Entre 2010 y 2014, más de 20 personas fueron procesadas por la Justicia de Crimen Organizado en uno de los principales casos de corrupción en el Estado uruguayo. Los delitos cometidos en la Armada Nacional fueron desentrañados, en buena parte, gracias a la colaboración de algunos de los involucrados. La fiscal que investigó el caso, Mónica Ferrero, dice que no habría podido identificar a varios de los responsables si no hubiera sido por la información que le proporcionaron los “colaboradores”, que contribuyeron con la investigación a cambio de penas menos severas.
Más recientemente, el acuerdo que el fiscal Juan Gómez firmó con el ex vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo le permitió a la Justicia recuperar bienes valuados en más de 10 millones de dólares a cambio de ofrecerle menos años de cárcel.
Del otro lado del río, el “arrepentido” Leonardo Fariña—como se denomina a la figura del colaborador en Argentina— puso en problemas a la ex presidenta Cristina Fernández y a varios presuntos involucrados en la “ruta del dinero K” con la revelación de detalles sobre las operativas para lavar dinero que lideraba el empresario Lázaro Báez.
También fue clave el rol de los “colaboradores” en la investigación de la Justicia de Estados Unidos sobre la corrupción en la FIFA: varios involucrados prefirieron entregar a sus compañeros para negociar castigos más leves.
Sin embargo, la figura del “colaborador” no está exenta de polémica. Hay quienes ven con recelo que la Justicia se siente a negociar con delincuentes, y que les ofrezca beneficios a cambio de delatar a otros. Además, los beneficiados suelen ser “delincuentes poderosos”, que tienen en su poder información o bienes lo suficientemente valiosos como para conseguir un trato más benigno.
“Si pensamos que los delitos cometidos por Fariña y Figueredo causan grave daño social y pueden minar la confianza en el sistema financiero y la credibilidad de las instituciones, caben algunas preguntas: ¿Por qué el sistema penal utiliza la negociación para casos de gravedad y envía a la cárcel al resto de delincuentes? ¿Por qué se premia únicamente a los poderosos o a quienes están dispuestos a delatar a otros?”, planteó el abogado Pablo Galain en un artículo titulado “Los acuerdos entre criminales y administradores de la Justicia penal”, que será publicado en las próximas semanas.
“¿Cuál es la explicación político criminal para inmunizar formal y materialmente a los sujetos socialmente privilegiados, aquellos que la criminología identifica como ‘delincuentes de cuello blanco’ (…) y negar el diálogo a los más vulnerables y a aquellos que cometen delitos comunes? ¿Cuál es la razón para que un sistema penal contemple semejantes injusticias político- criminales?”, prosigue el artículo.
La legislación uruguaya autoriza los acuerdos con colaboradores en los delitos que son competencia de la Justicia de Crimen Organizado. El artículo 6 de la ley Nº 18.494 establece que el Ministerio Público podrá acordar beneficios con delincuentes si estos revelan la identidad de otros involucrados “proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento”, “la resolución definitiva del caso o un significativo progreso de la investigación”, o si aportan “información que permita incautar materias primas, estupefacientes, dinero” o “recuperar objetos o bienes”.
La fiscal Ferrero es una de las principales defensoras de la herramienta. Según dijo a Búsqueda, mientras ocupó la sede de Crimen Organizado firmó 21 acuerdos de colaboración. “Creo que es una herramienta muy útil para desbaratar organizaciones criminales y para progresar en las investigaciones. Absolutamente”, afirmó.
“El acuerdo más grande que hice fue en el caso de la Armada. Me permitió demostrar un caso de corrupción institucionalizada sostenida por años”, dijo Ferrero. Gracias a la cooperación de algunos involucrados, la fiscal logró identificar a otras 15 personas que participaban en las maniobras. “Por supuesto que siempre sujetaba el acuerdo a la corroboración de la información”, indicó.
En otras ocasiones le permitió recuperar grandes cantidades de droga, o incluso resolver un caso de homicidio, relató. “Hay que saber manejarlo, el tema es cómo negocias. Yo venía con mucha experiencia en el área penal, y eso es clave. Porque los abogados van a tironear, y el fiscal que acepta la negociación sabe qué pruebas tiene: si la información es vital para el caso, cedés un poco más”, dijo Ferrero.
