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La cita era a las 11:00 puntual y ni un segundo más tarde llegó la camioneta oficial que siempre traslada a Tabaré Vázquez. Con una lluvia torrencial, el presidente avanzó unos pasos bajo un paraguas y saludó a Alejandro Antalich, CEO de ICC LABS, la empresa que en la mañana del 28 de noviembre inauguró en el Parque de las Ciencias el primer laboratorio de América Latina que procesa cannabis medicinal.
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Acompañado por Antalich, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, el subsecretario de Salud, Jorge Quian, y el empresario Oscar Costa, Vázquez cortó la cinta para la ocasión e ingresó a la planta para conocer las instalaciones. La recorrida fue corta y con pocas personas, ya que muchas autoridades llegaron minutos después de la hora fijada y debieron esperar afuera. Al terminar, Vázquez se retiró por una puerta trasera de la planta, donde lo esperaba su camioneta.
Esa breve visita del presidente, según Roballo, es una demostración de que la “ley de marihuana” “se transformó en política de Estado” para la administración de Vázquez y convenció incluso a aquellos integrantes del actual gobierno que tenían dudas sobre su pertinencia.
Roballo, que preside la Junta Nacional de Drogas (JND), aprovechó su participación, el lunes 10, en el congreso organizado por Monitor Cannabis a cinco años de la aprobación de la ley que reguló el mercado de cannabis para defender el trabajo del Poder Ejecutivo en esa área. Es que en las últimas semanas, algunos impulsores de la norma, entre ellos los exsecretarios generales de la JND Milton Romani y Julio Calzada, habían criticado la lentitud del actual gobierno a la hora de aplicarla.
Roballo aseguró que se le está “disputando el mercado” de marihuana a los criminales. Informó que en el último año y medio “al menos US$ 10 millones se le han arrebatado al mercado informal”.
Al comienzo de su intervención, el prosecretario dijo que la ley “siempre estuvo bajo fuego” y que le resultó “un poco sufrido” estar al frente de su implementación. Sostuvo que debieron trabajar “bajo el radar” por la cantidad de “amenazas” que enfrentaba la normativa. La escasa comunicación sobre el tema durante los primeros años del gobierno de Vázquez, que no era un entusiasta de la ley, fueron considerados por los impulsores de la regulación como una demostración de que el Poder Ejecutivo no tenía interés en aplicarla.
Acerca de esas críticas, Roballo dijo que podía haber evaluaciones diferentes en cuanto a “la celeridad” con que se hizo, pero subrayó que está “todo desplegado”.
“El gobierno entiende que esto ya se transformó en una política de Estado, entiende que hay que darle continuidad y profundizarla, que se están viendo los efectos” positivos, añadió Roballo. Al respecto, explicó que la visita de Vázquez al laboratorio de ICC, fundada por el empresario y precandiato blanco Juan Sartori, es una demostración de esa “definición política institucional”.
El jerarca dijo que otro ejemplo de la importancia que le otorga la actual administración a la ley, aprobada durante el gobierno de José Mujica, fue la decisión de abrir un llamado a licitación para que nuevas empresas cultiven la marihuana que se vende en las farmacias habilitadas. Hasta ahora hay dos empresas autorizadas a cosechar hasta dos toneladas al año de droga, aunque todavía no llegaron a ese tope. En varios momentos hubo problemas de abastecimiento para cubrir la demanda de los más de 30.000 inscriptos en el registro de consumidores.
Las autoridades de las empresas habilitadas plantearon quejas al gobierno por esa decisión, dijeron a Búsqueda fuentes del sector cannábico.
Convencidos
El prosecretario de la Presidencia dijo en su intervención que la ley da resultados y cumple con los objetivos que tenía cuando se aprobó: “El respeto a los derechos, la salud pública y el combate a determinadas formas de delincuencia organizada”.
Consultado por Búsqueda, el presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, Diego Olivera, dijo que llegaron a esa cifra a partir de una “estimación del valor económico que representa la cantidad de marihuana producida bajo el régimen regulatorio”. Eso incluyó la “producción declarada” por los clubes de membresía, la “producción promedio observada” en los cultivos domésticos y la cantidad vendida en las farmacias. “Considerando adicionalmente el valor del gramo que se aplica para la comercialización (42,60 pesos) nos permite llegar a una estimación global de un mínimo de 10 millones de dólares, que de no haber existido el mercado regulado, habrían sido captados por las redes de tráfico ilícito”, añadió.
Roballo sostuvo que no solo en el combate al narcotráfico hubo avances. Destacó que el gobierno habilitó dos proyectos de exploración de cáñamo industrial y que esperan autorizar 10 más en los próximos meses. Además, informó que hay iniciativas avanzadas en el área medicinal y de investigación.
Sobre el final de su intervención, el actual presidente de la JND insistió en que el despliegue de la “ley está afianzado” y que “no tiene retorno”. Y agregó: “Incluso de quienes en su momento no creíamos mucho en los efectos positivos de esta norma, creemos que estamos en un camino cierto para desplegar todo su potencial y va a abrir puertas al Uruguay”.
