Es posible, pero no seguro, que se habilite un referéndum para derogar la ley de despenalización del aborto actualmente vigente. Si se habilitara: según la última encuesta de Cifra, una ajustada mayoría relativa (46%) se opone a la despenalización del aborto (el 44% está a favor). Es la primera vez en doce años que se encuentra un resultado contrario a la despenalización del aborto. En el marco de una opinión pública tan parejamente dividida es imposible anticipar el resultado del eventual referéndum, resultado que dependería de la campaña, de sus protagonistas, y de la sustancia y el tono de sus debates.
La Ley 18.897 (Ley de Salud Sexual y Reproductiva) aprobada en octubre de 2012, despenaliza el aborto “durante las primeras doce semanas de gravidez”, siempre que la mujer que desea abortar cumpla ciertos requisitos (consulta médica, consulta con un equipo interdisciplinario, y luego un “período de reflexión” de cinco días). En noviembre del año pasado un grupo de opositores a la despenalización del aborto anunció una campaña de recolección de firmas para iniciar el proceso de derogación de la ley. El primer paso fue obtener las firmas necesarias (2% del padrón electoral) para habilitar un “acto de adhesión” a la realización de un referéndum para derogar la ley. La campaña obtuvo esas firmas, y el viernes pasado la Corte Electoral estableció que el “acto de adhesión” se realizará el domingo 23 de junio.
El 23 de junio la ciudadanía no se pronunciará sobre la ley en sí, sino sobre si corresponde habilitar un referéndum sobre ella; el voto no es obligatorio. Si ese día al menos el 25% del padrón electoral (algo más de 650.000 votantes) se pronuncia afirmativamente, entonces se convoca a un referéndum sobre la ley.
Seis de cada diez uruguayos aprueban la realización de un referéndum con ese fin. Ante la pregunta “si se convoca a una consulta popular no obligatoria para habilitar un referéndum sobre esa ley, ¿usted concurriría a votar para habilitar la realización de un referéndum?”, el 51% dijo que “seguramente” iría a votar, y un 9% adicional “probablemente” lo haría. Solo un tercio (32%) dijo que probable o seguramente no iría a votar (el resto, 8%, no sabe). Esta respuesta es independiente de las preferencias partidarias; los votantes de los tres partidos mayores piensan de forma muy similar. El 52% de los que hoy votarían al Frente Amplio, el 54% de los que votarían a los blancos, y el 53% de los que votarían a los colorados dicen que “seguramente” apoyarían la realización del referéndum (Cuadro 1). Estas actitudes no dependen de las opiniones sobre el fondo del asunto (que, como se verá más abajo, son diferentes en los tres partidos); refleja, simplemente, que las mayorías creen que es bueno que la gente decida por sí misma, al menos en temas como este, que casi todos consideran importantes y “de conciencia”.
Si los votantes hicieran lo que dicen que harán, entonces es seguro que se habilitaría el referéndum. Pero la experiencia enseña que en estas instancias sin voto obligatorio los que dicen que votarán son mucho más numerosos que los que efectivamente lo hacen. Lo que ocurrió en 1992 brinda una buena ilustración. En ese año la Ley 16.211 (la “Ley de Empresas Públicas”, también llamada la ley “de las privatizaciones”) fue parcialmente derogada en un referéndum, con un pronunciamiento masivo del electorado (las dos terceras partes, el 67%, votaron esa derogación). Sin embargo, una primera convocatoria con ese fin no logró llegar al 25% del padrón electoral, y en una segunda instancia se alcanzó algo menos del 30%, con lo cual efectivamente se habilitó el referéndum.
En esta clase de actos con voto no obligatorio los que realmente votan pueden ser alrededor de la mitad (usualmente no mucho más) de los que dicen que seguramente lo harán (pero no en todos los actos con voto no obligatorio: en las elecciones internas de los partidos suele votar una proporción bastante más alta de los que dicen que “seguramente” votarán). La mitad del 51% que dice que “seguramente” votaría es algo más de 25%, que es exactamente el mínimo legal necesario para que se convoque al referéndum de derogación de la ley. De modo que no se sabe lo que ocurrirá. En este clima de opinión el porcentaje de adhesiones difícilmente sería más de 30%; más probablemente sería algo más o algo menos de 25%; el resultado sería incierto.
¿La gente miente deliberadamente a los encuestadores? No, probablemente no. Pero “votar está bien” (somos votadores), y además este es un tema “de conciencia”. La respuesta socialmente correcta, entonces, es ir a votar. La mayoría dice que irá, y seguramente piensa ir a votar. Pero llega el día, el voto no es obligatorio, y las cosas se complican: hay que hacer tales y cuales otras cosas, el tiempo no alcanza, y además está feo (y hay que cuidarse). O está lindo, y entonces hay que ventilar a los niños (hijos, nietos, sobrinos), o a los abuelos, o no se puede decir que no al convite de último momento de la familia, los colegas o los amigos. Y al final resulta que el tiempo efectivamente no alcanzó, y la intención honesta de ir a votar no se pudo cumplir (y a fin de cuentas, si fuera tan importante debería ser obligatorio, ¿verdad?).
