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    La intolerancia y la ley

    N° 1934 - 07 al 13 de Setiembre de 2017

    El viernes 1º, un grupo de encapuchados, dominados por la intolerancia y la violencia, la emprendió con palos, piedras, martillos y otros objetos contundentes contra todo lo que aparecía a su paso durante una manifestación que, en su inicio, tuvo por víctima al Ministerio de Relaciones Exteriores.

    Luego de apedrear y lanzar bombas de alquitrán contra la sede de la Cancillería, fueron desplazados por la Policía y se dirigieron hacia otros blancos de las inmediaciones, entre ellos automóviles estacionados y edificios.

    Uno de los inmuebles atacados fue la sede de Búsqueda y galería, donde aún había personal trabajando. Además de pintarrajear el frente, los violentos —autoidentificados como radicales de izquierda— rompieron el vidrio de la puerta de ingreso al edificio, aunque no pudieron ingresar. (Ver foto)

    No deberíamos acostumbrarnos a este tipo de desmanes. Es verdad que nadie salió herido y que no hay víctimas que lamentar. Pero lo único que sabemos es que, en cuanto a la violencia, se conoce cuándo empieza pero se ignora cuándo y en qué termina.

    La Policía fue naturalmente informada sobre estos desgraciados acontecimientos y, según dijo, está dedicada a investigar y, eventualmente, capturar a los delincuentes que perpetraron los ataques. Esperamos que así lo haga.

    Todos los ataques son igualmente condenables. Pero en la parte que nos tocó en este reparto de pedradas, palazos y martillazos, manifestamos formalmente nuestro más profundo repudio por este atentado contra la libertad de expresión, contra la tolerancia y contra el espíritu de convivencia que debe reinar en cualquier sociedad democrática y republicana.

    ¿Que son minorías integradas por apenas decenas de personas? Es probable. En cualquier caso, se trata de minorías peligrosas, de individuos dispuestos a correr la línea de la intolerancia todo lo más lejos que puedan. O, mejor dicho: todo lo más lejos que el resto de la sociedad les permitamos.

    No hay diálogo ni conciliación posible cuando se ingresa en el terreno de la violencia para dirimir diferencias entre seres humanos. Lo único que cabe es aplicar todo el peso de la Constitución y las leyes a los que intentan amedrentar a otros para imponer sus ideas y conductas totalitarias, antidemocráticas y antirrepublicanas.

    Eso implica, también, que a las fuerzas que deberían garantizar el orden y la seguridad de las personas no les tiemble el pulso si fuera necesario reprimir cuando la violencia ha sido desatada contra ciudadanos, vehículos o inmuebles, públicos o privados.

    Eso no depende tanto de los jefes policiales como de las decisiones políticas del Ministerio del Interior, que no puede ni debe permanecer indiferente cuando las protestas cruzan todo límite legítimo y legal, y ponen en jaque las libertades y derechos de todos los demás.

    Esperamos que el gobierno esté a la altura de las circunstancias para poner un freno a estos desbordes de raíz fascista que, cada tanto, nos hacen recordar que no han desaparecido.