El fiscal Gómez, cuyo acuerdo con Figueredo recibió críticas y ocupó titulares de los diarios, es más reticente al mecanismo. De hecho, mientras ocupó la Fiscalía de Crimen Organizado solo lo usó para negociar con Figueredo. “No soy en principio partidario, salvo cuando el interés general está notoriamente beneficiado”, dijo a Búsqueda.
En el caso de Figueredo, Gómez consideró que la recuperación para el Estado de bienes millonarios justificaba el acuerdo, pero algunos abogados lo cuestionaron. Juan Fagúndez sostuvo que implicaba “pagar” por un menor tiempo de reclusión, lo que implicaría que “los que tienen más pueden acceder a mejores beneficios”, dijo en una nota de “El Observador” del 19 de enero. El también penalista Diego Durand dijo que cambiar condiciones de reclusión por bienes crea una “Justicia de elite”.
Gómez no está de acuerdo con esas críticas. “De ninguna manera. Es una defensa estricta del interés general”, afirmó.
Por otra parte, en casos de investigaciones por drogas Gómez no recurría a la colaboración. Es que cuando hay un delator, las organizaciones criminales suelen tomar represalias. “Puedo poner en riesgo la vida del colaborador, y en un país chico, donde todos nos conocemos, la protección es difícil”.
María de los Ángeles Camiño, la fiscal que en febrero de este año sucedió a Gómez en su puesto, no firmó ningún acuerdo de colaboración hasta el momento, pero dijo a Búsqueda que está dispuesta a hacerlo “siempre que valga la pena”. “Creo que ese tipo de estrategia es aceptable”, afirmó. “Pero hay que valorar muy bien la información que el colaborador te proporciona”, afirmó.
Otra investigación que se benefició de la cooperación de los involucrados fue la estafa millonaria denunciada por la empresa uruguaya First Data. En este caso el fiscal Gilberto Rodríguez, que dejó hace pocos meses la sede de Crimen Organizado, hizo un acuerdo de colaboración con cuatro paraguayos que ofrecieron aportar información sobre las maniobras y pruebas contra otros involucrados (Búsqueda Nº 1.842).
Criterio personal.
En Uruguay “el colaborador es una técnica de negociación en manos de los fiscales del Crimen Organizado que lo aplican según un criterio estrictamente personal en determinados delitos graves, sin control judicial”, sostuvo Galain en su artículo. “Lamentablemente las estadísticas penales ofrecidas por los órganos de la administración de justicia no brindan ningún detalle sobre el uso de este tipo de técnicas procesales”, afirmó. “Si pensamos que la lista de posibles delitos en los que se pueden realizar acuerdos con colaboradores es bastante amplia, se ensancha aún más el margen de ‘libre disposición’ de los fiscales del Crimen Organizado para disponer la forma de intervención en estos casos”, cuestionó.
A su juicio, “los límites de la negociación y de las posibilidades de acuerdos con estos delincuentes que integran grupos organizados criminales deben estar delimitadas normativamente y no deberían quedar como cuestiones abiertas en manos de los operadores de la Justicia”.
Para Galain la “técnica debería limitarse a casos realmente graves”, porque si no la herramienta “que pone en cuestionamiento la propia concepción de lo justo puede llegar a ser banalizada y utilizada como regla en lugar de utilizarse como una excepción cualificada y determinada por la necesidad de su uso”.
El autor considera que con la reforma del Código del Proceso Penal —que comenzará a regir en 2017— “que introduce la lógica de los acuerdos reparatorios y la mediación penal” se produce “un modesto cambio en la lógica punitiva”. La lógica de la “negociación” entre las partes “adquirirá un papel relevante para todos los delincuentes y en todos los delitos, no solo en los delitos de cuello blanco y cuando existe ‘crimen organizado’”. La reforma “traerá coherencia político-criminal a un sistema que permite la ‘negociación’ de la pena a cambio de ‘colaboración’ procesal con los peores criminales pero impide todo tipo de ‘acuerdo’ o ‘mediación’ con delincuentes comunes”.
