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La defensa de los militares uruguayos acusados en Chile por el secuestro y la muerte del bioquímico Eugenio Berríos denunció, la semana pasada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se han “vulnerado una serie de garantías” en el proceso judicial.
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Los uruguayos Eduardo Radaelli, Tomás Casella y Wellington Sarli se encuentran condenados en primera instancia por la Justicia de Chile y a la espera del fallo del Tribunal de Apelaciones sobre el caso. Los tres militares están en régimen de libertad ambulatoria dentro del territorio chileno pero no pueden salir del país.
El abogado de los oficiales uruguayos, Carlos Castro, dijo a Búsqueda que la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene por objetivo que se condene a los Estados de Chile y de Uruguay por vulnerar las garantías de los militares. También se solicitó a la comisión una serie de medidas cautelares que les permitan acceder a documentación y trabajar en Chile.
Según el abogado, los militares fueron sometidos a proceso penal al amparo de un código que luego fue derogado, de lo que se derivan una serie de irregularidades.
Entre ellas mencionó que el proceso no tiene plazo, lo que a su juicio resulta violatorio del principio de que todas las personas tienen derecho a que se dilucide su situación judicial dentro de un “plazo razonable”.
“Los hechos sucedieron en el año 1991 y estamos en el 2012. Creo que ha pasado mucho más que un plazo razonable”, argumentó el letrado.
Además, para el abogado también resulta “grave” el hecho de que no se les permita regresar a Uruguay y esperar el resultado del juicio en su país de origen.
“No ha habido ninguna responsabilidad por parte del Estado de Chile que pidió su extradición. No se preocupan por dónde viven, no tienen acceso a la salud pública, ni a previsión”, expresó el abogado.
“Tampoco tienen derecho a una documentación que les permita ejercer cualquier labor. Y el costo de vida en Chile es muy alto”, agregó.
A juicio del abogado chileno el Estado uruguayo “también ha abandonado” a los militares porque “se ha informado de su situación a la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio de Defensa sin que exista una real preocupación con respecto a su situación”.
“Creo, como abogado, que ellos están sufriendo una pena casi única en el mundo que es el destierro. Entiendo que efectivamente ellos están desterrados en Chile”, concluyó el letrado.