N° 1860 - 31 de Marzo al 06 de Abril de 2016
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáDa la impresión de que el gobierno se dio cuenta de que hay un severo problema de inseguridad en el Uruguay y estaría dispuesto incluso a bajarse de la soberbia que ha mantenido hasta ahora en esta materia y, al menos, intercambiar ideas con la oposición para procurar algo parecido a una política de Estado contra la delincuencia. Bienvenido el intento, no porque pueda favorecer políticamente al gobierno o a la oposición —eso no importa nada—, sino porque quizá la gente común y corriente, asaltada, amenazada, atemorizada y desvalida ante la manifiesta incapacidad del Estado para defenderla de ladrones y asesinos, empiece a creer que algo serio finalmente pueda ponerse en marcha para parar la fiesta que se están haciendo todos los días centenares de almas podridas, mayores y menores de edad, a expensas de los ciudadanos decentes.
En el Senado hay una comisión que se llama “de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Sus miembros ya acordaron por unanimidad mantener una reunión secreta con los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa). Quieren conocer, según informó “El País” ayer miércoles 30, “la información que maneja el gobierno sobre las investigaciones de recientes episodios delictivos”. Y, aparentemente, colocan en la misma bolsa los robos (exitosos y fallidos) contra unidades militares, los asesinatos de taximetristas, el homicidio de un motociclista en la rambla a plena luz del día, la muerte a balazos de un hincha de fútbol y el crimen del comerciante judío David Fremd a manos de un fanático islamista uruguayo que confesó en el juzgado que lo mató “por orden de Alá”.
Si esto es así, pues empezamos mal. Todas las muertes son dolorosas, pero se trata de delitos y crímenes muy diferentes, con causas tan disímiles que sería un verdadero despropósito englobarlos a todos bajo el rótulo de la “inseguridad”. Si todo va al mismo paquete, ese será el mejor camino para dejar que todo siga como está. Porque nada podrá resolverse en concreto si se tratan por igual asuntos que nada tienen que ver entre sí. Especialmente, el asesinato de Fremd.
El homicidio de Fremd (55 años), cometido el 8 de marzo por el ex maestro escolar uruguayo Carlos Omar Peralta (quien, después de convertirse al Islam, se hacía llamar Abdullah Omar), se enmarca en la guerra global declarada contra los valores de Occidente por todas las organizaciones terroristas del islamismo (Hizbolá, Hamás, Al Qaeda, Boko Haram, Estado Islámico) desde hace más de dos décadas. El domingo 27, el ministro Fernández Huidobro opinó que en Uruguay “estamos más curados” contra la amenaza mortífera del islamo-fascismo porque “somos una sociedad (…) de más difícil penetración para esta gente (los terroristas)”.
No estoy tan seguro. Fremd, un ciudadano pacífico que era querido y respetado en Paysandú, fue asesinado a cuchillazos. Precisamente, desde octubre de 2015, dirigentes palestinos radicales lanzaron la “intifada de los cuchillos” y ordenaron atacar a puñaladas a civiles o militares en Israel. Mataron ya a 30 israelíes. Como escribió el 12 de marzo Miguel Arregui en “El Observador”, este método terrorista “tiene un fuerte efecto psicológico que no guarda proporción con la modestia del medio utilizado. La sencillez de la herramienta, unida a la determinación del agresor y la aleatoriedad de los ataques, provocan desconfianza y miedo generalizados”.
La muerte de Fremd se produjo apenas cinco días después de que uno de los seis ex presos de Guantánamo acogido por el gobierno de Uruguay, Jihad Dhiab, declarara abiertamente a un periodista de Búsqueda que la Hermandad Musulmana es una organización “pacifista”, que Hamás pelea “por su propia libertad contra personas que invadieron su tierra”, que le “gusta Al Qaeda”, que está “contento con lo que es Al Qaeda” y que el accionar terrorista del grupo creado por Osama bin Laden “es una reacción natural” porque “cuando el hombre musulmán es agredido, reacciona”. (Búsqueda Nº 1.857, 3 de marzo). El señor Jihad Dhiab camina libremente por Montevideo como cualquier persona normal. Nadie le dio importancia a lo que dijo.
