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    La intimidad y los cascos de motos

    —Antes de la reforma tributaria de 2007 ya se venían implementando cambios en la Dirección General Impositiva (DGI). ¿Qué opina sobre el papel de la administración tributaria?

    —Ahí hubo una minireforma importante, positiva, que venía de antes. Es un ejemplo de cómo el Estado puede ser eficiente y que se pueden hacer reformas. La DGI está hoy profesionalizada, con un régimen de exclusividad del personal y el manejo de metas de gestión. Es cierto que se genera una suerte de espíritu de cuerpo que a veces se exorbita un poco y se han tomado medidas que a las empresas las ata de pies y manos: medidas cautelares, embargos genéricos, intervenciones de caja que los jueces, generalmente no especializados, conceden a la DGI. Se ha alterado el equilibrio y se sigue avanzando en esa dirección; la vía contenciosa es larga, costosa, y un contribuyente no puede estar para eso.

    Por otro lado, se han generado figuras responsables de tributos de terceros. Con eso hay una suerte de privatización gratuita de la administración; habría que poner ciertos límites y no cargar tanto a las empresas.

    Respecto a las personas físicas también hubo un avance negativo sobre la intimidad. Hay límites que no se deberían pasar: son temas sensibles porque forman parte de los derechos individuales y el Estado democrático liberal. La DGI puede usar otros medios; a veces en estos casos se invierte la cadena de la prueba.

    No estaría mal pensar en un Ombudsman tributario.

    —Otros cambios relacionados con la tributación están viniendo de la mano de un impulso a favor de la transparencia fiscal que llega desde el exterior. ¿Uruguay está dando los pasos correctos?

    —No es inteligente resistirse y no hay espacio para eso. Pero he escuchado de funcionarios del gobierno la intención de ser el mejor de la clase: ni tanto ni tan poco. Se puede no ir tan rápido en algunos aspectos.

    Uruguay se puso al hombro ahora una serie de desincentivos para quienes tengan una sociedad extranjera: eso no lo pide la OCDE y existen en todo el mundo. Si bien es cierto que se usan para evadir impuestos, también tienen fines legítimos: también los asaltantes usan casco de moto para robar un supermercado y no por eso vamos a prohibir los cascos. También hay temas de seguridad y de intimidad.