La paradoja de la democracia argentina

La paradoja de la democracia argentina

la columna de Roberto Saba*

10 minutos Comentar

Nº 2263 - 8 al 14 de Febrero de 2024

La democracia argentina se encuentra atravesando una preocupante paradoja. El pasado 10 diciembre se cumplieron 40 años de la recuperación democrática luego de la más sangrienta dictadura que padeció el país en el siglo XX y que transcurrió entre 1976 y 1983. La fecha tiene un particular significado pues se trata del período más largo en que los argentinos hemos vivido bajo gobiernos democráticos sin interrupciones desde que se produjo el primero de los seis golpes de Estado que tuvieron lugar desde que aconteciera el primero en 1930. El aniversario obliga a renovar el compromiso del pueblo argentino con dos consignas refundacionales que fueron objeto de amplios consensos hace cuatro décadas.

La primera de ellas tiene que ver con el rechazo a cualquier aventura política que no se subordinara a las reglas de la democracia constitucional y eso tiene un significado muy preciso: la Constitución de 1853 estableció un sistema político en el que el pueblo se autogobernaría por medio de sus representantes en los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que ese autogobierno y esas instituciones se someterían a los límites impuestos por la Constitución. Esos límites se refieren a dos cuestiones fundamentales: las reglas de procedimiento para tomar decisiones (sobre todo el proceso de sanción de leyes en el Congreso y la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo) y la prohibición de que esas decisiones afecten los derechos reconocidos en esa Constitución. Para completar el diseño institucional, se les reconoció a los tribunales el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes y decretos. Finalmente, en 1994 se llevó a cabo una reforma constitucional con un amplio consenso que confirmó los compromisos de 1853 a los que sumó algunas novedades. En este sentido, se le reconocieron al Poder Ejecutivo algunos poderes extraordinarios para situaciones de emergencia, siempre con control del Congreso, y se incorporaron con jerarquía constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos que pasaron a engrosar los límites impuestos al poder político, lo que implicó, de hecho, una ampliación de los poderes de control de los jueces que deben velar por la “convencionalidad” de las decisiones políticas del gobierno, es decir, su compatibilidad con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino ante la comunidad internacional.

La segunda consigna fundante de 1983, resumida bajo el lema de “Nunca Más”, fue que no se toleraría jamás que se produjeran nuevamente los atropellos y graves violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la última dictadura. Para ello, era preciso dejar en claro que las violaciones de derechos humanos del pasado no quedarían impunes. Este compromiso se tradujo en hechos muy concretos, tales como el mundialmente célebre juicio a las Juntas Militares de 1985 y las políticas de memoria que llevaron a cabo todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983, comenzando con la CONADEP y su informe, y culminando con la señalización de centros clandestinos de detención y la construcción de memoriales y museos para la educación cívica de las futuras generaciones. Si bien son muchísimas las personas, partidos políticos, e instituciones de la sociedad civil que han contribuido a esta refundación democrática, sobresale, por el nivel de consensos en torno a su figura, la persona de Raúl Alfonsín, cuyo compromiso con estos valores lo han hecho merecedor del calificativo de padre de la nueva democracia argentina.

Estas dos consignas fundantes se encuentran paradójica y probablemente amenazadas por el gobierno que asumió el mismo día de la celebración del 40 aniversario. Dado el poco tiempo que ha pasado desde que Javier Milei se hiciera cargo del Poder Ejecutivo no es posible analizar su desempeño. Sin embargo, surgen preocupaciones respecto de su compromiso con aquellas dos consignas fundantes a partir de posiciones que se hicieron públicas durante la campaña electoral y algunas decisiones que se han tomado desde aquel mismo día de la asunción. A partir de sus posiciones claramente antipolíticas, antes de las elecciones una periodista le preguntó acerca de su compromiso con el sistema democrático. Como al primer intento de formular este interrogante el candidato eludió dar una respuesta clara por la afirmativa, la entrevistadora, sorprendida, insistió y Milei dio un nuevo rodeo. En medio de ese duelo verbal, y admitiendo que ya no tenía posibilidad de seguir evadiendo dar una respuesta, el candidato finalmente dijo: “yo creo que la democracia tiene muchísimos errores (sic)” y refirió a las críticas que Kenneth Arrow realizó a este sistema político por medio de lo que se conoce como el teorema que lleva el nombre del premio Nobel de Economía en un claro intento de superar el momento con un argumento supuestamente “técnico”. Aquella entrevista encendió algunas luces de alarma en el campo democrático, que volvieron a prenderse en repetidas oportunidades. Apenas minutos después de jurar como presidente de la Nación, y contra una histórica tradición en la que el nuevo mandatario dirige su primer discurso a la Asamblea Legislativa (reunión conjunta de las dos Cámaras del Congreso), Milei optó por dirigir esas palabras fuera del recinto de la Legislatura, en la calle, dando la espalda al edificio del Congreso. Desde allí se dirigió a sus simpatizantes congregados en la plaza contigua al palacio legislativo. En aquel escenario insólito estaban acompañándolo los mandatarios extranjeros que participaron del evento, entre los que se encontraba el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. También se encontraba solo un expresidente, el de Brasil, Jair Bolsonaro. Ambos políticos son identificados globalmente como referentes principales e indiscutidos de lo que el primero ha denominado “democracia iliberal”, esto es un régimen político signado por el predominio de la mayoría y del líder que la representanta, rechazando, entre otras cosas, la centralidad del Parlamento, el rol de control del Poder Judicial y la noción de derechos constitucionales como límite al poder político. Sobre la base de esta particular concepción de democracia, Orbán ha atacado a los jueces de su país, a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos, a los ambientalistas, a los activistas por los derechos de las minorías sexuales, y a los defensores de los derechos reproductivos de las mujeres. El otro famoso miembro de este club es el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien envió cálidos saludos el nuevo presidente argentino.

