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¿A cuántos procesados blancos, colorados o frenteamplistas desde 1985 se les demostró que se hubieran beneficiado económicamente con sus abusos de funciones? Recuerdo dos o tres casos. Para el resto no hubo pruebas judiciales de apropiación personal de dinero, lo que por otra parte hubiera sido un delito diferente.
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Con esa base y sin distinción partidaria, la letanía ha sido: “No se metieron un peso en el bolsillo” (…), “lo que hicieron fue en beneficio del funcionamiento del Estado” (…), “buscaron favorecer a los sectores sociales más desprotegidos”. Cualquier despistado sabe que es casi imposible demostrar que un gobernante se beneficie personalmente de su cargo. Desde las últimas décadas del siglo pasado los disfraces tecnológicos, los testaferros y algunas férreas protecciones mafiosas han sido el soporte de los corruptos.
El gobierno ha intentado infructuosamente que el Partido Nacional lo apoye para derogar el delito de “abuso de funciones”. Para convencerlo, abrió la posibilidad de sanción penal si se demuestra que el investigado se benefició económicamente. Una demostración que es más adecuada para el mago Ariel que para un juez o un fiscal. Al mismo tiempo, legisladores del Partido Nacional han recibido presiones internas para apoyar esa derogación en beneficio de algunos de sus dirigentes bajo la lupa judicial.
“Si el gobierno y los blancos acordaran significaría un peligroso antecedente para una futura administración sin mayorías: ‘Hoy por vos, mañana por mí’. El gobierno no necesita los votos de los blancos para derogar. Por eso, y por principios, creo inviable un acuerdo”, comentó un ex gobernante nacionalista, cuando le pedí su opinión.
Acá no está en juego si existió o no beneficio económico. La cuestión es si se actúa o no contra la ley, si se perjudica la imagen del organismo (Pluna, Banco República, Ancap, Banco Hipotecario, Armada Nacional, etc.), si el Estado queda expuesto a demandas por daños y perjuicios y si se afecta el interés público. Con la derogación, caen todos los procesamientos actuales y futuros por este delito. No importa el monto. Se impone la ley más benigna (la derogación) y los beneficiados tampoco podrán ser condenados a la inhabilitación especial de dos a seis años que prevé la norma.
Entre algunos favorecidos están el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el ex presidente del Banco República, Fernando Calloia, el ex intendente de Colonia, Walter Zimmer, y el ex comandante en jefe de la Armada, Hugo Viglietti.
Si la intención honesta y con base científica es derogar este delito que rige desde 1934, ¿por qué hacerlo de apuro? ¿Cuál es la urgencia si el nuevo Código Penal que propone derogarlo está a estudio del Poder Legislativo desde hace cinco años? Si dejaron transcurrir ese tiempo hasta los procesamientos de Lorenzo y Calloia, ¿por qué no esperar hasta marzo para un análisis serio, sereno y derogarlo, modificarlo y/o crear un sustituto (abuso de autoridad, abuso de poder, prevaricación, abuso del deber funcional, o como se lo quiera llamar), sin el discurso demagógico de que es un delito fascista porque se inspiró en el Código de Alfredo Rocco del gobierno de Mussolini? ¿No es fascista este corporativismo para derogarlo? ¡Aguantaron 80 años ese fascismo sin mover un dedo!
¿Por qué ahora? La respuesta es solo una: beneficiar a varios procesados o en vías de serlo. Lo terrible sería que el gobierno, pese a sus mayorías, obtuviera votos extrapartidarios. Terrible, como me dijo el dirigente blanco, pensando en eventuales acuerdos espurios en un futuro gobierno sin mayorías.
No logro desentrañar si esta y otras posiciones del presidente José Mujica y del resto del gobierno forman parte de una demagogia sesentista o si intentan embaucarnos con argumentos que van a contramano de los principios generales del Derecho, del sentido común y de la honestidad personal o intelectual.
Tampoco me cierra que se abroquelen para archivar la ética y la transparencia y derogar contra viento y marea, ingresando en el área de la inmoralidad.
Al igual que el resto del oficialismo, Mujica insistió hace unos días en subestimar nuestra inteligencia y vendernos el desbarajuste de Pluna, que se inició en el gobierno de Tabaré Vázquez, como una “chambonada” (el Estado perdió alrededor de U$S 300 millones). Admitió que varios, incluido él, se “comieron la pastilla” de las trampas y engaños de sus amigotes y funcionarios.
Aferrado a los proverbios populares con los que disfraza su picardía, el presidente parece haber olvidado un aserto clave: “Lechuza vieja no entra en la cueva del zorro”. Es que aun derogado el abuso de funciones, los beneficiarios de la derogación, tanto para el ciudadano como para la historia, seguirán siendo zorros. Con el delito caducado, pero zorros.
No les vendría mal a los impulsores de esta nueva “ley de caducidad” del abuso de funciones releer al escritor olimareño Serafín J. García en “Las aventuras de Juan el Zorro”. Ese inmoral personaje transita por la vida dejando un tendal de mentiras, trampas y engaños, mientras alaba la ley del mínimo esfuerzo para estafar a los demás y quedar impune, como los procesados por abuso de funciones.
Nadie grita: “¡Verdad y justicia!”. Todo lo contrario.
