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En épocas críticas de los primeros años de vida independiente, el país se redujo y llegó a ceder territorio a Brasil a cambio de la construcción de un faro para evitar frecuentes accidentes en el Río de la Plata.
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En 2015, por el contrario, Uruguay verá aumentada su jurisdicción. Finalmente, luego de estudios que llevaron casi 25 años, la plataforma continental del océano Atlántico controlada por el país pasará de 200 a 350 millas náuticas (en total unos 650 kilómetros de la costa y algo menos de 90.000 kilómetros cuadrados).
El pedido uruguayo fue elevado de forma oficial el 25 de agosto de 2009 ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, el órgano técnico de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (Convemar). La respuesta afirmativa fue confirmada el viernes 22 por los ministros Luis Almagro (Relaciones Exteriores) y Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa), aunque —indicaron— se comunicará por parte de la ONU en febrero del año próximo.
El lunes 25, durante el acto con motivo de un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia, en Florida, el presidente José Mujica hizo referencia a la decisión del organismo de Naciones Unidas.
“Este es un acto de soberanía. (...) El mundo que va a venir se va a tirar al mar, porque allí están las reservas más grandes que le quedan a la humanidad, por eso creo que este paso que ha dado Uruguay tiene una gran trascendencia”, dijo el presidente en el tradicional acto de la Piedra Alta (ver recuadro).
Mujica recordó que el proceso comenzó con estudios realizados a partir de 1992, cuando el país firmó la Convención del Mar.
“Este logro trascendente abrirá oportunidades para generaciones actuales y futuras y pondrá a Uruguay como primer país de América en establecer el límite exterior de su plataforma continental en todo su margen marítimo”, expresó Almagro, al informar acerca de la decisión de la ONU.
El canciller señaló también que habrá “un Uruguay más grande y con más recursos”, aunque advirtió que con la ampliación de la jurisdicción de la plataforma oceánica, el país no solo adquiere derechos sino también más responsabilidades en salvatajes, rescates, control y vigilancia.
Fuentes de la Armada dijeron a Búsqueda que si bien las 350 millas no otorgan en rigor derechos de soberanía sino de explotación, porque las naves extranjeras no deben pedir permiso ni pagar peaje para atravesar el área después de las 12 millas, en efecto la esperada decisión de la ONU pone en primer plano las carencias que tiene el país para controlar ese espacio rico en petróleo y otros recursos naturales.
En cuanto a la pesca, fuentes de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) indicaron que la captura de merluza y otras especies que no están afincadas en el lecho oceánico no está incluida en la Convención pero en cambio lo están otras, como atunes y cangrejos.
La capacidad de control de estos recursos por parte de Uruguay es muy limitada. Durante un acto protocolar el año pasado, el entonces comandante de la Flota, capitán de navío Jorge Jaunsolo, se quejó de los pocos recursos con que contaba la fuerza para realizar el control, aun de las 200 millas.
“Es imposible mantener toda una fuerza de mar con 700 mil dólares al año”, lamentó entonces Jaunsolo durante la conmemoración del Día de la Flota.
Desde que asumió en 2010, el gobierno de Mujica debió enfrentar una fuerte crisis por casos de corrupción en la Armada, justo cuando se aprestaba a realizar grandes inversiones para preparar al país para la misión en el mar, en previsión de la ampliación de la plataforma continental y de las prospecciones petroleras licitadas por Ancap.
La Justicia procesó con prisión al ex comandante en jefe Juan Fernández Maggio y a los oficiales Gerardo Feble y Pablo da Costa por la “compra fantasma” de un banco de prueba para motores y de una grúa por más de U$S 200.000 que nunca ingresaron a la fuerza de mar. Recientemente, el juez de Crimen Organizado Néstor Valetti procesó sin prisión al también ex comandante en jefe de la Armada Hugo Viglietti por maniobras similares.
Para mejorar su capacidad de control del área, la Armada intenta adquirir patrulleros oceánicos que reemplacen —con menos costo de personal y combustible— las viejas fragatas y otras plataformas que no son adecuadas para esta función, además de otras medidas.
Los derechos del mar.
La Convención del Mar entró en vigor en noviembre de 1994. Hasta entonces, cada Estado se manejaba con sus propios criterios, es decir hasta donde llegaban sus fuerzas, algo que en la práctica aún continúa vigente.
Durante años, los límites marítimos de un país terminaban a tres millas de la costa, que coincidía con lo que alcanzaba la bala de un cañón. Luego el perímetro considerado territorio nacional pasó a ser 12 millas. En el siglo pasado, con el desarrollo del conocimiento científico y de los instrumentos de guerra, muchos países decidieron pasar de 12 a 200 millas y finalmente se acordó mantener las 12 millas pero fijar en 200 una zona económica exclusiva para los países ribereños. La Convención, a su vez, permitió ampliar hasta 350 millas, en los casos en los cuales la plataforma continental lo determine, pero para ello el país deberá realizar los estudios científicos correspondientes.
En el caso de Uruguay, los estudios fueron realizados por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Industria, la Facultad de Ciencias de la Udelar, Ancap y otros organismos que conformaron una comisión asesora del Poder Ejecutivo.
Brasil y Argentina están en proceso de lograr esa ampliación (salvo para zonas en conflicto como Malvinas), mientras Chile no está incluida por razones geológicas.
Aunque la llamada Constitución del Mar tuvo una rápida aceptación, por diversas razones, no todos los países la suscribieron. Entre los que no la firmaron están Perú, Venezuela, Estados Unidos e Israel, mientras que otros como El Salvador, Colombia, Camboya, Irán y Libia suscribieron el tratado pero no lo ratificaron.
