La implementación de la portabilidad numérica enfrenta reparos de algunos ministros del Tribunal de Cuentas

La intervención del TCR se produjo luego de que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) le enviara una consulta vinculada a la “legitimidad y viabilidad del plan de acción” previsto para el procedimiento de contratación de la empresa ABD. Es que la compañía seleccionada por el comité —integrado por técnicos especializados y representantes de las empresas telefónicas— deberá ser luego contratada en forma directa por cada uno de los operadores (tanto los privados como Antel), que estarán a cargo de pagarle los servicios.

Cuestionamientos

En el fundamento de su voto contrario a la resolución que dio visto bueno al procedimiento, el ministro Miguel Aumento puso en duda que “se ajuste” a derecho que “el Poder Ejecutivo apruebe un decreto que habilite al Comité de Portabilidad Numérica (CPN) a la determinación del proveedor para que luego los operadores lo contraten directamente”. Además, aseguró que “no existe precepto alguno” que permita que los gastos le sean ordenados a Antel por otro órgano. En ese sentido, cuestionó que se considere “jurídicamente válido” que un servicio descentralizado como la Ursec —o un comité que funciona en la órbita de dicho organismo— le determine la selección de un cocontratante a otro servicio descentralizado. También cuestionó la legalidad de obligar a los prestadores a hacerse cargo de los costos de la contratación, al afirmar que el directorio de Antel es el ordenador primario de los gastos de la estatal.

Según Aumento, los cometidos atribuidos al CPN refieren a la elaboración de un cronograma de implementación, que fije las etapas a ser cumplidas por los operadores, la realización de estudios técnicos y de impacto económico o “de mecanismos y formas de implementación de la portabilidad”. Sin embargo, señaló que no hay “ninguna normativa vigente que permita el plan de acción propuesto”.

El ministro dijo comprender “las dificultades que puedan haberse presentado” para que la Ursec propusiera dicho plan de acción, pero opinó que el TCR debió dictaminar si la interpretación del artículo 474, que asigna al CPN “todo otro aspecto o medida regulatoria que se considere indispensable para que la portabilidad numérica se haga efectiva”, es la pertinente.

En esa línea, afirmó que la selección del cocontratante “no es un aspecto regulatorio o una medida regulatoria” y que “nada tiene que ver con la efectividad del sistema que lo preste una empresa u otra”. “Una cosa es exigir que el sistema a contratarse cumpla con preceptores tales como estándares de interoperabilidad, seguridad, protección de datos, etc., y otra bien distinta es la determinación del proveedor y por tanto del gasto”, señaló.

Por otro lado, Aumento dijo que al no haber un informe de disponibilidad de fondos presupuestarios de Antel, “no resulta posible” saber si la estatal cuenta con un rubro presupuestal previsto para el pago de esta contratación.

La ministra Diana Marcos y el ministro Enrique Cabrera compartieron los mismos argumentos de Aumento. Cabrera añadió además que el expediente reflejaba una “falta de análisis” jurídico, al tiempo que criticó que “no hubo una voluntad expresa por parte de la mayoría para resolver las garantías de un mejor análisis”.

Seguro, transparente y de consenso

Consultada sobre el tema, Aramendía defendió el procedimiento diseñado. Explicó que el comité fue conformado por un representante titular y un alterno de los tres operadores locales (Claro, Movistar y Antel), otro de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, otro de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de Información y del Conocimiento (Agesic), y dos representantes de la Ursec.

“Lo primero que se hizo fue buscar la forma de implementarlo buscando consensos, porque son los operadores quienes lo tienen que implementar y abonar”, explicó Aramendía. “Los tres operadores estuvieron de acuerdo en que querían la figura de un ABD, que es importante porque se trata de una persona jurídica imparcial e independiente”, dijo la jerarca. Para la contratación se acordaron en el CPN bases que contemplaran las necesidades administrativas, técnicas y económicas de todas las empresas. Incluso, ya recibieron llamados de compañías nacionales e internacionales interesadas en la convocatoria, agregó.

El rol del regulador, dijo, fue solamente facilitar el encuentro, apoyando el proceso con espacios físicos y herramientas digitales. “Lo que nosotros buscamos es respetar cabalmente todo el marco jurídico y que esto sea algo seguro, transparente, eficiente y que se hagan efectivos los derechos de los usuarios de la mejor forma. El rol de la Ursec es de facilitador, regulador y de control”, afirmó.