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La laicidad del Estado es permanentemente atacada. En Uruguay, a inicitiva de NNUU, y con su apoyo, el Poder Judicial y la FGN elabora una guía para que los jueces incorporen la “perspectiva de género” en sus fallos. En la edición del semanario Búsqueda del 31 de enero de 2019 se consigna en su página 3 la noticia a la que hacemos referencia en el subtítulo de esta nota.
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La verdad que resulta altamente preocupante no solo es que la FGN tenga una Unidad de Género que ha elaborado una Instrucción General referida al tema y que es preceptiva para los fiscales en su actuación, sino que ahora se sume el Poder Judicial, a propuesta de NNUU, a fin de que en los fallos los jueces incorporen la “perspectiva de género”.
¿Por qué afirmamos esto? En primer lugar, porque los fiscales según la Constitución de la República deben ser independientes y dictaminar según la Constitución, la ley y su leal saber y entender. Es decir, que no deben estar constreñidos por ninguna ideología o pensamiento oficial que los determine a priori. Pero también los jueces, según la Constitución de la República, son absolutamente independientes en lo técnico, con apego a la ley, para impartir justicia mediante el dictado de sus sentencias.
Pues bien, los propios jerarcas del Ministerio Público y del Poder Judicial, a propuesta de Naciones Unidas (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Cedaw), parecen ir contra la independencia de sus magistrados tal y como la Constitución de la República lo establece.
Porque exigirles que cumplan un “protocolo” que se estaría elaborando a fin de que los magistrados se encuentren determinados por el mismo en el ejercicio de sus funciones irá contra su independencia e imparcialidad en forma indubitable.
Dicho esto, veamos en qué consiste la “perspectiva de género”, que es una expresión que deriva o presupone la profesión de la llamada “ideología de género”, la misma que afirma, entre otras cosas, que no se nace mujer y varón sino que todo pasa por un tema cultural. Es decir, que niega directamente la biología que al estudiar la naturaleza afirma que existen dos sexos genéticos y cromosómicos: el femenino y el masculino.
Varios de sus cultores afirman que no se trata de una ideología, sino que se limita a una “perspectiva”, pero cualquiera que estudie el tema advertirá que se trata de lo mismo bajo la estrategia de tratar de salvar la objeción contra la misma que hemos expresado reiteradamente en publicaciones académicas y ahora reiteraremos. (https://www.academia.edu/37972201/AVANZA_LA_DICTADURA_DE_GENERO.docx)
El Estado tiene la obligación de observar la laicidad, no pudiendo profesar como oficial ninguna creencia filosófica, religiosa o ideológica, obligando a todos a seguirla.
Pues bien, si el Estado aprobara un protocolo de género para que lo sigan sus magistrados en los fallos, además de violar la independencia constitucional de jueces y fiscales, estaría además violando la laicidad que debe observar. Porque, de hecho, la vocación de la ideología de género es dictatorial, no profesa la tolerancia que pedía cuando la misma recién nacía y no se encontraba empoderada, ¡como ahora en muchas legislaciones estatales! ¡Pretende arrasar contra todo lo que se le oponga!
La Justicia debe juzgar y fallar manteniendo el principio del art. 8 de la Constitución de la igualdad ante la ley de las personas con independencia de su sexo. Una Justicia sexista sería un contrasentido porque perdería la imparcialidad. Esto, de evidente, rompe los ojos.
Que exista el fenómeno de violencia doméstica, por el que son víctimas las mujeres pero también hombres, no puede significar que se viole el principio constitucional de igualdad ante la ley que antes citábamos.
Tampoco es admisible la intromisión de esta ideología en la enseñanza, como lamentablemente ya está sucediendo en programas de “educación sexual”. Porque asimismo violenta la debida laicidad del Estado.
Por ello creemos que sería entonces el Poder Legislativo, donde está representada la voluntad de la ciudadanía, el que debería de tomar cartas en este asunto y los propios ciudadanos a fin de impedir que la Justicia deje de ser imparcial y pase a estar al servicio de una ideología o perspectiva que además es demostradamente anticientífica.
