La “pacificación” de Río, en jaque a pocas semanas del Mundial

La Policía actuó de forma dudosa ante este caso. Primero indicó que los estudios iniciales sugerían que DG murió al caer desde un muro alto. Pero una foto divulgada más tarde mostró lo que según expertos es una imagen inequívoca de un orificio de bala en la espalda del cadáver. Exámenes forenses confirmaron que el proyectil ingresó por esa zona, perforó el pulmón y salió por el brazo derecho. Los policías que están bajo investigación niegan haber disparado a Pereira, aunque sí admiten que cambiaron el cuerpo de posición al encontrarlo y dicen que participaron de un tiroteo con delincuentes esa noche.

Del aplauso a

la decepción

Es difícil establecer cómo surgió exactamente esta ola de retos a la hasta hace poco aplaudida estrategia de seguridad de Río, que comenzó hace cinco años con la instalación de unidades policiales en favelas que eran controladas por grupos armados de narcos. Pero algo en lo que coinciden diferentes analistas es que un punto de quiebre ocurrió en julio con la desaparición y presunta muerte del albañil Amarildo de Souza en la favela de Rocinha, la mayor de la ciudad. 

De Souza fue visto por última vez siendo detenido por policías de la UPP local, que lo habrían confundido con un narcotraficante. Eso ocurrió en medio de la agitación social que provocaron en Brasil las manifestaciones masivas de clase media durante la Copa de Confederaciones por mejores servicios públicos y contra la corrupción, y el “caso Amarildo” provocó una atípica protesta espontánea en la favela para exigir que se conociera su paradero. 

Los policías de Rocinha negaron estar involucrados en la desaparición, pero los investigadores concluyeron que De Souza murió torturado por miembros de la UPP local, que ocultaron su cuerpo. Un total de 25 policías militares fueron procesados por este caso y son juzgados actualmente, incluido el mayor que comandaba la unidad. Este caso, al igual que la muerte del bailarín DG, significó un golpe duro a la política de “pacificación” de una ciudad como Río, donde la violencia de los últimos ocho años tuvo una media superior a 500 muertes por mes, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP). Esas cifras incluyen 5.677 muertes derivadas de intervenciones policiales en el mismo período. 

La instalación de UPP en algunas de las favelas más violentas de Río fue una apuesta para desarrollar un modelo de acción policial de cercanía con las comunidades afectadas. Es decir, una alternativa a la tradicional guerra de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado mediante incursiones puntuales en morros cariocas para capturar delincuentes o drogas en medio de tiroteos y sangre derramada, al estilo de la película “Tropa de Elite”. La nueva estrategia dio resultados concretos con una caída importante de los índices de homicidios y violencia. Pero con 37 unidades “pacificadoras” inauguradas en un lustro, el riesgo es que los tiempos políticos se hayan sobrepuesto a los técnicos, advierte João Trajano, del Laboratorio de Análisis de la Violencia en la Universidad estatal de Río de Janeiro.

“El imperativo de seguir creando unidades en función del peso político que el programa adquirió acabó debilitando el programa”, explica Trajano a Búsqueda. “No había recursos humanos, materiales ni planeamiento para ocupar tantas comunidades con desafíos tan diferentes”. Esto implicó que los efectivos fueran enviados a esas misiones sin la preparación suficiente para llevar a cabo la acción de Policía comunitaria deseada. A eso se añadió una falta de inversiones públicas en servicios e infraestructura en las áreas ocupadas, decepcionando a muchos habitantes que esperaban mejoras concretas más allá de la seguridad. 

A su vez, policías corruptos y grupos criminales que inicialmente se replegaron ante el avance de las fuerzas públicas comenzaron a planificar ataques con cócteles molotov o balazos contra sedes de UPP. Según informes de Inteligencia divulgados por la prensa local, una de esas organizaciones es el Comando Vermelho, que controlaba gran parte de los territorios donde comenzaron a actuar las nuevas unidades policiales. Sin embargo, resulta improbable que bandas de delincuentes hayan organizado con tanto éxito protestas como la de Rocinha o Pavão-Pavãozinho, que sonaron más bien como gritos de hartazgo de gente humilde ante los abusos policiales. 

Si esta situación puede afectar el normal desarrollo del Mundial, que tendrá en Río siete partidos incluida la final del 13 de julio, es una pregunta abierta. El jueves pasado, en medio de la tensión por la muerte de DG, el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, admitió que había recibido mensajes de personas preguntándole si había “una guerra civil” en Río y descartó que la violencia pueda alcanzar la fiesta deportiva. 

Pero los especialistas como Trajano creen que los grandes retos a la “pacificación” de Río van más allá del Mundial e incluyen desde la pérdida de canales de contacto de las fuerzas de seguridad con los pobladores de favelas hasta el sabotaje a las UPP por parte de policías y políticos que buscan aprovecharse de esta crisis para obtener réditos personales o electorales. “El programa está revelando una serie de fragilidades, pero fue la mejor cosa inventada en términos de estrategia policial en el país durante mucho tiempo”, asegura Trajano. “Y va a ser un retroceso si este programa fuera abandonado”.