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La falta de equipamiento y de técnicos impide a los jueces aplicar la ley que aumenta las penas a los traficantes de pasta base
Informar cuál es la droga incautada “con la certeza” que “requiere” la norma “está fuera del alcance, tanto de los laboratorios de Policía Técnica como del Poder Judicial”, advierte el Instituto Técnico Forense
A fines del 2012 el Parlamento sancionó la primera ley del paquete de medidas elaborado por el Poder Ejecutivo para contener el incremento de la inseguridad: el aumento de las penas mínimas a los traficantes de pasta base de cocaína. Sin embargo, un año después los jueces no pueden aplicar la norma porque no tiene los equipos necesarios para analizar con precisión las sustancias incautadas y determinar que se trata de esa droga, según documentos técnicos en poder de la Suprema Corte de Justicia.
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La Dirección de Servicios Administrativos del Poder Judicial envió una circular el 13 de noviembre a todos los jueces penales del país —a la que accedió Búsqueda— en la que resume los informes sobre la posibilidad de aplicar la nueva ley, después de que varios magistrados habían pedido la intervención del Instituto Técnico Forense (ITF) en casos vinculados a narcotráfico.
De los documentos elaborados por el Departamento de Química y Toxicología del ITF, del Laboratorio Químico de la Dirección Nacional de Policía Técnica y de la Facultad de Química de la Universidad de la República, surge que diferenciar las drogas mediante técnicas de laboratorios es posible, pero que en Uruguay no hay capacidad para llevarlas adelante.
Veneno.
En noviembre del 2012 la Cámara de Diputados culminó el proceso de aprobación de la ley que modificó el castigo para quienes trafican “todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o fumable, incluida la pasta base de cocaína”. La nueva pena para ese delito tiene un mínimo de tres años de penitenciaría cuando antes era de 20 meses.
El argumento principal del gobierno para presentar la propuesta fue que la pasta base es “veneno”. “Uno puede conocer a alguien que hace tres meses que consume pasta base y ver que está muy deteriorado, pero eso no se debe a la cocaína, sino a la sustancia que se le agrega. Al año el deterioro es todavía mayor y hay gente que no se recupera”, afirmó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, durante el debate parlamentario.
Aunque despertó algunas críticas en el oficialismo y la oposición, el proyecto recibió el respaldo unánime en la Cámara de Diputados.
Nueve meses después de promulgada la ley, el ITF señala en un informe con fecha de 19 de agosto, que “en las últimas semanas” ha recibido “reiteradas solicitudes por parte de los juzgados intervinientes, con referencia al cumplimiento de la Ley Nº 19.007, a los efectos de que se determine si la sustancia incautada es ‘pasta base o clorhidrato de cocaína’”.
Según el documento, firmado por la directora encargada del Departamento de Química y Toxicología del ITF, Nelly Mañay, para cumplir con la solicitud de los jueces “la tecnología recomendada” por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es la “espectroscopía infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR)”, porque “permite identificar en forma inequívoca a la cocaína en sus diferentes formas químicas”.
“Esta técnica requiere que las muestras incautadas estén pulverizadas y sean razonablemente puras”, explica. No obstante, “las muestras que se reciben” en el Departamento de Química y Toxicología del ITF “son altamente impuras variando desde 15% al 70% de pureza, como se puede constatar de un relevamiento realizado en muestras recibidas y tomadas al azar de los meses de enero a julio 2013”.
Mañay sostiene que en su departamento no poseen el equipamiento para realizar el procedimiento requerido y que los “colegas que cuentan con esta tecnología en Uruguay” les ratificaron la necesidad e “pureza ‘previa’ a una determinación analítica”. Por esa razón, añade, “este laboratorio tendría que dedicarse a ‘purificar’ los 2.500 casos anuales en promedio, de muestras de sustancias blancas incautadas, para poder llegar a algún resultado con FTIR y que además, este equipo tendría que adquirirse previamente”.
Aún si se comprara el equipamiento, advierte que “se debe contar con los recursos técnicos y materiales que permitan este y otro desarrollo y optimización de la metodología analítica, lo cual demandaría un estudio de investigación a largo plazo”.
“A su vez, esta metodología investigada y desarrollada, debería ser validada científicamente, para lograr resultados defendibles ante la Justicia, lo que en estos momentos, esta fuera del alcance de este Laboratorio, al requerirse una respuesta inmediata para cumplir con la ley”, concluye Mañay.
Un informe del Departamento de Laboratorio de Químico de Policía Técnica, con fecha del 21 de agosto, incluido en la circular del Poder Judicial, maneja apreciaciones similares a las del ITF en cuanto a que es necesario que la sustancia incautada tenga un alto grado de “pureza”.
Consultados por el Poder Judicial, los docentes de la Facultad de Química Eleuterio Umpiérrez, profesor adjunto de la Unidad de Medio Ambiente, Drogas y Doping del Polo Tecnológico de Pando, y Horacio Heinzen, profesor de Farmacognosis y Productos Naturales, respondieron que “lo descrito por la ley se puede cumplir con holgura si se dispone de los equipamientos necesarios y de la capacitación adecuada para ello junto a los procedimientos analíticos validados”.
Falta de certeza.
El último documento contenido en la circular enviada a los jueces es otro informe del ITF, con fecha de 24 de octubre. Mañay y la química farmacéutica Elena Lerena reiteran que la tecnología necesaria para cumplir con “la interpretación actual de la ley” no se puede aplicar “directamente a las muestras recibidas, que en su mayoría son altamente impuras”.
“Por lo anterior, solicitamos se haga saber a los señores magistrados sobre el inconveniente de la aplicabilidad de la ley en su interpretación actual, así como la falta de reglamentación de la misma dado que es necesario que este tipo de pericia aplicada a muestras incautadas en nuestro medio, sea tenida en cuenta“, advierten. “En estos momentos, informar resultados con la certeza que se requiere está fuera del alcance tanto de los Laboratorios de Policía Técnica como del Poder Judicial”.
