Sobre el final del siglo XX la inflación anual llegó a valores de un dígito y se mantuvo relativamente estable por debajo de 10% hasta la actualidad, salvo en el año 2002, cuando superó el 20% principalmente por efecto de una fuerte devaluación asociada al estallido de la crisis ese año.
Hoy en día es una prioridad explícita del actual gobierno el combate a la inflación, que amenaza con volver a valores de 10% o más y por ello las autoridades recurren a varias herramientas, incluso algunas “heterodoxas”, como las gestiones ante empresarios para congelar o bajar precios al público y la postergación de la suba de las tarifas de los servicios públicos.
Inflación y deuda
A mediados del siglo pasado el problema de la inflación comenzó a hacerse más notorio en el país, generalmente asociado —al igual que en la región— a la utilización excesiva de la emisión de moneda por parte los gobiernos como medio de financiamiento. Las recetas para frenar el proceso de aumento de precios eran relativamente nuevas en la teoría económica.
La edición Nº 33 de marzo de 1975 fue dedicada casi íntegramente a analizar al “enemigo insidioso” que era la inflación, y recordaba que Marx —antes que Keynes— había advertido que la forma más eficaz de subvertir el orden establecido en un país es corromper el valor de su moneda. El diagnóstico era que los precios subían principalmente porque era “preciso recurrir a la impresión de billetes para pagar el presupuesto”.
Milton Friedman, premio Nobel y uno de los referentes del pensamiento económico del siglo pasado, explicaba en junio de ese mismo año en una columna en Búsqueda cómo llevar a cabo una política para frenar la inflación con los menores “efectos secundarios” posibles, relacionados al desempleo y el freno de la economía en general. Recomendaba una indexación de los sueldos similar a la que hoy en día se aplica en Uruguay, aunque “es mucho mejor no tener ni inflación ni cláusulas de aumento por índice”, sostenía.
En 1975 la suba de precios anual fue 67%, pero había sido de 107% el año previo. Algunos años atrás (en 1968) se había instalado la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos de Uruguay, que estableció un control estricto de los salarios y precios, con los que procuró —dentro de las Medidas Prontas de Seguridad— un “congelamiento” de los mismos. Ello no se reflejó en la inflación tanto como en los sueldos.
El problema continuó persistente y desgastante para las autoridades; los costos económicos de un plan para frenar el proceso de aumento de precios no eran atractivos para ningún gobierno.
La década de 1980, salvo por los primeros dos años, no ofreció un panorama alentador y la inflación siguió por encima de 50% anual, aunque con gran variabilidad.
En 1982 el país atravesó su peor crisis económica hasta el momento, que tuvo entre sus principales causas los niveles insostenibles de endeudamiento público; fue en ese año cuando se abandonó el régimen de la “tablita,” con valores del dólar preanunciados por el gobierno. El resultado fue una fuerte devaluación y los precios minoristas se dispararon.
El director y fundador de Búsqueda, Ramón Díaz —que luego ocupó la presidencia del Banco Central— explicaba en un artículo publicado el 20 de junio de 1985 “cómo se detienen las grandes inflaciones” y citaba los planes de países como Alemania, Austria, Polonia y Hungría para controlar hiperinflaciones. También se refería al intento que Argentina realizaba en ese año por controlar una tasa anual de aumento de precios cercana a 1.000%.
La preocupación por los altos niveles de inflación se debía a los factores perjudiciales para el crecimiento y desarrollo económico del país asociados a ese fenómeno. Entre otras consecuencias, los niveles de inversión se mantienen bajos porque la evolución de los precios no permite planificar a largo plazo. A su vez, la población empieza a utilizar otras monedas más estables para cuidar el poder adquisitivo de su dinero y la economía pasa a ser bimonetaria y por lo tanto vulnerable a lo que ocurra con la cotización de la divisa de referencia, que en el caso de Uruguay fue casi siempre el dólar.
Cuando la inflación es elevada, también el gobierno pierde capacidad de endeudarse en su moneda y debe contraer obligaciones en divisas, por lo que asume un alto riesgo cambiario.
Aterrizaje forzoso
Los primeros años de los noventa fueron de los peores en materia inflacionaria (129% en 1990). Era habitual entonces recurrir al dólar como moneda para el ahorro y también para las compraventas por sumas elevadas; la alta dolarización se había consolidado como una característica de la economía. En ese contexto, los bancos ofrecían en avisos de prensa tasas de interés mayores al 100% anual para los depósitos en pesos, lo que los convertía prácticamente en un juego de azar.
El economista Michele Santo expresaba en la edición del 4 de enero de 1990 que la inflación era “un síntoma” que reflejaba “la incapacidad básica de los gobiernos de vivir dentro de los confines de su restricción presupuestaria”. Su colega Jorge Caumont publicó ese mismo año una serie de cuatro artículos titulados “Requisitos para la estabilidad”, donde exponía “los pilares del ajuste económico y sus costos políticos”.
La administración de Lacalle (1990-1995) aplicó un plan de estabilización. Este implicó adoptar un régimen cambiario de paridad “deslizante”, con una cotización mínima y otra máxima garantizados por el gobierno que conformaban una “banda” que se movía de manera conocida; de esa forma el dólar actuó como “ancla” del sistema de precios.
Otras medidas menos populares —como la supresión de la negociación en Consejos de Salarios y una política restrictiva en ese aspecto, junto con recortes del gasto y aumentos de impuestos— fueron también herramientas esenciales del plan antiinflacionario.
