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La constitucionalidad de la solicitud de la Comisión pro Referéndum contra la LUC para extender el plazo de recolección de firmas provoca que la atención de nuestros parlamentarios se enfoque en ese tema y uno no puede dejar de estar de acuerdo con ello. Porque la Constitución no es un chicle para que sus normas sean aplicadas de acuerdo a las conveniencias de cada uno, como en este caso a los de la central sindical y sus satélites, incluido en ellos el Frente Amplio. Pero no menos cierto es que la misma atención no le ha sido dedicada al proyecto de ley que corrige el apartamiento a nuestra ley fundamental, como lo es el proyecto presentado por Cabildo Abierto para derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad, aprobada por el Parlamento y ratificada dos veces por plebiscito popular. Aunque no justifica la dualidad de criterio para una misma situación —la violación de nuestra Constitución— vaya a modo de disculpa que todo el sistema político ha evitado el tratamiento de aquella iniciativa, incluidos los que en su momento votaron en contra de la ley interpretativa con argumentos contundentes que respaldaban su negativa. Quiero creer que estos últimos no lo hicieron en aras de lograr votos para las siguientes elecciones.
El pasado 8 de abril falleció privado de su libertad el Dr. médico Nelson Fornos, detenido desde el 15 de diciembre del año 2020; ya desde su ingreso se constató que su estado de salud física y mental era muy delicado, lo que se fue acrecentando en cada instante, culminando en este lamentable episodio previsible desde aquel momento; a lo anterior se agrega que el mes entrante iba a cumplir 82 años, no se exagera si decimos que prácticamente fue condenado a muerte. El cuadro de salud descrito era fácilmente verificable en su historial médico y descartaba de plano la posibilidad de un intento de fuga; el magistrado y el fiscal actuante, si hubiesen tenido algún rasgo de humanidad, lo deberían haber enviado como máxima pena en prisión domiciliaria para que tuviera un final humano; qué paradoja lo inhumano de quienes dicen juzgar a los que cometen delitos contra los derechos humanos. Ya son 12 los fallecidos privados de su libertad en procesos de dudosa ecuanimidad; basta recordar declaraciones de la Dra. Azucena Berruti en el año 2010, quien al ser interrogada de la razón que la llevaba a no apoyar la derogación de la ley de caducidad decía: “No voy a votar porque no existe la anulación de las leyes, no es aceptable en el derecho. (…) Pero además el problema de enjuiciar está en la prueba. ¿Qué les importa llevar a los militares a declarar si no tienen pruebas?”. Y ante la insistencia de la periodista: “¿Los testimonios de quienes vivieron las situaciones y pueden identificar a estas personas acusadas no tienen valor?” Contesta: “Es muy relativo que puedan identificar. Demostrar que esas personas estaban ahí hace 30 años, que estaban torturando. A mí me importan las garantías para todos, y eso incluye a los militares (…). Tener a todos esos viejos enfermos presos, cocinándolos en el odio. No me gusta”.
Los uruguayos que votamos en dos oportunidades que queríamos un país orientado al futuro con anclaje histórico verdadero en lugar de una fábula deformada, donde los victimarios son resarcidos por el daño hecho al prójimo y los damnificados que no son otros que toda la sociedad uruguaya siguen pagando y pagando bonificaciones a quienes se adjudican el papel estelar de la película como únicos perjudicados.
Los que vivimos y sufrimos las décadas de los 60 y 70 sabemos a dónde conduce el camino del desconocimiento de la Constitución; en nuestro Parlamento y Ejecutivo—principalmente—, con el decidido apoyo de la mayoría de la ciudadanía, está el restablecer el orden constitucional quebrantado por la Ley 18.831, interpretativa de la ley de caducidad. La pasividad es lo mismo que defender la injusticia, en este caso la violación de la Constitución.
