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El pasado 23 de abril ingresó al Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración (PLUC) elaborado por el Poder Ejecutivo, que será tratado por el Parlamento en un plazo de 90 días. Desde antes de aquella fecha, la clase política discutía si era o no pertinente que dicho proyecto tuviera que analizarse en régimen de urgencia.
La exposición de motivos que respalda la sección IV —Economía y Empresas Públicas (EEPP)— afirma que en la conducción y gestión de dichos organismos es imperioso poner en marcha mecanismos que aseguren el manejo responsable de los dineros públicos. No se sostiene más la situación imperante, es la advertencia.
No cabe duda de que muchas instancias superadoras de la situación podrían ponerse en práctica sin necesidad de nuevas normas. A título ilustrativo, es posible imaginar la mejora que experimentaría la gobernanza de las EEPP si los directores fueran designados aplicando los métodos de selección científica del personal, abandonando los criterios que priorizan la militancia política de los aspirantes. En este asunto, el uso de las mejores prácticas estaría amparado por el artículo 187 de la Constitución.
El enfoque profesional en la provisión de los cargos de directores de las EEPP es un asunto que urge a todos los partidos políticos. Y esa premura por cumplir el referido mandato constitucional sería atribuible a la importancia del tema, no a su novedad.
Algunos testimonios de prensa de las últimas dos décadas demuestran que el tema de la mejora de la gestión en las EEPP integra el imaginario político desde hace tiempo:
Año 2001. El Centro de Estudios Estratégicos 1815, fundado por el Gral. LIber Seregni, organizó un seminario sobre la reforma de las EEPP con la participación de todo el espectro político, logrando promisorios consensos.
Año 2005. Al asumir la Presidencia, el Dr. Tabaré Vázquez anunció que inauguraba un período de cambios; de modificaciones responsables y continuadas. Aclaró que no se refería a mutaciones genéticas que se logran de la noche a la mañana; el cambio posible sería un proceso evolutivo que se lograría pensando utopías, pero con los pies sobre la tierra.
Año 2006. El primer gobierno progresista encabezado por Tabaré Vázquez, reunido en Consejo de Ministros, se fijó el plazo de un año para concretar una Reforma del Estado, que lo haría más moderno y eficiente. Para destacar su importancia, la iniciativa fue calificada como “la madre de todas las reformas”.
Año 2015. En entrevista publicada por Búsqueda, en su Nº 1.805, el Cr. Álvaro García —director de la OPP entre 2015 y 2020— expuso una serie de pautas respecto a la institucionalidad y gestión futuras de las EEPP. Entre otras ideas, expresó:
El Poder Ejecutivo se propone desplegar una mirada integral sobre los entes industriales y comerciales para coordinar sus actividades, con una visión de sistemas y usando eventualmente la figura de un holding.
Las EEPP tienen autonomía pero deben estar alineadas en un proyecto nacional.
Mejorar la eficiencia del gasto público pasa por el área de estas empresas.
Hay rigideces que provocan los recursos humanos con su inamovilidad.
Todo pasa por la eficiencia y el control.
Año 2019. Durante la campaña electoral, los partidos luego agrupados en la coalición multicolor propusieron diversas reformas para la administración pública. Algunas de las iniciativas sustentadas fueron:
Analizar la macro- y microestructura del Estado para eliminar superposiciones.
Introducir herramientas de gestión por resultados, tanto en ministerios como en entes autónomos y empresas públicas.
Concentrar en un único órgano (ONSC) las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios.
Fortalecer a la Ursec y la Ursea, reubicándolas en el organigrama institucional y eliminando su subordinación con respecto al Poder Ejecutivo.
Año 2020. Proyecto de LUC (capítulo XVII): se propone modificar el régimen jurídico de Ursec y Ursea, otorgándoles el rango de servicios descentralizados, reforzando su rol de regulación y control del sistema, vinculándolos administrativamente con el Poder Ejecutivo a través del MIEM y otorgándoles facultades para comunicarse directamente con todos los órganos del Estado. Para evitar la politización institucional de las unidades se dispone que la provisión de los cargos de directores debe respetar la aplicación del artículo 187 de la Constitución y extiende a seis años la duración de sus mandatos.
La síntesis precedente brinda argumentos suficientes para sostener que el cambio del sistema de EEPP es impostergable. Pero mucho más imperioso y urgente es que el Gobierno electo abandone la atención del relato —fenómeno prevaleciente hasta ahora— y se sumerja en la realidad cotidiana, iniciando un proceso firme de mejora en el quehacer de las EEPP.
El desafío es enorme y demandará a las nuevas autoridades un esfuerzo sostenido durante varios años; seguramente a lo largo de todo este período de gobierno. En breve lapso el Poder Ejecutivo deberá superar el primer gran escollo: proveer los Directorios de los entes con profesionales que puedan demostrar sólida formación en la disciplina de administración y vasta experiencia en la conducción de instituciones.
Se trata de una decisión de importancia crucial, pues estarán seleccionando a las personas responsables de liderar el cambio. Ellos habrán de impulsar y controlar la ejecución de los programas de mejora de la gestión que se deberán poner en marcha de inmediato.
Una reciente investigación desarrollada como tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, concluye que las catástrofes generan cambios estructurales en la institucionalidad de los países. Si así fuera, la pandemia del coronavirus podría ser un factor promotor del cambio en la gestión pública.
Y podría ofrecer circunstancias favorables para alentar diversos procesos de reformas, no solo el del Sistema de EEP. En estos días, por ejemplo, resulta inevitable recordar la situación de compatriotas recluidos en hogares de ancianos y residenciales. Son “nuestros viejos”. Viven en condiciones que “se ubican por debajo del respeto mínimo a los derechos humanos” y exhiben situaciones que son “espeluznantes”.
Allí también sería conveniente implementar de inmediato un proceso de mejora en la gestión, para el cual no sería necesario discutir previamente modificaciones legales.
Si don José visitara la memoria de los responsables de llevar a la práctica todas estas mejoras imprescindibles, seguramente les recordaría que “la causa de los pueblos no admite la menor demora”.
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