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    La “herencia maldita”

    N° 1976 - 05 al 11 de Julio de 2018

    Con el proyecto de ley de Rendición de Cuentas entregado el último día de junio al Parlamento, se cerró la caja de herramientas fiscales en este período de gobierno. Hasta el siguiente no podrán votarse modificaciones tributarias ni incrementos de gastos adicionales (y puede asumirse como un hecho que tampoco habrá cambios en el sentido opuesto, bajando la carga impositiva o poniendo freno a la política fiscal expansiva).

    La propuesta presupuestal que llevó el ministro Danilo Astori y su equipo, refrendada por el conjunto del Poder Ejecutivo, es más de lo mismo que se ha visto en los tres períodos del Frente Amplio: el gobierno entiende que sus políticas han sido exitosas y lo que debe hacer es profundizar en ellas. Por eso en esta Rendición de Cuentas plantea, otra vez, destinar más recursos a la educación, a la seguridad pública y a la salud, principalmente. Y está bien que piense en esas áreas como prioritarias pues es allí donde Uruguay arrastra los problemas más acuciantes. Pero la cuestión parece que no es cuánto dinero se gaste o invierta sino cómo se haga. En otras palabras, qué tan eficientes son las políticas. Parece elemental pero no lo es para el gobierno.

    Luego de entregar el proyecto de Rendición de Cuentas a la presidenta del Senado, Lucía Topolansky, Astori reconoció en diálogo con periodistas que en esa materia queda mucho por hacer. Y que, dadas las circunstancias, será una tarea que quedará para la siguiente administración. Otra vez, la misma historia.

    “El gasto tiene que estar en relación con las posibilidades de Uruguay en materia fiscal, pero también tiene que mejorar en calidad. Es una cosa que yo incluiría en el debe”, reflexionó el ministro.

    Varios datos contenidos en el informe presentado como exposición de motivos del proyecto de Rendición de Cuentas muestran que, por ejemplo en la educación, se ha gastado más pero los logros han sido parciales e insuficientes si se piensa en la necesidad que tiene el país de mejorar su productividad. Y contar con recursos humanos más capacitados es una de las vías para lograrlo.

    En 2005 el presupuesto destinado a la enseñanza pública representaba 3,2% del Producto Bruto Interno y en 2017 llegó a ser el 5%. Ese sostenido aumento —de 165% en términos reales entre esos años— abarcó todos los niveles educativos.

    Hubo progresos (se amplió la cobertura del sistema así como las horas efectivas de estudio, aumentaron las remuneraciones docentes y no docentes, y mejoró la infraestructura), pero el propio Poder Ejecutivo reconoce en ese documento que no fueron completos. Cita un informe del estado de situación de la educación de 2015-2016 elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) según el cual en otros aspectos que hacen a la calidad educativa no parece haber avances significativos, como los aprendizajes que logran los alumnos y las inequidades en los logros que se dan entre estudiantes de diferente nivel socioeconómico. A la vez, persisten dificultades para que los niños y jóvenes culminen los ciclos educativos, y que lo hagan en los tiempos estipulados. Los desempeños en las pruebas PISA y Terce son otra evidencia del problema al mostrar que muchos no llegan a alcanzar las competencias básicas. Muchos recursos y pocos resultados.

    Con la seguridad pública la cosa no es muy diferente. El presupuesto del Ministerio del Interior creció 54% en términos reales entre 2010 y 2017, lo que se destinó fundamentalmente a financiar aumentos salariales, la incorporación de más efectivos, a mejorar el equipamiento, la tecnología y la infraestructura de la Policía.

    Pero algunos delitos no han parado de crecer. Desde el 1º de enero y hasta el 13 de junio se denunciaron 13.269 rapiñas, 57% más que en igual lapso de 2017, según datos divulgados el 29 de junio por VTV Noticias. También habrían aumentado los homicidios.

    Las explicaciones de las autoridades no han sido ni aclaratorias ni autocríticas. Pero todo sugiere que, también en esta área, más gasto no quiere decir mejores resultados de las políticas.

    En estas próximas semanas, dirigentes sindicales, autoridades del Poder Ejecutivo y de los organismos desconcentrados, además de legisladores, se enfocarán en discutir el gasto adicional propuesto en el proyecto de Rendición de Cuentas. Pero muy poco se hablará de su eficiencia; será una compleja herencia que quedará para el próximo gobierno. Otra vez, una “herencia maldita”.

    ?? El fútbol, la política y las pencas