La corrupción política

El artículo es lineal y claro; se resume en lo siguiente: el estruendo político y la conmoción producidos por la Comisión Investigadora de Ancap obligan al Uruguay a plantearse y rediscutir la naturaleza y los objetivos de las empresas públicas. Acto seguido, Garcé explica, de forma didáctica, que existen dos modos posibles de encarar la función de esas empresas: una con una visión técnica y empresarial y otra con una visión política. Lo correcto, concluye, es evitar tanto un extremo como el otro, buscando un equilibrio. Y eso es todo el artículo.

Nada tiene que ver con una discusión empresarial o técnica para el correcto manejo de Pluna que el gobierno se haya considerado habilitado para inventar un remate de aviones trucho, importando en régimen de admisión temporaria un oferente trucho, respaldado por un aval bancario trucho. Nada tiene que ver con una discusión sobe las empresas públicas que Ancap haya pagado publicidad en una radio que no estaba en el aire, o que haya confiado toda la publicidad a una sola agencia o que se pagasen 360.000 dólares por una fiesta de inauguración (¡ni aunque hubieran traído a los Rolling!).

Garcé tiene derecho a elegir a su antojo los temas que escribe pero los politólogos que aparecen en los medios no publican allí tratados teóricos sino comentarios sobre la actualidad política con la finalidad de ilustrar a la gente y ayudarla a comprender lo que pasa. Escribir que lo que está pasando ahora en nuestro país obedece a una confusión teórica sobre la naturaleza de las empresas públicas y que eso se arregla con un mayor equilibrio es desviar la atención y tapar lo que realmente pasa, que es el franco desvanecimiento de los límites éticos cuando del proyecto político se trata.

La mayoría de los intelectuales y politólogos uruguayos en circulación —sobre todo los que aparecen en los medios, participan de tertulias o tienen programas de radio— son (han elegido ser) lo que Gramsci denominó intelectuales orgánicos. Según Marx, la sociedad ideal o la meta hacia la cual hay que tender, es una sociedad inspirada por y al servicio de la clase trabajadora. La única justificación para aceptar a los no obreros (los intelectuales) es que sean funcionales a esa clase y al proyecto de ese tipo de sociedad. Eso quiere decir que, en cuanto intelectuales, tienen como función defender y difundir ese proyecto político: su lealtad no será hacia la búsqueda profesional del conocimiento o hacia la crítica sino hacia el proyecto político. En muchos casos —y son tan visibles que huelga nombrarlos— por debajo del gabán académico se les ve la camiseta partidaria. Garcé —en mi opinión— está entre las pocas excepciones, pero algo en su interior lo ha empujado a que escriba un texto que conduce a sus lectores a no ver el enorme problema de hoy, presentándoles otro asunto que parece pertinente pero tapa lo importante.

En nuestro país está pasando lo mismo que en la región (no somos tan únicos ni originales). El proyecto político llamado progresista, o sinónimos (el de Lula, de Cristina, de Pepe y otros) es discutible (a mi gusto es esquemático y facilón cuando hay bonanza), pero es indiscutible que ha necesitado muchísimo dinero: primero para ganar elecciones, luego para instalarse como hegemónico en las sociedades, para mantener funcionando sus estructuras y a sus operadores y, en muchos casos, para comprar fidelidades. Esa necesidad económico-financiera del proyecto político ha justificado el abierto o encubierto trasiego de cuantiosos fondos (desde las empresas del Estado, la obra pública sobrefacturada, los casinos del Estado, contribuciones privadas de quienes aspiran a negocios con el gobierno, entre otras fuentes). No se habrán enriquecido personalmente los líderes políticos (aunque, a veces, también) pero han llevado a paladas el dinero hacia su proyecto político. Todos los sobrecostos inexplicables tienen esa explicación pero cualquier denuncia de la oposición es tomada como una agresión políticamente interesada en neutralizar el proyecto y todos los fieles cierran filas contra ello, sin permitir (ni permitirse) investigación ni pesquisa alguna. Los propios integrantes del Frente Amplio en el gobierno, muchos de los cuales en el fuero interno se desasosiegan con los escándalos que salen a la luz, se van envileciendo aun personalmente cuando impiden investigar y cuando atribuyen las críticas a mala fe de los opositores políticos y/o a campañas de enchastre de parte de la prensa.

El debate o el análisis urgente que hoy debe plantearse Uruguay no es sobre las empresas públicas sino sobre la corrupción política. ¿Cómo puede haber dudas? Cuando un presidente como Mujica proclama que lo político está por encima de lo jurídico también está diciendo que lo político (su proyecto político) está por encima de la ética (y, por supuesto, de la economía, la buena administración, el respeto por la sintaxis, la estética y todo lo demás). Cuando Mujica —que es la voz más fuerte dentro del Frente Amplio— defiende abiertamente que particulares allegados a sus filas embolsen comisiones por los negocios de Uruguay con Venezuela está diciendo que los fagineros del proyecto político han adquirido por su condición obvio derecho a quedarse con una parte del precio del negocio porque ese, y todos los negocios del Estado, están al servicio del proyecto. La fidelidad está referida al proyecto por encima de todo. Ese es el pensamiento básico, sustentador del proyecto político del Frente Amplio (como de Lula y de Cristina).

Los intelectuales uruguayos y los analistas políticos deberían haber reflexionado y analizado las consecuencias éticas (y democráticas) que naturalmente se iban a desprender de la puesta en obra de un proyecto político concebido y encarado con esa impenetrable densidad y que admite como legitimadas las prácticas y manejos financieros arriba mencionados. Los integrantes del Frente Amplio, sus votantes y sus dirigentes, deberían haber meditado a qué extremos de sumisión personal y de cabriolas justificatorias los iba a llevar y los ha llevado ese tipo de lealtad al proyecto político. Y los demás partidos políticos uruguayos deberían —y deben— dejar de lado los detalles, atender al fondo del asunto, y hablar franca y abiertamente de la corrupción sistémica que tal proyecto político filtra hacia la nación, corrompiendo su política y arruinando su economía. De las empresas públicas podemos discutir después.

Juan Martín Posadas