La empresa de un diputado suplente colorado ganó licitaciones millonarias con varios organismos del Estado

La última compra que el Estado le hizo a Boston Seguridad —su nombre de fantasía— fue una licitación abreviada para UTE en Treinta y Tres, en la que le adjudicaron $ 976.489 por brindar un servicio de vigilancia a personas, bienes e instalaciones en el distrito departamental de la empresa estatal y varias de sus subgerencias. Boston Seguridad fue el único ofertante de ese llamado, cuya resolución se publicó el 25 de octubre.

Boston Seguridad era proveedora del Estado antes que de Subí Chagas asumiera por primera vez su banca. En 2021 fue acreedora de 28 compras directas, concurso de precios y licitaciones por parte de organismos públicos, y en 2020, de 30 más. Incluso la empresa le vendía servicios al Estado desde el gobierno anterior; en 2019, por ejemplo, se registran nueve compras directas o adjudicaciones en el sitio web de la ARCE.

El artículo 124 de la Constitución prohíbe a senadores y diputados durante su “mandato” a “intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados o cualquier otro órgano público”. La “inobservancia de lo preceptuado” en dicho artículo “importará la pérdida inmediata del cargo legislativo”, dice la Carta Magna.

Desde aquella primera vez en octubre de 2021, Subí Chagas asistió 14 veces a la Cámara de Representantes. Tres de ellas fueron luego del 24 de agosto de este año, cuando un artículo en el diario local salteño Cambio informó que especialistas en derecho constitucional sostenían que Subí Chagas había violado la Constitución al asumir la banca.

El medio consultó a los abogados Martín Risso y Fulvio Gutiérrez, quienes coincidieron que Subí violentó la Constitución al asumir en la cámara.

“Sí, se viola el artículo 124, y eso es muy claro. Hay antecedentes en el Legislativo de que han asumido violando este artículo, pero porque desconocen el 124, y han tenido que renunciar”, dijo Risso en su respuesta a Cambio. “Para mí es muy claro, hay una violación a la Constitución y no debió asumir”, concluyó.

En su defensa, el diputado suplente argumentó que contaba con seis informes jurídicos de diferentes abogados que sostienen lo contrario a la postura de Risso y Gutiérrez.

Al ser consultado por Búsqueda, Subí Chagas insistió en el contenido de esos informes jurídicos favorables, que asegurarían que no hay “incompatibilidades”. Pese al pedido, no entregó una copia de ninguno de esos documentos.

Subí Chagas sostuvo que ha evaluado renunciar a su banca y que no volverá a asumirla por el “barullo” y la “duda” que había causado la situación a escala local. “El tema legislativo no es mi actividad principal. No vivo de la política”, dijo el diputado suplente.

Antecedente en la Jutep

El 10 de abril de 2019, la Junta de Transparencia y Ética Pública dictaminó que el actual subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, por entonces diputado suplente por Canelones, “podría” haber violentado el primer numeral del mencionado artículo 124, pues reconoció que “en forma simultánea a ocupar la banca de representante mantuvo contratos” con cuatro intendencias departamentales: Flores, Tacuarembó, Florida y Artigas.

La Jutep, no obstante, dejó en claro que no estaba entre sus competencias establecer posibles sanciones. “Cabe señalar que determinar y eventualmente sancionar tal incumplimiento excede las competencias que las normas vigentes asignan a la Junta de Transparencia y Ética Pública, por lo que este directorio no se expresará al respecto, derivando estos antecedentes a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su consideración”, dice el dictamen al que accedió Búsqueda.