La crisis en Venezuela (I)

1. Introducción. El concepto de cuño artiguista del título nos puede ayudar a comprender la verdadera posición adoptada conjuntamente por los gobiernos de México y Uruguay sobre la crisis institucional venezolana y el profundo significado antidemocrático e insolidario de la verdad sustancial que encubre esta posición. También nos ayuda a ese fin considerar algunas características de la crisis venezolana, como —entre otras— son: a) es política-institucional (la segunda generada por la anterior cuando en 2017 Maduro fue investido presidente después de elecciones fraudulentas y luego procedió a desconocer y hostigar a los miembros de la Asamblea Nacional entre otras alteraciones de poderes transformándose en gobernante de facto por usurpación); porque a consecuencia de la proclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Sr. Juan Guaidó, como presidente interino del Ejecutivo de dicho Estado, apoyado por la Asamblea Nacional electa democráticamente, el pueblo venezolano masiva y pacíficamente reunido en el acto de proclamación y el art. 233 de la Constitución (que prevée el interinato presidencial en casos de vacancia del cargo) han quedado políticamente configuradas dos cabezas del Ejecutivo: la del presidente de facto Nicolás Maduro y la legítima del proclamado nuevo presidente Juan Guaidó encargado de organizar y convocar a elecciones libres; b) es de clara tendencia legitimante del futuro gobierno democrático de Venezuela y —por ende— se encamina a la plena restauración democrática, tanto del provisional del proclamado presidente encargado como del que habrá de resultar de las elecciones libres que él deberá convocar a la mayor brevedad posible; c) es muy desigualitaria en cuanto a los centros de poder en disputa; porque mientras que el presidente de facto tiene a su disposición las riendas del poder del gobierno, el respaldo de la cúpula militar de las FF.AA. y los menguados recursos económicos del país, con el consiguiente control de territorio y población, el proclamado nuevo presidente encargado no tiene —por ahora— más que la legitimidad que le confiere la Constitución, la Asamblea Nacional de origen democrático, el reconocimiento de la mayoría de los Estados democráticos americanos y europeos y el respaldo multitudinario del pueblo desarmado (afortunadamente porque de lo contrario se habría desatado una guerra civil de terribles costos en vidas humanas y otras consecuencias igualmente penosas para los venezolanos); d) es una crisis que se ha globalizado, porque ha concitado posiciones encontradas de los gobiernos de muchos y muy diferentes Estados y zonas de integración más avanzadas del mundo (UE), entre los que cuentan los principales Estados democráticos que han reconocido al nuevo presidente Guaidó como legítimo encargado del Ejecutivo y los menos que han apoyado, debido a sus subalternos intereses estratégicos y económicos, al tirano Maduro; f) es una crisis que ha unido tal vez por primera vez a la mayoría de los estados de las Américas; porque con las lamentables excepciones de México, Uruguay, Nicaragua, Cuba y Bolivia, cuya verdadera posición es lo que nos interesa intentar explicar aquí en relación con la de Uruguay, todos los demás Estados americanos democráticos han reconocido como legítimo presidente encargado de Venezuela a Guaidó, por lo que no puede dudarse más de su legitimidad constitucional y, desde luego, de la mera “facticidad” del régimen de Maduro; y g) la crisis actual ha estado precedida de varios intentos de mediación fracasados entre la oposición al régimen de facto de Venezuela y este último (del expresidente de España Rodríguez Zapatero, del de Costa Rica, etc), razón por la cual debería considerarse que esta instancia de diálogo se encontraba ya agotada al momento de proclamarse presidente interino el Sr. Guaidó. 2. La posición conjunta de Uruguay y México encubre una neutralidad manifiestamente inverosímil que constituye un apoyo apenas disimulado al feroz gobierno de facto de Venezuela. Los comunicados de prensa informaron que Uruguay tomó posición sobre la crisis venezolana “en un comunicado conjunto con el gobierno de México”, en el que “urgen a todos los actores a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama de Venezuela”, para lo cual proponen” un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto del Estado de derecho y los derechos humanos”. ( dest. nuest., Búsqueda No 2.005, pág. 1 “El gobierno se ofrece como ‘canal de diálogo’ y la oposición reclama desconocer a Maduro”). El comunicado conjunto ignora premeditadamente varias realidades históricas y actuales incontrastables: a) que las varias instancias de negociación ya recorridas fracasaron ante la intransigencia del gobierno de facto de Maduro, quien supo aprovecharlas muy bien solo para ganar tiempo y “salir del paso”; b) que la larga crisis humanitaria que sufre el pueblo venezolano, pautada por una emigración masiva hacia otros países de la región; la carencia de productos básicos en materia de alimentación y mantenimiento de la salud pública, más una espectacular inflación y el aumento de los asesinatos y encarcelamientos de venezolanos por los “colectivos armados”y otras graves violaciones de derechos humanos es, justificadamente, una “causa del pueblo venezolano que no admite la menor demora”; c) que ha emergido democráticamente el principio de un nuevo gobierno para Venezuela, en cabeza de quien también se perfila como un relevante líder político democrático como parece ser el Sr. Guaidó; y d) la innegable importancia de la presión internacional de los gobiernos democráticos, que puede dejar al despótico régimen de Maduro internacionalmente aislado y fuertemente condicionado a no tener más remedio que aceptar cambios que impliquen, mediante un gobierno de transición, la restauración de la democracia en Venezuela. Entonces ¿ cual es el verdadero significado de la posición conjunta de nuestro gobierno y el de México? Siendo imposible e inconveniente plantear sensatamente una nueva negociación en las circunstancias actuales, estos gobiernos han planteado —en realidad— una posición de inverosímil neutralidad. ¿Por qué? Porque cuando la cuestión es como en Venezuela entre la libertad y el despotismo avasallador de los derechos humanos no existe una tercera posición. Ningún gobierno que sea sustancial y auténticamente demócrata puede proponer otra negociación de antemano fracasada (más dilatorias que han de favorecer al déspota) y si lo hace, es porque en realidad se declara neutral en la antinomia “libertad-despotismo”, lo cual por ser claramente ilógico, antijurídico, antiético e insolidario, constituye un apoyo implícito y apenas encubierto, pero claro, al gobierno de facto del tirano Maduro. La cuestión entre “la libertad y el despotismo” que vive el pueblo venezolano excluye la neutralidad de los Estados verdaderamente democráticos. Esta es —a nuestro juicio— la verdad material de la retórica, ineficaz y vergonzosa posición de nuestro gobierno ante la crisis de Venezuela. ¡Nos avergonzamos al igual que la mayoría de los demócratas uruguayos!