuyó a la medida el efecto de un “achique permanente del Estado, reduciendo los rubros salariales y de funcionamiento, y profundizando la discrecionalidad en la creación de nuevas estructuras y cargos de particular confianza”.

“Cuesta entender que la supresión de cargos proyectada surja de un estudio técnico que analice la estructura de cargos de cada ministerio y su correspondencia con las funciones desempeñadas en cada unidad organizativa”, señala el exjerarca, que es especialista en temas presupuestales.

Agrega que “existe además el convencimiento de que es posible que sea necesaria la contratación de nuevos funcionarios en algunos casos y de que en otras estructuras hay exceso de cargos que deben ser suprimidos. Pero siempre es necesario analizar además los perfiles de cargos que se requieren, independientemente del número, y la generación de una estructura que garantice la existencia de una carrera administrativa”.

Por otro lado, en el proyecto de Rendición de Cuentas se crean 300 cargos de agente de 1ª, grado 1, en el Ministerio del Interior, financiados con supresión de cargos de otros incisos y transferencias de créditos presupuestales de rubro salarial.

El debate político

La diputada Fernanda Auersperg, del Partido Nacional, señaló que la iniciativa “tiene un fuerte componente de redistribución de recursos para financiar las prioridades que el gobierno definió con mayor énfasis —seguridad, infancia, educación y personas en situación de calle—, pero todas estas redefiniciones tienen un alto impacto en la supresión y transformación de cargos”. Según sus cálculos, el Poder Ejecutivo propone suprimir 1.212 vacantes y crear 529, es decir, una “eliminación neta de 683 puestos de trabajo en el Estado”, con lo cual se abatirían créditos presupuestales por $ 27,8 millones anuales en 2027, 2028 y 2029.

“Lo que nos preocupa especialmente es que las supresiones dispuestas no son solo de cargos de ascenso, sino que también hay eliminación de cargos con ciertas especialidades que realmente no entendemos por qué se dan”, planteó la legisladora blanca. Como ejemplo, mencionó que se suprimen 17 vacantes de licenciado en trabajo social en el Ministerio del Interior. “¡Si será necesaria esa especialidad en el trabajo que realiza dicho ministerio! Y también de cara a lo que plantea esta nueva Rendición en cuanto al Instituto Nacional de Reinserción. Este tipo de profesionales son los que trabajan en las políticas públicas relacionadas a mayor vulnerabilidad, exclusión, desigualdad. Es en ese entendido que nos genera cierta incongruencia que no terminamos de entender”, agregó.

Auersperg planteó como una contradicción que en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se suprimirían 102 cargos —técnicos profesionales, especializados y a servicios generales—, cuando se trata de una cartera con “una fuerte impronta en el marco de estas prioridades” definidas por el gobierno de Yamandú Orsi.

Su correligionario Pablo Abdala habló de una eliminación de cargos “casi generalizada” y “bastante indiscriminada” por incisos o ministerios: “Yo, prácticamente, he identificado, por lo menos, nueve o diez ministerios, además de la Presidencia de la República, en la que hay reasignaciones y supresiones”.

Puso el caso del Instituto Clemente Estable. “Allí hay una veintena de cargos de investigadores y de cargos técnicos que el instituto (…) reputa de enorme importancia e interés; sin embargo, se suprimen, aparentemente sin consulta. Por eso nos resulta de gran relevancia el testimonio de la Oficina Nacional del Servicio Civil, para saber qué participación le cupo, si es que tuvo alguna, y para poder indagar, al mismo tiempo, de qué forma se procesaron estas decisiones tan relevantes y tan trascendentes”.

El director de la ONSC, Sergio Pérez, ratificó como respuesta que en esta Rendición de Cuentas las vacantes “se suprimen para reasignar créditos a otros objetos dentro del Presupuesto, vinculados a prioridades ya conocidas, como la primera infancia, la seguridad y las personas en situación de calle”.