Tampoco estoy tan seguro de lo que el ministro sostiene en cuanto a la presunta intangibilidad de Uruguay ante el fenómeno del terrorismo islamista después de la condena expresada el 16 de noviembre contra la masacre de París por el presidente Tabaré Vázquez, quien agregó: “Los gobiernos del mundo están trabajando coordinadamente para enfrentar esta situación, de la que nadie está libre”. Bélgica, primero, y Pakistán hace unos días le dieron plena razón. Nadie está libre.
Pero es el propio ministro Fernández Huidobro que agrega gravísimos argumentos para fortalecer esta línea de razonamiento. En la misma declaración del domingo 27 a “El País”, aseguró: “Tenemos yihadistas reclutados en Argentina y Brasil jugando en primera división, en las grandes ligas. Hay gente (argentina) que ha ido a pelear allá, se han integrado al ISIS y hay brasileños que también. Eso implica que en la frontera tenemos gente que está allá, que ya deben ser medio veteranos, medio capos. Esa gente después establece vinculaciones. Ese es el riesgo que hay que vigilar”.
“O Estado de São Paulo” ya había informado en 2015 que los servicios de inteligencia brasileños estaban preocupados por posibles reclutamientos de jóvenes para el Estado Islámico a efectos de que actúen como “lobos solitarios” en los Juegos Olímpicos de Brasil, en agosto próximo. Y “Clarín” había publicado datos de la consultora Soufan Group según la cual entre los 31.000 combatientes del ISIS en Siria había 23 argentinos y tres brasileños.
Fernández Huidobro insistió: “Lo que tenemos que atender más es la vigilancia de la frontera seca con Brasil. Todos los países fronterizos con Brasil coordinamos ahora para los Juegos Olímpicos porque es un momento oportuno para que estos anormales hagan atentados”.
La información disponible sobre lo que ocurre en la muy cercana “Triple Frontera” —Ciudad del Este (Paraguay), Puerto Iguazú (Argentina) y Foz de Iguaçu (Brasil)— enciende más luces de alertas para Uruguay. Allí, según la periodista española Pilar Rahola, reina la “impunidad” para el blanqueo de dinero destinado al terrorismo islamista. Ese lugar es, cada vez más, “un auténtico paraíso de implantación, proselitismo, financiación e impunidad de las actividades islámicas, sobre todo con Hizbolá” y “algunas franquicias de Al Qaeda”, que operan “desde la zona con total libertad”.
En “¡Basta!”, su muy documentado libro, Rahola alerta que “el islamo-fascismo nos ha declarado la guerra; o tomamos conciencia de ello, o perderemos las conquistas de siglos”. Y dice que la triple frontera “es el territorio no musulmán con un vínculo más estrecho con el terrorismo de todo el mundo”. Cita, por ejemplo, un informe de la agencia Reuters sobre lo que pasa en ese punto de encuentro entre Argentina, Brasil y Paraguay: “Hizbolá paga alrededor de 400 dólares al mes a la familia del suicida, pero solo lo hace durante dos años. Transcurrido ese tiempo, no reciben más dinero si no ofrecen a otro suicida para la yihad (guerra santa)”.
Que la dirigencia uruguaya se aboque a aplicar una política de Estado seria para abatir los índices de delincuencia y asesinatos en el país es, desde hace mucho tiempo, una tarea imprescindible. Pero esto otro, la guerra mundial contra el terrorismo, debería ser objeto de un análisis separado y, eventualmente, de otra política de Estado.
Las herramientas para combatir la delincuencia interna no sirven para enfrentar la hidra de siete cabezas del islamismo fanatizado que, después del nazismo, se yergue como la peor amenaza para los valores que tanto costó construir en las democracias más avanzadas.