La falta de un diálogo fluido entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo afecta “el normal funcionamiento de las instituciones”

En marzo, cuando los integrantes de la Corte se reunieron con el presidente Tabaré Vázquez, los ministros se quedaron con una “muy buena impresión”, afirmó. Sin embargo, “los diálogos son como los árboles, se juzgan por los frutos”. Al día de hoy “estamos a la expectativa”, añadió.

—Este Presupuesto tiene tres características particulares. En primer lugar, tenemos una norma que impone al Poder Judicial pagar de su propio presupuesto las condenas judiciales. En segundo lugar, el conflicto salarial, que no ha tenido solución hasta ahora. En tercer lugar, el desafío de poner en práctica el nuevo CPP. Además, está la necesidad de ajustar el presupuesto a los lineamientos del plan estratégico para el período 2015-2024 que aprobó hace dos meses el Poder Judicial.

—Teniendo en cuenta estos factores, ¿este presupuesto debería superar con creces al anterior? ¿A cuánto asciende?

—Indudablemente. Si partimos de la base de que es un presupuesto que enfrenta situaciones extraordinarias, comparado con presupuestos de otros años va a tener un incremento importante. Todavía estamos trabajando en los números.

—Se maneja la posibilidad de que el nuevo CPP comience a regir en todo el país o por zonas. ¿Qué escenario plantean en el presupuesto?

—De acuerdo a como está aprobado, el CPP empezaría a regir en el 2017 en toda la República. En su momento la Corte planteó la posibilidad de que empezara a regir por zonas, y surgieron algunos cuestionamientos de inconstitucionalidad. Eso fue parte de la conversación que se tuvo en la reunión que tuvimos en marzo con el presidente Tabaré Vázquez. Nosotros entendimos que era conveniente conocer cuál era el criterio de la Presidencia respecto a este tema, porque una cosa es preparar el presupuesto pensando que va a empezar a regir en toda la República, y otra cosa es prepararlo sabiendo que los primeros años va a regir solamente en determinados lugares.

—En una carta enviada hace unos días, el presidente Vázquez planteó que antes de definir esto, la Corte debía pronunciarse sobre la posible inconstitucionalidad de implementar el nuevo CPP por zonas. ¿Lo harán?

—La Corte no puede pronunciarse previo al dictado de una ley. En algunos países hay un sistema de control de constitucionalidad previo, pero eso no rige en nuestro país. Además es sobre un proyecto de ley que no existe, es una hipótesis. Ante esta situación, la Corte no va a insistir sobre el tema, y va a trabajar sobre la base de que esto empieza a regir en 2017 en todo el país. Aclarando que esto significa un costo importante, se había hablado de 45 millones de dólares, hoy estamos afinando esos números, pero va a ser una cantidad importante. Y sobre todo vamos a tener un gran desafío de gestión, porque esto significa que los fondos los vamos a tener disponibles a partir de 2016, y en un año vamos a tener que tener todo el país ajustado para funcionar con el nuevo sistema.

—Teniendo en cuenta esas exigencias de dinero y de gestión, ¿manejan otros escenarios en el presupuesto?

—Manejamos cifras para el interior, para Montevideo, y para Canelones. Pensamos que al momento de dilucidarse el presupuesto, tal vez haya algún indicio de si hay posibilidad de que no empiece a regir en todo el país. Pero hoy lo que dice la ley es eso y nosotros nos vamos a ajustar a eso.

—Los gremios judiciales reclaman desde 2011 un aumento salarial del 26%. ¿La Corte va a contemplar esos aumentos en el presupuesto?

—La Corte va a prever en el quinquenio un aumento del 21,6% que es lo que está establecido. En la reunión con el presidente en marzo, él quedó de comunicarnos una propuesta. La respuesta vino bastante tiempo después, a través de una llamada telefónica del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, al presidente de la Corte, Jorge Chediak. Dijo que el gobierno no iba a adoptar ninguna decisión respecto al conflicto hasta tanto la Corte no resolviera sobre los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron contra la ley 19.310 (que otorga un 8% de aumento para los gremios judiciales). Seguimos prácticamente en la misma situación. Sabemos que los gremios se están movilizando y han tenido reuniones con el ministro de Trabajo, pero no conocemos que haya habido resultados.

—Además de prever los aumentos, la Corte anunció que pedirá dinero para enfrentar los juicios que iniciaron los gremios por este tema.

—La previsión para cubrir eso supera los 3.000 millones de pesos, que de acuerdo a la ley 19.310, el Poder Judicial debe pagar con su presupuesto. Son juicios importantes, que no tienen precedentes históricos en cuanto al volumen de dinero que se está demandando. Además, están las condenas contra el Poder Judicial cuando se procesa a una persona con prisión y después se la absuelve. Esas indemnizaciones también irían a costo del Poder Judicial, y hasta el momento no podemos cumplir porque no tenemos un presupuesto que destine fondos para esa razón. Por eso la Corte interpuso la inconstitucionalidad de esta ley.

—Considerando que el gobierno ha insistido en una política de austeridad y ante la falta de diálogo que han tenido, ¿tienen expectativas de obtener el presupuesto que piden?

—No sabemos cuál va a ser la posición del Ejecutivo porque no hemos tenido contacto. Entendemos que nuestra obligación como cabeza de un poder del Estado es reclamar lo que la propia ley y la Constitución nos están imponiendo como demandas. No sabemos cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo, de la misma forma que desconocemos cuál va a ser la decisión final respecto a una eventual prórroga del CPP. Vuelvo a repetir, no hemos tenido ninguna respuesta oficial ni semioficial sobre este punto, a no ser la carta del presidente.

—¿Les preocupa la falta de definición del gobierno respecto al conflicto salarial?

—Tenemos entendido que se les ha dicho a los gremios que una respuesta sobre el tema de fondo estaría atada a las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad. Y hay otro problema. Hay un rumor que se maneja entre algunos jueces, de que se estaría proyectando un importante cambio de régimen jubilatorio de algunos magistrados. Y eso ha llevado a que en los últimos dos meses seis magistrados y un ministro de Apelaciones han adelantado su jubilación. Sobre el punto, la Corte no tiene absolutamente ninguna información, o sea que desconocemos lo que pasa, pero sí me parece conveniente advertir que por lo menos ya seis jueces se han ido pensando que corre riesgo su régimen jubilatorio.

—La Corte consideró muy auspiciosa su primera reunión con Vázquez, ocurrida en marzo. Pero desde entonces la relación se enfrió. ¿Cómo definiría hoy el vínculo con el gobierno?

—Nosotros salimos de la reunión con muy buena impresión y resaltamos el respeto institucional y la apertura de un diálogo. Señalé en ese momento que los diálogos son como los árboles, se juzgan por los frutos. Al día de hoy la situación es la que dije: están planteadas las cosas, y estamos a la expectativa.

—¿Les preocupa la falta de diálogo con el gobierno?

—Nosotros estamos expectantes, siempre la Corte ha demostrado su mejor disposición al diálogo y en esa posición estamos.

—¿No es grave que no haya diálogo entre dos poderes del Estado?

—Es esencial un diálogo fluido y abierto entre los poderes del Estado, requisito necesario para el normal funcionamiento de las instituciones.