Según contó, el Mides tenía 487 vacantes y “ofreció 102 al Ministerio de Economía (MEF) para que las tuviese en cuenta” al proponer supresiones de cargos en el proyecto de Rendición de Cuentas.

El jerarca negó que hubiera una “contradicción” con el MEF, y aseguró que esa cartera usó como “insumo la planificación” que año a año va elaborando la ONSC con los distintos incisos “para que después la aterricen en la necesidad del servicio”.

Una situación “alarmante”

Durante la sesión de la comisión, el intercambio también giró en torno al tamaño de la plantilla pública.

El colorado Gabriel Gurméndez sostuvo que los 4.473 vínculos laborales adicionales del 2025 son “el mayor crecimiento en la plantilla del Estado desde hace casi 12 años (…). Es decir que ha habido una gigantesca incorporación de personas con vínculos laborales al sector público: enorme”.

Para reforzar esa sentencia, planteó una comparación: de cada tres nuevos empleos creados en el país, uno fue en el Estado. “O sea que realmente estamos en una situación que yo diría que es alarmante, porque además debemos recordar que el partido de gobierno, durante su gestión anterior de 15 años, entre el 2005 y el 2019, hizo crecer la plantilla del Estado en 71.153 vínculos laborales”.

Gurméndez recordó que el año pasado le preguntó al director de la ONSC “cuál iba a ser la política del nuevo gobierno del Frente Amplio en materia, justamente, del crecimiento de los funcionarios públicos” y le contestó que “se iban a tener todos los funcionarios públicos que fueran necesarios”. “Hoy, un año después, estamos viendo hacia dónde va este camino”, agregó Gurméndez.

A continuación, el diputado colorado quiso saber si el gobierno tiene previsto un cambio de rumbo en esa materia e interrogó a Pérez si se va a “incorporar algún mecanismo de contención para evitar estos desbordes que se están dando con el número de vínculos”. Ponerle freno “puede ser muy relevante para el crecimiento de la economía y que, además, marca una evidente contradicción con la política del gobierno”, planteó Gurméndez. “El Poder Ejecutivo está promoviendo la sanción de leyes, precisamente, que procuren mejorar la competitividad del país, la eficiencia, la eliminación de trámites y regulaciones, pero al mismo tiempo estamos abultando el gasto público con la incorporación” de personal al Estado, agregó.

“Paradoja”

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, quien en el gobierno anterior dirigió el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, introdujo un matiz a la discusión.

“Aun a riesgo de que el diputado Gurméndez me retire el saludo, yo sufrí el efecto inverso, es decir, la falta de funcionarios y la imposibilidad práctica de cubrir vacantes imprescindibles para prestar el servicio. Esto es un problema que deriva de una medida que, en su momento, fue necesaria y oportuna, pero en algunas áreas falta personal y el que hay, además, tiene una edad promedio bastante avanzada. Es decir, se percibe una paradoja: un envejecimiento y una escasez en algunas áreas, por lo menos de la administración central”, señaló.

El director de la ONSC le respondió a Gurméndez que su visión es que los funcionarios públicos “son esenciales y fundamentales para el cumplimiento de todos los servicios del Estado, y se solicitan los que son necesarios”; es decir, se mantiene “esa misma premisa”. Y agregó: “Con relación a los vínculos laborales y su crecimiento, corresponde decir que este se dio en las áreas de educación, cultura, deporte, seguridad y salud pública”.

Alegó que las cifras “han venido creciendo históricamente y ello responde a las distintas necesidades que plantea la gestión para poder cumplir con sus cometidos y sus promesas de gobierno, etcétera”.

Analía Corti, gerenta del Observatorio de Datos de la ONSC, intervino para acotar una comparación: la cantidad de personas que trabajan para el Estado (275.589, algunas de ellas ocupan más de un vínculo) en relación con el total de ocupados en el país representó el 16,9% en 2019, 17,4% en 2020 y un 15,7% en 2025.