La demanda de Aratirí

El Código de Minería vigente, de 1982, previó un gran desarrollo de la actividad minera, y por ello, anticipándose a la llegada de empresas transnacionales que pretendieran sujetarse a arbitrajes internacionales, mediante cláusulas contractuales o amparándose en tratados, evadiendo la legislación nacional y la jurisdicción uruguaya, estampó el último inciso del Artículo 19 que reza así: “La actividad minera, cualquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones, referidas a la misma, quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros” (2º inciso del Art. 19).