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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa enseñanza de la historia reciente forma parte de los planes oficiales desde 1986 hasta la fecha. Ya el primer Consejo Directivo Central (Codicen) democrático presidido por el profesor e historiador Pivel Devoto estableció en los programas de tercero y sexto de liceo la inclusión de la enseñanza del período de la dictadura. La reforma impulsada por Germán Rama en 1996 también puso especial acento en la enseñanza de este período, con el agregado de distribuir para todos los estudiantes de tercero un manual de historia del Uruguay redactado por Marcos Gutiérrez y Sandra Cabanillas que proponía un abordaje complejo, dinámico y actualizado del tema. En 2003 el informe de la Comisión para la Paz puso especial énfasis en la difusión y la enseñanza del terrorismo de Estado. Luego, a partir de 2005 y con el liderazgo de José Pedro Barrán se promovieron cursos de actualización para docentes desde diversos formatos (hasta televisivos) y se elaboraron guías online muy completas y con pluralidad historiográfica. Por último, la actual reformulación del programa de noveno —más allá de chisporroteos mediáticos sobre bibliografías— incorpora una línea transversal sobre los derechos humanos en el siglo XX en la que se propone abordar también la historia reciente.
Este repaso da cuenta de una historia incremental —no sin problemas— en la que, a lo largo de los diferentes gobiernos, la educación como sistema ha puesto el tema sobre la agenda. No se trata entonces de una cuestión partidaria o militante, sino de un asunto pedagógico referido a la formación de niñas y jóvenes de carácter oficial que siempre ha estado presente desde la recuperación democrática, acompañado además de una creciente producción historiográfica que enriquece las posibilidades de su enseñanza. Otra cosa es lo que ocurre en las aulas.
El aula es un espacio surcado por diferentes tensiones: los programas, las responsabilidades y las presiones institucionales, los debates públicos en torno a los asuntos enseñados y la relación de estos con la comunidad educativa (familias, direcciones, inspección). Y agréguese a lo anterior encontrar las estrategias adecuadas para que los jóvenes se interesen, estudien y elaboren buenas producciones con nivel disciplinar.
Pero varias veces ha ocurrido que la discusión pública acerca de lo que debe enseñarse o cómo hacerlo ha generado campañas de autocensura o temor para abordar el tema. Fue sonado el caso del vicepresidente de la República Enrique Tarigo cuando acusó de violar la laicidad a la profesora Marta Avervourg por enseñar “deuda externa” en quinto año. La potencia de un cargo de tal jerarquía contra una docente tuvo el efecto persecutorio de sentir vulnerable el espacio de enseñanza ante el poder político, que sin ningún tipo de fundamento pedagógico, didáctico o historiográfico acusaba de no hacer lo que la propia normativa indicaba y permitía. Esta situación se repitió a gran escala contra el profesor Carlos Demasi y contra el manual de historia contemporánea y su metáfora de “Los Pitufos” a comienzos de 2000. Jerarquías del poder político que instigaban posturas “laicistas” sin fundamento, que protestaban censura y acusaciones de destitución. En plena democracia. Es importante imaginar el efecto de estos episodios en las comunidades educativas más pequeñas, en donde la cuestión a abordar potencia las tensiones mencionadas y la perspectiva de desamparo docente puede ser aún mayor. Casi lo mismo, con baja intensidad, ocurrió el año pasado con los trascendidos sobre la bibliografía.
Por tanto, tenemos una situación intermedia: la historia reciente está en los programas desde la propia recuperación democrática, pero su posibilidad de ser enseñanza con universalidad ha sido varias restringida por presiones que desde la política influyen en los contextos reales de su educación. No hace mucho, en plena pandemia, una estudiante de una localidad de un departamento fronterizo comentaba respecto a su curso de cuarto año que en el liceo varias personas (familias y autoridades) le cuestionaron trabajar los años 60: “Eso acá no se da”, fue el consejo que recibió. Y esto ocurre también en instituciones privadas capitalinas y en escuelas del país donde la comunidad está marcada por las peores herencias negacionistas de Guerra Fría. Existe una parte de la sociedad que teme que el asunto llegue a las aulas, reforzada por episodios políticos oscurantistas. Hay una fantasía, que poco conoce del hecho educativo, que cree en cierta forma de enseñanza “adoctrinante” y que olvida justamente lo que resumimos al principio: desde Pivel a Rama y llegando a Barrán, también desde Sanguinetti, Batlle y Vázquez hasta Lacalle Pou, los gobiernos de todos los partidos han puesto el tema en el currículo educativo. Porque es parte sustantiva de la formación republicana.
Hay otra parte de la sociedad que se sorprende de que los jóvenes no sepan del tema. Este año, estudiantes de primer año de facultad comentaron que varios de sus compañeros se enteraron de que en Uruguay hubo una dictadura recién al cursar Historia Contemporánea, lo que da cuenta de los problemas anteriores y de que tenemos mucho por hacer en las familias y los medios para que el tema sea realmente trabajado de forma universal para las futuras generaciones.
Hay una importante luz de esperanza que tiene que ver con lo acumulado académica y pedagógicamente por docentes y maestros respecto al abordaje científico y didáctico del tema. Los departamentos de investigación histórica de la Universidad, la Asociación de Profesores de Historia, la Asociación de Historiadores y los docentes del CFE vienen trabajando desde hace más de dos décadas en la construcción de recursos, publicación de escritos, reflexión didáctica sobre el trabajo entre memoria e historia, con una producción diversa, plural y rigurosa que estimula las posibilidades de trabajar con solvencia la historia reciente en el aula. En mayo de este año más de 100 docentes de todo el país trabajaron en jornadas sucesivas los sábados de mañana por Zoom diferentes perspectivas para tratar estos temas, revisando prácticas, compartiendo experiencias. Y en el próximo mes de agosto se realizarán jornadas nacionales abiertas para seguir profesionalizando una enseñanza de calidad, científica y en sintonía con una pedagogía de los derechos humanos. Lejos de los maniqueísmos y las historias dogmáticas, la enseñanza de la historia reciente en las aulas se observa como un campo de innovación pedagógica fermental y abierto. Sería oscurantista negarlo.
Lo importante aquí es saber diferenciar los escenarios y las profesiones. Los docentes tenemos las herramientas para trabajar con la producción científica y las memorias en clase, aportando diversidad de propuestas didácticas que hagan del tema un espacio de reflexión sobre la democracia y los derechos humanos sin que ello suponga un desvío de la laicidad. Más bien al contrario, quienes temen o niegan esta posibilidad no solo están desactualizados sino que contribuyen al deterioro de la educación de las futuras generaciones. Cabe recordar que todas las sociedades democráticas que vivieron procesos traumáticos impulsaron la enseñanza de la historia reciente como parte de la recomposición de la convivencia democrática.
Gabriel Quirici
Profesor de Historia, docente en Secundaria, el IPA
y la Universidad de la República