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En la democracia ateniense los ciudadanos tenían muy claro que el funcionamiento del sistema exigía de sus actores ciertas virtudes, que se llamaban “cívicas”. Tanto, que habían inventado un mecanismo, muy ingenioso, para depurar el sistema de mala hierba: una vez al año, por voto popular, exilaban temporariamente a los elementos nocivos. Se llamaba ostracismo.
Es que para los griegos, la democracia no era solo, ni primordialmente, un tema de derechos, sino de deberes. O, en todo caso, de derechos-deberes.
Esa concepción era también la de los padres fundadores americanos, más afectos a un régimen republicano, onda Roma, que a una democracia, a la cual veían como algo muy cercano a la demagogia. Gobierno “para” el pueblo, todo bien. Ahora, ¿“del” pueblo? Eso es muy otra cosa. El poder es algo riesgoso y debe ser controlado. No se le puede dar a cualquiera: ni a monarcas absolutos, ni a gente ignorante y sin equilibrio.
Pero, el andar del tiempo fue licuando el elemento “deber”, haciendo que la mezcla deberes-derechos fuera reduciéndose al solo ingrediente de los derechos.
Con las sucesivas incorporaciones a los padrones electorales –en su mayoría como fruto de la fuerza– de nuevas capas sociales, cada una con su bagaje de intereses, expectativas y reclamos, el sistema democrático pasó a ser un mecanismo para satisfacer, o al menos atajar reclamos, al punto en que ya hoy en día la democracia es vista como una gigantesca máquina expendedora.
Creo que si hoy paramos al primero que nos encontramos por la calle y le preguntamos por el “deber cívico”, es probable que nos conteste que no conoce la calle o que debe ser una serie de Netflix que todavía no vio.
En cierta forma, Marx terminó teniendo razón: las sociedades se mueven más y más por motivos económicos, reduciendo la importancia que se le da a otros valores e instituciones.
El problema está en que la máquina expendedora ya no funciona bien. Se tranca. Y eso está produciendo un sentimiento generalizado de pesimismo en relación con la democracia. Pesimismo que, cada vez con más frecuencia, está dejando el lugar al reclamo violento (Francia, Chile, EE.UU., Colombia...).
La multiplicidad de reclamos ha generado, además, un enorme y complejo andamiaje burocrático y político, en el que germinan y se desarrollan todo tipo de gérmenes de incompetencia, corruptela y hasta deshonestidad. Todo ese cocktail hace que la gente –los reclamantes– vean cada vez como más lejano, complicado y ajeno a las estructuras de gobierno democrático, cayendo en el desinterés y la anomia, para no salir del pozo si no es acicateados por las redes sociales para prenderle fuego a todo. Porque todo les parece culpable de su disconformidad: las iglesias, los supermercados, los coches estacionados, las estatuas de viejos héroes (reales o inventados)…
Las reacciones no son para hacer, para meterse en política y tratar de que las cosas funcionen mejor. Eso no va con ellos. No sienten obligaciones hacia la sociedad y hacia el sistema democrático. No sienten el deber, solo sus derechos (y todo lo que ambicionan es sacramentado como derechos).
Porque, reparemos: las explosiones sociales que vienen produciéndose, no son obra de las capas marginadas de las sociedades, sino de las clases medias. Son los usuarios de las redes y los adictos a la tele, que ven cómo su ascenso social y económico paró y está amenazado de recular.
La democracia está en una etapa de crisis. Generalizada. Y, en buena medida, porque ha perdido el ingrediente de virtud ciudadana que le es esencial para poder funcionar. En balde echaremos las culpas a los políticos o prometeremos reformas radicales. Esto no se arregla de arriba para abajo.
