La espuma y las tupabandas

La fiscal Stella Llorente le solicitó al juez Néstor Valetti el desarchivo de expedientes sobre asaltos de bandas que en la década de los años 90 fueron integradas por extupamaros. Algunos creen que esta “reinvestigación” que comenzará en breve bajará la espuma del debate político sobre la cuestión.

Con esta investigación, en lugar de bajar la espuma puede ocurrir lo contrario: un efecto dominó puede impulsar múltiples citaciones a las que se añadirá una denuncia que anunció el abogado Gustavo Salle. La espuma se mantendrá arriba, esponjosa y contundente, y será central en los debates electorales sobre las próximas elecciones.

Es razonable suponer que será muy difícil lograr nuevas pruebas que vinculen a los rapiñeros con el Movimiento de Liberación Nacional para financiar sus actividades partidarias. Según Urruzola, el MPP se financió a fines de la década de los 90 mediante asaltos, una idea que habría sido gestada —a información proviene de una fuente no identificada— por Mujica y el extinto Eleuterio Fernández Huidobro.

Sin pruebas nada pasará. En una democracia la presunción de inocencia y la prueba son medulares y sin nuevos elementos, los expedientes desenterrados volverán a sus sepulturas.

Esto no significa que para contribuir al análisis histórico no se consideren trabajos de fondo como el de Urruzola y los de Adolfo Garcé (Donde hubo fuego de 2006) y Federico Leitch (Cero a la izquierda. Una biografía de Jorge Zabalza, de 2007). Una cosa es la investigación social e histórica, a la que el tiempo le pasa un cernidor, y otra la responsabilidad penal coyuntural.

En los años 90 mantuve extensas conversaciones con la exjueza Anabella Damasco y la exfiscal Cristina González, entonces a cargo del expediente del asalto al Banco de Previsión Social (BPS) del 9 de setiembre de 1998. También con el exjuez Ruben Eguiluz, sobre otros hechos vinculados, y con funcionarios policiales de la época dependientes de Vica Font.

En aquel momento existieron presunciones del vínculo orgánico de los asaltantes con el MLN, pero nada se probó, salvo que algunos de esos asaltantes habían abrazado en el pasado la ideología tupamara.

Veamos con qué se encontrarán Llorente y Valetti en esta “reinvestigación”:

Todos los expedientes vinculados a esos asaltos, que incluyen a bancos y empresas, están prescritos. Esto significa que la intervención judicial terminó y salvo un cambio radical y delitos de mayor gravedad, nada cambiará.

Los procesados (Diego Villar, Freddy Ardusso, Sonia Veneri, Juan Carlos Ospitaleche y Jacinto Carrato) difícilmente modificarán ahora sus declaraciones de entonces. Los delitos que se les imputaron por el asalto a la sucursal del BPS fueron lesiones leves y graves, tentativa de rapiña y falsificación de cédula de identidad. Por esas imputaciones fueron condenados. Alguno puede haber fallecido al igual que Fernández Huidobro.

Aquella investigación incluía otros asaltos cometidos entre 1997 y 1998: distribuidora de publicaciones de Eddie Espert, Banco la Caja Obrera de la calle Justicia, Sucursal BROU de La Paz, sucursal ACAC de José Batlle y Ordóñez, Banco de Crédito de Amazonas y Orinoco y Banco Pan de Azúcar, sucursal Pocitos. En ninguno se reunieron pruebas ni hubo testigos para identificar a los autores.

La falta de pruebas no se debió a que la actuación policial fuera negligente. Por el contrario, fue abusiva. Los detenidos fueron interrogados y torturados (hablamos de torturas 13 años después de recuperada la democracia). Golpes y picana eléctrica en los genitales quedaron registrados en el expediente con las correspondientes fotos y dictámenes de médicos forenses.

Por esas torturas (el delito con ese nombre existe desde 2006) fue procesado el comisario Enrique Mariño como coautor de reiteradas lesiones personales agravadas por su condición de funcionario policial. En agosto de 2003 fue condenado a 12 meses de prisión, pena que al año siguiente la Suprema Corte de Justicia dio por extinguida. Pese a la condena Mariño continuó en funciones. Se jubiló como inspector mayor.

De esos expedientes no surge vinculación orgánica entre los asaltantes y el MLN pese a que los interrogatorios policiales pretendieron demostrarlo.

¿Cuál es la razón de que Vica Font haya esperado casi 20 años y un debate público para denunciar que un jerarca del gobierno de Julio María Sanguinetti le sugirió no investigar? ¿Por qué lo admitió? ¿Si en la época fue por falta de pruebas, qué cambia ahora? ¿Proporcionará en su declaración judicial ese nombre para demostrar la veracidad de sus dichos periodísticos?

Esta investigación implica tiempo y dinero de los contribuyentes. Si de los antecedentes y de las declaraciones surgieran elementos de nuevos delitos que no estuvieran prescritos, se justificaría. No parece que así ocurra y tampoco que los legisladores hayan revisado en los últimos 20 años esos antecedentes que son públicos.

¿No tenemos los uruguayos una avalancha de problemas sin resolver y angustias que agobian a la sociedad y merecen soluciones urgentes antes que este asunto con olor a naftalina?