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La gremial de rentadores de autos pide prohibir las aplicaciones de alquiler entre particulares
La actividad de esas plataformas causa “evasión de impuestos” y puede tener impacto negativo en el empleo, sostiene la Asociación de Arrendadores en una carta dirigida al ministro de Turismo
Autos en la plaza Cagancha de Montevideo. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
El dato de que un vehículo pasa el 95% del tiempo estacionado es uno de los más destacados por la plataforma TripWip para presentar un modelo de negocios novedoso para Uruguay. La aplicación une a propietarios de autos que lo quieren aprovechar al “máximo” con interesados en alquilar un vehículo. Un servicio similar ofrece otra aplicación uruguaya, OlaCar.
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La llegada de apps de alquiler de vehículos entre particulares provocó una “profunda preocupación” en la Asociación de Arrendadores de Autos de Uruguay (Asara), según expresaron en una carta enviada al ministro de Turismo, Tabaré Viera. En el texto –al que accedió Búsqueda– solicitan prohibir estas plataformas.
En la carta, Asara reconoce que la innovación tecnológica es el “motor del progreso”, pero considera que estas aplicaciones causan una “disrupción en el tejido empresarial formal y en la seguridad de quienes utilizan los servicios”. Con esto se abre un “debate en torno a la competencia justa” y a la “garantía de seguridad”, sostiene.
La asociación destaca que las empresas arrendadoras formales deben cumplir con inscripciones, requisitos de seguro, el mantenimiento vehicular y “otras obligaciones” para que el servicio sea “confiable y seguro”. La regulación –según Asara– provoca una “base equitativa” en el sector.
El texto firmado por el presidente de la gremial, Daniel Mondelli, y el secretario, Martín Grande, pide al Ministerio de Turismo que “evalúe la posibilidad de impedir el ingreso y la operación de estas aplicaciones de arrendamiento de coches entre particulares” como un “paso importante para preservar la equidad en el mercado, mantener la calidad y seguridad del servicio, y proteger a las empresas formales que se esfuerzan por cumplir con las regulaciones establecidas”.
Asara argumenta su pedido basada en la “equidad competitiva”, la “seguridad del usuario” y la “confianza del consumidor”. En la carta enviada a Viera advierte que la “competencia desigual” podría llevar a una reducción de la demanda de los servicios formales y como consecuencia “impactar negativamente en el empleo”. La asociación asegura que la actividad no regulada podría dar lugar a una “evasión de impuestos” y a una “disminución en los ingresos fiscales”.
La prohibición de la operación sería una acción “coherente con el compromiso” de Uruguay por la equidad del mercado y la protección de los usuarios y empresas formales, afirma la gremial.