La destitución de Lugo generó una crisis política en Paraguay y abrió la posibilidad de cambios estructurales en el Mercosur

Además de exponer las tensiones políticas y sociales que subyacen en Paraguay, el episodio dejó en evidencia la debilidad política con que gobernaba el ex obispo de 61 años. Aunque su juicio político transcurrió en forma pacífica, la celeridad con que se llevó a cabo fue denunciada por varios gobiernos de la región, y algunos como Argentina y Venezuela llegaron a hablar de un “golpe de Estado”. Paraguay fue de inmediato suspendido del Mercosur y sus socios en el bloque (Brasil, Argentina y Uruguay) se aprestan a realizar el jueves y viernes una cumbre en la ciudad argentina de Mendoza, donde se espera que condenen la destitución y discutan eventuales sanciones al gobierno de Franco, que carecerá de representantes en el encuentro.

La posibilidad de juicio político al presidente paraguayo está prevista en el artículo 225 de la Constitución de ese país. “Si bien existieron falencias a nivel del derecho a la defensa, el proceso es efectivamente constitucional”, dijo Alberto Poletti, un profesor de derecho constitucional en la Universidad Columbia del Paraguay consultado por Búsqueda. El especialista comentó que “hubiera sido necesario darle más tiempo al presidente tratándose de una cuestión tan importante” pero indicó que el análisis de la urgencia y situación política con que se lleva a cabo el procedimiento corresponde exclusivamente al Congreso.

Esto, según Poletti, radica en el hecho de que la Constitución de 1992, redactada después de 35 años de dictadura militar de Alfredo Stroessner, procuró disminuir el poder presidencial otorgándole más facultades al Congreso. “A los constituyentes, como siempre, se les fue un poquito la mano”, dijo. “Nosotros tenemos un sistema en el que el Parlamento tiene demasiado poder. El presidente para gobernar requiere contar con un bloque político importante en el Parlamento que obviamente el presidente Lugo lo perdió y eso se puede notar con la cantidad de votos en contra”.

Las dificultades de Lugo para mantener un respaldo político firme datan desde el origen mismo de su gobierno, basado en una coalición de izquierdistas que querían la reforma agraria y centristas liberales próximos a muchos estancieros. Eso dificultó el cumplimiento de su promesa de lograr una redistribución de tierras en un país donde el 80% de los predios cultivables lo controla 2% de los propietarios. Los liberales también reclamaban más peso de las respuestas gubernamentales a las invasiones de tierras privadas por campesinos sin tierra, que según los hacendados eran alentadas por allegados al presidente.

La credibilidad de Lugo sufrió además un golpe duro cuando reconoció en 2009 que, mientras era obispo y a pesar de su voto de castidad, tuvo un hijo con una mujer que dijo haber comenzado sus relaciones sexuales con él a la edad de 16 años. Más recientemente reconoció la paternidad sobre otro niño que tuvo con otra mujer y enfrenta al menos una demanda más.

El propio Lugo evitó cuestionar el juicio político al que fue sometido, aunque sí tachó de inconstitucional el hecho de que se le hayan dado solo 24 horas para preparar su defensa. Sin embargo, a medida que pasaron las horas y aumentaban las críticas internacionales a los acontecimientos en Paraguay, el presidente destituido aumentó su desafío al gobierno de Franco, reiterando que fue víctima de “un golpe de Estado, un golpe parlamentario” e instalando un gabinete paralelo. “Obviamente cambió su actitud, es una actitud más combativa”, dijo Alfredo Boccia, un columnista político del diario “Última Hora” que cree que el juicio político estaba previsto en la Constitución pero se realizó sin la sensatez y seriedad necesaria de un país democrático.

Desde el punto de vista legal, Lugo parece tener pocas opciones. La propia Corte Suprema de Justicia paraguaya desestimó una acción de inconstitucionalidad que presentó contra su juicio político y el Tribunal Electoral de ese país descartó la posibilidad de adelantar las elecciones, previstas para abril de 2013. “Pero seguro que van a ser nueve meses hasta las elecciones casi ingobernables para Federico Franco porque va a tener oposición interna y externa”, pronosticó Boccia en diálogo con Búsqueda.

Consecuencias regionales.

Las reacciones desde el exterior a los hechos en Paraguay fueron diversas, aunque en su gran mayoría expresan inquietud. Esto incluye a Estados Unidos y la Unión Europea, que junto a México señalaron la necesidad de proteger el “debido proceso” que correspondía a Lugo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también manifestó que la rapidez del juicio político a Lugo “plantea profundos cuestionamientos sobre la integridad del mismo”.

A nivel de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) la reacción fue aún más fuerte. Un grupo de cancilleres de este grupo viajó el mismo viernes a Asunción para intentar sin éxito demorar el juicio contra Lugo. El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció la suspensión de las exportaciones de petróleo a Paraguay y se refirió a los hechos en ese país como un “golpe de Estado”. Términos similares utilizaron sus aliados en la región que tenían una afinidad ideológica con Lugo, incluida la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque Brasil evitó hasta ahora definir los hechos como un “golpe de Estado”, sí condenó la destitución de Lugo y denunció una “ruptura del orden democrático” en Paraguay. Al igual que otros países sudamericanos, el gobierno de Dilma Rousseff llamó en consultas a su embajador en Asunción.

Pero el verdadero tenor de la reacción de Brasil y la región ante los hechos en Paraguay comenzará a vislumbrarse recién en la cumbre de Mendoza, a donde también viajarán los países de la Unasur. Para el Mercosur, las opciones van desde una expulsión del país socio del bloque hasta la suspensión del financiamiento a obras en infraestructura, pasando por una suspensión temporal que evite afectar las relaciones comerciales.

La decisión que se tome podría alterar los equilibrios internos del Mercosur. La semana pasada China anunció su interés en discutir un acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano. Coincidencia o no, esto surgió en el clímax de la crisis en Paraguay, país que en lugar de reconocer al gobierno de Beijing mantiene relaciones con el de Taiwan. La posibilidad de profundizar los lazos comerciales del gigante asiático con el Mercosur es vista con recelo por Brasil, que teme que eso dañe más a su industria local, pero despierta mayor interés en Argentina y cualquier diálogo en ese sentido tiene más posibilidades de comenzar con Asunción fuera de la mesa.

Además, analistas como Aragão consideran que Argentina puede aprovechar las circunstancias para realizar “una maniobra para colocar a Venezuela” en el Mercosur. Esta posibilidad ha sido desestimada por el canciller uruguayo, Luis Almagro, que calificó de “alarmistas” a quienes plantean ese escenario y sostuvo que Paraguay está “suspendido, no expulsado”. Sin embargo, Brasil parece menos tajante. Su canciller, Antonio Patriota, recibió ayer miércoles a activistas paraguayos que le pidieron el ingreso “inmediato” de Venezuela al Mercosur en respuesta a la destitución de Lugo. Tras el encuentro, el portavoz del ministerio brasileño de Relaciones Exteriores, Tovar Nunes, solo consideró “prematuro” anunciar que el tema será discutido en la cumbre de Mendoza. “Primero se deberá decidir sobre la suspensión efectiva de Paraguay”, explicó.