La democracia en Uruguay

Vivimos y disfrutamos una democracia plena, recientemente la revista británica The Economist nos ubicó en primer lugar en América Latina como el país más democrático. Reconforta vivir en un país donde la democracia es el eje de nuestra convivencia. Ahora bien, el ejercicio pleno de la democracia es un requisito necesario, pero no suficiente. Tener todos por igual los mismos derechos y obligaciones, como lo establece el Art. 8 de nuestra Constitución, nos hace ciudadanos y nuestra forma de gobierno nos vuelve republicanos. Este marco histórico, legal y ético está permanentemente en riesgo por nuestra condición humana; somos una especie —Homo sapiens— con un historial de más de 300.000 años de evolución, en esta etapa permanecen en nuestro ADN sentimientos y actitudes que ponen en riesgo todo tipo de convivencia, debemos estar atentos y con los medios que hemos acordado, corregir las desviaciones, lo que en países serios se denomina y entiende por límites. Estamos hablando, entre otros, de corrupción, peculado, abuso de poder, etc. Uno de los males más arraigados son los privilegios que algunos ciudadanos reciben a través de un trato preferencial, personas con poder, influyentes o políticos, de ahora y de todos los tiempos, que no pueden resistir a exigir y recibir un trato preferencial. A modo de ejemplo, un caso reciente: la prensa nos informó que el pasado domingo 30 de enero a las 06:45 entraron y robaron en la casa del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y que dos horas después el ladrón fue detenido en un asentamiento en Carrasco Norte y recuperados varios objetos, luego fue inmediatamente procesado y le esperan 15 meses de prisión. Y, como decía un viejo programa de televisión, “aunque usted no lo crea”, todo esto un domingo de mañana. Bueno, sé de casos, y a mí me sucedió, que al sufrir o constatar un robo no hemos logrado ni siquiera que nos conteste el 911, luego de discar y discar. Concurrir a la seccional correspondiente y solo ver que llenan un formulario con fines estadísticos. Les cuento que a fines de diciembre de 2020 me rapiñaron en 18 y Andes, mediodía y en plena calle. No logré que me contestara el 911, me dirigí a la seccional 2a esperando que las cámaras colocadas en esta transitada esquina me ayudaran. Luego de firmar el formulario, nada, hasta la fecha, nada. Esta situación pone en evidencia un trato distinto al que tiene línea directa con algún alto jerarca y los que somos simplemente un número para el Estado. Vuelvo al tema, los “ciudadanos republicanos” comunes, entre los que me encuentro, dependemos de la organización, operativa, procedimientos y probidad de quienes integran el Poder Judicial (PJ) en forma fundamental y de Fiscalía General de la Nación (FGN), que depende del Poder Ejecutivo. No tenemos otro respaldo ni seguridad de recibir un justo trato si no, no contamos con el mejor PJ posible. Las críticas que hoy recibe todo el sistema deberían llamar la humilde atención de jueces y fiscales, entender la señal de que no estamos conformes y que no entendemos muchas de las cosas que están haciendo. Repito la palabra humildad, que debería sustituir a la actual forma de responder que es de soberbia. Para muestra, un botón: recientes declaraciones del presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay nos dice, sin que quede muy claro el fin, que están atentos a las redes y “toman nota” de las críticas; dio a entender que tendrían un listado de las mismas, para qué y por qué, se olvidó de mencionar. Luego dijo que ante una actuación dudosa de un fiscal tenemos las vías para realizar una denuncia, lo que no mencionó es que, como muchos otros, los fiscales y también los jueces tienen una actitud corporativa y son absolutamente excepcionales —y luego de que la prensa lo exponga— las formalizaciones y procesamientos de pares por denuncias, en la mayoría de los casos por abuso de poder y en otros por mala praxis. La reciente respuesta, tanto de Fiscalía por la actuación de una fiscal, como del PJ por la de una jueza, ante la inexcusable e ilegal —según destacados juristas— orden de allanamiento a la casa de un periodista y de un medio de prensa, es preocupante por decir lo memos. Si experimentadas y con muchos años de ejercicio funcionarias judiciales solicitaron, autorizaron y libraron esa orden de allanamiento, les puedo asegurar que no es un tema aislado, no fue un error —horror—, fue simplemente una manifestación soberbia de poder y una percepción totalmente sesgada de la justicia. Pregunto: ¿alguno de nosotros se sentirá seguro de recibir un trato justo, ecuánime y ajustado a derecho si quienes tienen la responsabilidad de juzgarnos piensan de esta manera? Como estamos acostumbrados, el corporativismo —cáncer estatal y sindical— ha aplastado toda posibilidad de jerarquizar tanto al PJ como a la FGN, las explicaciones y mentiras o verdades a media —según varios funcionarios y periodistas— del fiscal Gómez, quien ha anunciado que no piensa llamar a responsabilidades a la fiscal porque no llegó a concretarse el allanamiento —insólito—, no solo dan pena y desazón, producen impotencia y “miedo”, sí, miedo de que no somos todos iguales ante la ley. Las señoras fiscal y jueza, seguramente, serán personas de bien, correctas y buenas madres de familia, pero por sus cargos sus actuaciones deben ser consideradas y tratadas con el máximo rigor legal y para tranquilidad y seguridad de los “ciudadanos republicanos” asumir la responsabilidad de sus actos. Les hemos dado la facultad de juzgarnos, rodeándolas de privilegios y garantías para que ejerzan esta función, tenemos derecho a exigir un comportamiento intachable. Creo que quienes tienen la responsabilidad no han entendido que de no tomar medidas ejemplarizantes, le están infringiendo a nuestra nación un daño irreparable. Seré muy drástico, personas con 20 años de experiencia no se equivocan o cometen un error de este tipo y tamaño, solo expresan su concepción sobre derechos absolutamente imprescindibles como son la libertad de expresión y el libre ejercicio de la prensa consagrados en nuestro contrato social, nuestra Carta Magna, la Constitución. ¿Revisará The Economist la calificación que teóricamente nos ubica 13os en el mundo por nuestro sistema democrático? Veremos...