En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Contratación directa de abogados por entes públicos y libre concurrencia. Leo en “El Observador” que para defender de una denuncia penal a tres de sus gerentes, el Directorio de ANCAP contrató al estudio jurídico del Dr. Otatti por U$S 20.000. Se dijo que no encargó de esa defensa a los abogados presupuestados del ente por una cuestión de “transparencia”.Cuando en el caso Pluna se quiso trampear la Constitución con una ley tan fallada de fábrica que fue declarada inconstitucional, se encargó de esta tarea a un “especialista” que cobró, se nos dice, U$S 450.000.Cuando en el caso Pluna fue indagado y procesado el Sr. Calloia, el Banco de la República se hizo cargo de su defensa, que recayó en el Dr. Gonzalo Fernández.
Cuando en el caso de los “guardahilos” de UTE se había perdido el proceso en dos instancias, se contrató al estudio del Dr. Juan Andrés Ramírez para un solo escrito, un recurso de casación entendemos por suma millonaria en dólares.
Primera observación: trabajar en un ente público no comprende un seguro de salud jurídica, es decir, defensa gratis para el funcionario en materia penal, pagada por el Estado a cargo de abogados particulares.
La defensa de los tres gerentes de ANCAP no debió hacerse ni por el estudio del Dr. Ottati ni por ninguno de los abogados presupuestados del ente. La defensa del Sr. Calloia no debió ser costeada por el Banco República. En todos los casos, debieron pagarla los interesados de su bolsillo.
Segunda observación: en cuanto a las contrataciones de estudios jurídicos en los casos de UTE y Pluna, la contratación directa no se percibe como necesaria (en el caso de Pluna mejor no hubiera existido), ni se ha argumentado en ese sentido; pero además violó las normas de defensa de la competencia.
Las muy considerables sumas pagadas suscitan la sospecha del pago de sobreprecios o, en otras palabras, del cobro de “comisiones”.
El organismo encargado para la defensa de la competencia de la Administración Central ordenó la derogación (sic) del Arancel de Honorarios del Colegio de Abogados por ser violatorio de la libre concurrencia profesional. Este celo por la libre concurrencia no se manifestó en el caso de las contrataciones directas de abogados.
No soy menos abogado, en ningún aspecto, que los Dres. Ottati, Olivera García o Ramírez. Sin embargo, no pude “concurrir” con mis servicios profesionales en ninguno de los casos citados.
Tampoco puedo competir en lo que el Dr. Brandes (de “Guyer & Regules”) llamó el “mercado relevante” (sic, por asuntos de gran entidad económica) en materia civil.