“El gobierno pretende reducir al 50% la inflación para 1990”, tituló Búsqueda su edición del 7 de marzo ese año. Desde 1992 los niveles inflacionarios comenzaron a disminuir, pero recién en 1994 se cumplió ese objetivo, cuando cerró el año en 44%.
Ignacio de Posadas, uno de los ministros de Economía del período Lacalle, dijo haberse ganado “la maldición de un montón de gente” por aplicar esas políticas. Pero “derrotar la inflación estaba en la médula de la política económica”, según manifestó en el semanario en febrero de 2011.
El plan de estabilización tuvo diversos efectos sobre la economía y principalmente en la industria hubo muchos sectores que se reconvirtieron, desaparecieron o comenzaron a declinar ante la competencia externa, la mayor apertura que impuso el Mercosur y un tipo de cambio “artificialmente” bajo.
Hacia fines de la década de los noventa los niveles de inflación empezaron a bajar y estabilizarse; en 1995 el IPC aumentó 35% y en 1997 poco más de 15%. Ese fue “el menor guarismo desde 1969”, pero “la inflación uruguaya siguió siendo la más alta del Mercosur”, se advertía en la edición del 8 de enero de 1998. Por fin, la inflación de doce meses llegó a valores de un sólo dígito en setiembre de ese año (la medición del IPC fue 9,98%). Al atardecer del 2 de octubre, el despacho del ministro de Economía, Luis Mosca, fue escenario de un austero festejo en el que el anfitrión brindó junto con su antecesor, De Posadas, y los senadores colorados Jorge Batlle y Luis Brezzo, por haber alcanzado la inflación anualizada menor a 10%, algo que no ocurría desde junio de 1969, relató Búsqueda en su edición Nº 966.
La mayor estabilidad de precios fue un escenario nuevo para los empresarios, que en las décadas anteriores se habían acostumbrado a especular con el stock de mercadería, revaluar los productos sin perder mercado y calcular a su antojo los márgenes de ganancia, admitían comerciantes citados en Búsqueda en su edición del 11 de junio de 1998 (Nº 949).
Pero las cosas se complicaron antes de lo esperado.
El problema de hoy
Al año siguiente, en 1999, Brasil sufrió una crisis de balanza de pagos y su moneda se devaluó fuertemente. Ese shock golpeó a la región y principalmente a Argentina, que dos años después tuvo su propia crisis a nivel económico y también político.
Uruguay, en medio de ese remolino, acusó un fuerte impacto en 2002, luego de dos años de recesión económica. Una vez más se produjo una devaluación brusca y los precios al consumo se dispararon.
Sin embargo, esta vez la inflación tardó menos en volver a niveles relativamente controlables y en general en el nuevo milenio el aumento de precios comenzó a acercarse al de países más estables. Aun así, fueron pocos los años en que la inflación no fuese considerada “uno de los principales problemas” por parte de los gobiernos de turno, como ocurre hoy.
Desde mediados de la última década rige un sistema cambiario con “flotación sucia”, lo que quiere decir que el gobierno interviene para evitar variaciones bruscas del precio del dólar. Junto con ese esquema y un manejo de la política monetaria a través de la tasa de interés en pesos, opera un rango-meta que es fijado como una orientación de la tendencia esperada en materia de inflación. Actualmente dicho rango es de entre 4% y 6%, pero el IPC fue 9,1% en los doce meses cerrados a noviembre. El incumplimiento de la meta ha sido un rasgo común de esta política, aunque tampoco se produjeron subas de precios por encima del 10% anual.
El Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) criticó semanas atrás que se mantenga esa “meta que nadie cree” en lugar de “sincerarla” para lograr el correcto “anclaje de las expectativas” de los agentes. Hoy las mismas están más de un punto y medio por encima de la meta, según la encuesta del Banco Central entre unos 15 expertos del sector privado.
Buena parte de los analistas económicos entienden que los esfuerzos desde la política monetaria no son acompañados por la política salarial y fiscal. Desde ese enfoque, opinan que una reducción del gasto y una moderación de los aumentos salariales son la forma de contener la inflación, en un contexto de crecimiento de la economía.
Como en 2009, desde el gobierno las herramientas utilizadas pasaron a la zona “heterodoxa” en las últimas semanas, con gestiones ante empresarios para que congelen o rebajen los precios, y la postergación de ajustes tarifarios, entre otras medidas. El equipo económico espera haber frenado el aumento del IPC hasta fin de año y que se sitúe cerca de 7%.
Las autoridades se quejan cuando los analistas y la prensa especializada remarcan los desvíos respecto a la meta, pero entienden que se produjo en la sociedad uruguaya un “cambio cultural” favorable respecto a esa variable, que nunca más quieren ver fuera de control. Comparten que los factores que presionan la inflación son externos y domésticos, incluidos la política fiscal expansiva y los aumentos salariales.
Pero según algunos jerarcas de la administración del Frente Amplio, no hay en Uruguay una demanda social por llevar la inflación a niveles de 2% o 3% o menos, como se registra en los países más estables o en economías desarrollados. A su entender, eso implicaría por ejemplo recortar gasto público, incluso en el área social, lo que se reflejaría en más pobreza e indigencia.
Mientras tanto, los precios suben a un ritmo mucho menor que décadas atrás, pero siguen algo lejos de una zona que los uruguayos aceptan como confortable.
