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Esta vuelta fue el senador Manini que desenterró el tema.
Primero una reflexión sobre algo tangencial (pero no banal): no entiendo la estrategia del Sr. Manini.
Es demasiado temprano para ponerse a jugar al perfilismo. Tampoco funciona la táctica de jurarle amor eterno a la coalición todos los viernes, habiéndole pateado las canillas de lunes a jueves. No solo son urticantes y poco ubicados los planteos que Cabildo Abierto le hace al gobierno, sino que la forma produce aún peores efectos: el que realmente quiere ayudar a un gobierno no le hace los planteos públicamente. Nunca se vio a un par de legisladores golpear la puerta de Presidencia diciendo que venían por la cabeza del fiscal de Corte.
Quizás el Gral. Manini no ha percibido que la coalición que integra no es como las de antes: si al gobierno le va mal, no hay perfilismo que valga. A Cabildo Abierto no lo salva ni Peteco. Que el Frente esté haciendo las cosas mal no significa que haya desaparecido.
Vayamos a la caducidad más allá de Manini y lo primero es refrescar las memorias: ¿por qué existió la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado?
Fue producto de un sector del Partido Nacional, pero es hija natural y directa del Frente Amplio y de los militares, engendrada por subyacencia o sobrevuelo, según la triste expresión excusatoria del Gral. Seregni.
Porque la verdad histórica fue así:
La salida de la dictadura (que no es lo mismo que el retorno de la democracia), fue pactada en el Club Naval por los militares, el Frente, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Para todas las partes estaba claro que no habría acuerdo si los militares (que no estaban derrotados), no conseguían garantías de que no los perseguirían.
Como lo relató Juan Young, representante del FA, aquellos plantearon quedar sujetos solo a la jurisdicción militar, lo que no caminó. Pero entonces ni unos ni otros tocaron más el tema: por acuerdo tácito quedó en el limbo. Obvio que para los militares el silencio significaba que no los tocarían.
Así se fue a las elecciones de 1984, bajo protesta del Partido Nacional, pacto de la boda eleccionaria.
Así también, bajo el palio de la impunidad consagrada por el silencio, arrancó el gobierno de Sanguinetti, quien con mucha sabiduría quiso purgar el pecado original siguiendo las sabias tradiciones orientales, con una ley de amnistía que blanqueara (vaya la expresión) todo. Pero los militares, con mucha más soberbia que lucidez, lo rechazaron, sosteniendo que nada tenían que responder y menos entropillados con los sediciosos. Confirmaban, ya en democracia, que se consideraban a salvo de cualquier reclamo.
Para el Frente, habiendo conseguido la salida de los milicos, se soltaron de su responsabilidad por el pacto y le zamparon a la democracia la crisis de las citaciones judiciales a militares. A salvo y desde atrás del muro, empezaron a tirar piedras.
Sanguinetti, embretado y con bruta crisis en puerta, citó a todos los líderes a una reunión en el Palacio Estévez, con el Gral. Medina, entonces comandante en jefe y vocero de las Fuerzas Armadas (expresando que tenía las citaciones judiciales apretadas en su caja fuerte). Allí concurrieron también Wilson y Carlos Julio, quienes, lógicamente, preguntaron a los demás qué era lo que ellos (no los blancos) habían pactado en materia de derechos humanos. Ahí fue que Seregni se mandó lo de la subyacencia y el sobrevuelo, mientras que Medina, menos poético, dijo lo obvio: el entendido era que nada y que nada iba a aflojar.
El Frente se rasgó las vestiduras y Sanguinetti puso cara de “yo no fui”. El país caminaba a otro quiebre institucional. Ahí, el Partido Nacional, el que está cuando las papas queman, asumió la responsabilidad de evitarle otro trauma al Uruguay y pergeñó, gracias a dos mentes brillantes, Martín Sturla y Gonzalo Aguirre, la ley de caducidad.
Que no habría sido necesaria si los dirigentes frentistas hubieran sido intelectualmente honestos y los militares menos soberbios.
Ahora un militar vuelve al Partido Nacional a pedirle que saque del fuego viejas castañas.
El pedido es extemporáneo y mal planteado, pero, además, no solucionaría el problema de fondo. Porque el Uruguay, más allá de los hechos históricos que relaté, vive (y vivirá) una situación de relativa (pero permanente) violencia por haber cometido el gravísimo error de dejarse embarcar en el disparate jurídico y filosófico de despreciar el instituto milenario de la prescripción.
Desde el Código de Hammurabi, si no antes, la sabiduría humana consagró la prescripción, no como recurso para premiar al culpable, como cree la ignorancia generalizada, sino como instrumento fundamental para garantizar la paz social. El invento de delitos imprescriptibles no es solo una barbaridad, sino también una estupidez, hija del odio y de la soberbia.
Si alguien cree que, en el Uruguay, el partido de las soluciones heroicas es el Nacional (y en eso no estaría descaminado), debe aproximarse con los sentimientos justos. Y ubicado en tiempo y forma.
