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    La otra caja

    N° 1884 - 15 al 21 de Setiembre de 2016

    No se trata de la mitológica caja de Pandora sino de una más cercana: la vernácula caja de Danilo. Como la griega, cada tanto se abre para que de su interior, sin viento de cola, surjan males para el contribuyente en general, el trabajador y el empresario y afecten la credibilidad de su dueño, el ministro de Economía Danilo Astori.

    El escándalo que generó la omisión durante 20 años de aportes al Banco de Previsión Social (BPS) de Graciela Valdivieso, ex secretaria del ex diputado y ex presidente del Sodre, Jorge Orrico, involucra a ambos. El BPS o la Justicia determinarán de quién es la responsabilidad, aunque por ahora el mayor peso recae sobre Astori.

    Puede parecer un hecho menor. Pero es dinero público. ¿Si eso es menor, qué ocurre con el dinero público mayor?

    Orrico fue diputado por Asamblea Uruguay durante dos décadas. Al comienzo también trabajó como abogado con el respaldo de dos posgrados en Derecho Penal y Laboral. Conocimientos suficientes para saber que cuando uno tiene un empleado a su cargo se deben realizar los aportes al BPS y/o controlar que se cumplan.

    Conocimientos y responsabilidades mayores tiene Astori por su dilatada función como ministro de Economía, vicepresidente de la República y ex profesor grado 5 de la Facultad de Economía. Es el mismo que desde hace años con tono paternal nos recomienda ser prudentes con el dinero, pagar nuestros impuestos y aceptar los recortes y cambios que dispone.

    Su pareja y secretaria desde hace años, Claudia Hugo, debió advertirle sobre la irregularidad, aunque parece raro que Astori la ignorara. En declaraciones a VTV, Hugo admitió que Asamblea Uruguay realiza los aportes de los trabajadores de ese sector “de acuerdo a lo que establece el legislador”. Para reafirmar que no existió error de Asamblea Uruguay remarcó que Valdivieso era jubilada (maestra) cuando ingresó (a trabajar con Orrico) y “nunca tuvo interés en estar aportando al BPS”.

    Coincide con Orrico. Este dijo que cuando un legislador de ese sector asume el cargo renuncia a las partidas de secretaría y su administración queda en manos de Asamblea Uruguay.

    El argumento exculpatorio de Hugo (y de Astori) es gravísimo. No depende de la voluntad del trabajador aportar o no. Es obligatorio. En los recibos de sueldo se debe dejar constancia de que la empresa declara haber efectuado los aportes de Seguridad Social y DGI correspondiente a los haberes del mes anterior, según el decreto 108/007 del Ministerio de Trabajo.

    En mayo, cuando Valdivieso fue al BPS, le dijeron que no existían aportes de su trabajo. Sin embargo, ella tiene la copia de su Caja de Ahorros en el BROU que demuestra que desde cierta fecha Asamblea Uruguay le pagó un salario. Dijo que antes se lo pagaba Hugo en el despacho de Astori. En la mano. Clandestinamente.

    Habrá que ver si es el único caso o y si hay otros en todos los partidos.

    Esta cuestión podría tener consecuencias penales: quien retiene los aportes de un empleado y no los vierte puede cometer el delito de apropiación indebida. Según el artícu­lo 351 del Código Penal, lo comete quien “se apropiare, convirtiéndolo en su provecho o en el de un tercero, dinero u otra cosa mueble, que le hubiera sido confiada o entregada por cualquier título que importare obligación de restituirla o de hacer un uso determinado de ella” y establece que “será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”.

    ¿Quién es el responsable de haber actuado como agente de retención, si es que le retuvieron los haberes del BPS? Asamblea Uruguay fue la que intervino en el pago, como admite Hugo. Otra cosa es si nunca existió retención.

    Sin embargo, Astori ordenó el cese de Orrico del Sodre por pérdida de confianza. ¿Es en Orrico en quien no se debe tener confianza? Por alguna razón Astori quiere mantener este debate en secreto: “No es un tema para tratar en los medios de comunicación”, porque es “un reclamo netamente administrativo”.

    Una postura bien diferente a sus encendidas defensas públicas de otros integrantes de Asamblea Uruguay, como el ex director de Casinos Juan Carlos Bengoa y el ex presidente del BROU Fernando Calloia y, aunque no pertenezca a su sector, del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo hasta que la Justicia reafirmó sus procesamientos. Eso sin citar sus cuestionamientos públicos a la Suprema Corte de Justicia por sus reclamos presupuestales y el salarial de sus funcionarios.

    Durante la presidencia de Ernesto Murro el BPS formuló frecuentes denuncias penales contra los empleadores por no verter los aportes. Más de una por día. El caso de Valdivieso tiene el agravante de la continuidad: 20 años.

    Es necesario considerar que la ley 19.815 de 2013 estableció la posibilidad de que los empresarios denunciados puedan firmar un convenio de pago de hasta 36 cuotas con el BPS sobre la deuda que no haya prescripto con los consiguientes recargos por mora.

    Ya veremos cómo y de qué lado se corta la piola. Si por el que corresponde o, como siempre, por el más delgado.