Lo que finalmente ocurrirá el 23 de junio dependerá de quiénes (y cuántos) digan qué cosas durante el próximo mes y medio. Hasta el momento parece que los partidos mayores no harán campaña activa hacia el 23 de junio, ni a favor ni en contra. Muy pocas voces exhortarán a no adherir a la realización del referéndum, pero algunas lo harán, como una parte de los activistas que se oponen al aborto y llaman a no votar ahora, porque a su juicio si hay referéndum y la ley se mantiene (como lo sugerían casi todas las encuestas conocidas hasta ahora), después será muy difícil derogarla. Esta es una minoría relativamente pequeña, de las que normalmente votarían en los temas que les interesan. Pero en estas condiciones es posible que buena parte de esta minoría (pequeña pero potencialmente decisiva) no vote, haciendo aún más difícil llegar al 25% del padrón necesario para habilitar el referéndum.
Si hubiera un
referéndum para
derogar la ley
Hasta hoy, como ya se observó, las encuestas profesionales difundidas públicamente desde el comienzo del siglo han encontrado una actitud sistemáticamente favorable a la despenalización del aborto. El Cuadro 2 resume la evolución de los resultados observados en las encuestas de Cifra. El apoyo a la despenalización oscila entre un mínimo de 45% (ahora, y también en abril de 2005) y un máximo de 53% (en setiembre de 2007), con “balances” (diferencia de porcentajes a favor/en contra) siempre positivos hasta la última medición, abril de 2013, en la que el balance se vuelve negativo (-2 puntos porcentuales; es el único punto negativo de toda la serie).
Hasta setiembre de 2012 los datos muestran oscilaciones en las actitudes hacia la despenalización del aborto, oscilaciones que parecían mostrar una ligera tendencia al alza de las opiniones favorables a la despenalización. Pero entre setiembre de 2012 (uno de los picos a favor de la despenalización) y noviembre, dos meses después, el apoyo a la despenalización cayó abruptamente, volviendo a valores que ya se habían registrado en abril de 2005. El balance volvió a caer (moderadamente) entre noviembre de 2012 y abril de 2013. Todo sugiere que desde el último trimestre del año pasado la naturaleza e intensidad de los debates públicos fortalecieron las opiniones contrarias a la despenalización del aborto. En particular: buena parte de la comunidad médica directamente involucrada rechazó la práctica del aborto en las condiciones establecidas por la ley; es probable que la visibilidad adquirida por este rechazo haya tenido un impacto significativo sobre la evolución de las actitudes hacia la despenalización. La oposición médica no fue la única que se hizo sentir, pero fue la que se expresó por primera vez de maneras mucho más claras que en el pasado, y esto ocurrió en el marco de conflictos con autoridades de la salud que hicieron aún más visibles los desacuerdos subyacentes.
¿Quiénes están a favor / en contra de la despenalización del aborto? El Cuadro 3 muestra que la mayoría absoluta de los que hoy votarían al FA (56%) aprueba la despenalización, y mayorías similares (57%) entre los votantes blancos y colorados la desaprueban. En el eventual referéndum los frentistas se pronunciarían mayoritariamente a favor de la despenalización, y los blancos y colorados en contra, todos ellos apuntando en la misma dirección que sus respectivos legisladores. Pero en los tres partidos mayores hay minorías robustas (aproximadamente un tercio de sus votantes) que se pronuncian en la dirección opuesta. Para los partidos esta es una situación más bien incómoda, que hace más probable que (al menos) hasta el 23 de junio no haya una campaña formal en defensa de sus respectivas posiciones. Esas discrepancias internas también fortalecen la visión de las actitudes sobre el fondo del asunto como un tema “de conciencia”. Consistentemente con esta visión, las dos características que dividen más nítidamente las actitudes de los uruguayos hacia la despenalización son la religiosidad (los no religiosos a favor, los religiosos practicantes en contra) y la ideología (la izquierda a favor, la derecha en contra).
Sobre esta base el resultado del eventual referéndum es impredecible. Una muy ligera mayoría está hoy en contra, y la tendencia del último semestre ha fortalecido esa opinión. Pero no sabemos si en los próximos meses esta tendencia se acentuará, o si reaparecerán las oscilaciones que inclinarán la opinión en la dirección opuesta, a favor de la despenalización, que ha sido el juicio mayoritario durante más de una década.
© Luis E. González. Derechos reservados (especial para Búsqueda).