Milei ganó las elecciones en segunda vuelta con un indiscutido 56% de apoyo del electorado, al que sedujo con un fuerte discurso antiestablishment político, económico e intelectual en línea con las posturas de otras figuras similares del mundo identificadas con lo que algunos denominan populismo de extrema derecha, el cual comparte rasgos con el populismo de extrema izquierda. Para completar el perfil, es importante destacar que durante la campaña electoral Milei se refirió sin pudor a Raúl Alfonsín como un fracasado. También afirmó jocosamente que tenía en su casa un muñeco con la cara del expresidente sobre el que descargaba tensiones pegándole puñetazos. La imagen no es ingenua si se recuerda lo que Alfonsín representa para la nueva democracia argentina.

El gobierno saliente, cuya coalición política gobernó durante 16 de los últimos 20 años, dejó una economía en estado de desastre, con casi un 50% de pobres y una inflación anual por encima del 120%, además de haber impulsado iniciativas incompatibles con la democracia liberal, como por ejemplo los ataques al Poder Judicial. El voto por Milei sin duda responde a una profunda sensación de hartazgo de una mayoría de la gente en ese marco, el que el candidato logró interpretar y aprovechar. Con el objeto declarado de revertir este estado de cosas, a pocos días de asumir la presidencia, el nuevo jefe del Poder Ejecutivo tomó una decisión sumamente controvertida. Emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con 366 artículos referidos a igual número de regulaciones, muchas de las cuales compete reformar al Congreso de la Nación. Es cierto que la emisión de este tipo de normas fue una práctica recurrente de los presidentes argentinos, aunque algunos abusaron de ella, como fue el caso de Carlos Menem, uno de los referentes y modelos de Javier Milei. También es correcto que la reforma constitucional de 1994 los autorizó, aunque con una serie de límites claros y controles parlamentarios. Sin embargo, esa “constitucionalización” de los DNUs supone como condición necesaria que exista una situación de “necesidad y urgencia” que justifique avanzar sobre las facultades de los legisladores. Muchas de las reformas contenidas en el DNU de referencia no parecen responder a ninguna necesidad ni urgencia y su constitucionalidad está siendo desafiada en los tribunales en una infinidad de casos. El encargado de defender esa norma ante los jueces es el procurador del Tesoro. El abogado designado por Milei para esta función es Rodolfo Barra, exjuez de la Corte Suprema designado por Carlos Menem en la década de 1990 y exministro de Justicia de este último. Barra debió renunciar a este último cargo cuando la prensa descubrió que en su juventud había militado en las filas de una agrupación nazi. El nuevo procurador del Tesoro ha sostenido que el DNU es constitucional porque existe lo que ha dado en llamar una “urgencia política” dada por la falta de una mayoría afín al presidente en el Congreso. Extravagante argumento que asimila la falta de votos en el Congreso con una urgencia superable por medio de un mecanismo que eluda al Congreso...

Finalmente, la segunda consigna, la del compromiso en torno al Nunca Más, si bien casi no ha resultado directamente afectada por decisiones concretas hasta ahora, algunos reconocen en la designación de su compañera de fórmula, la hoy vicepresidenta Victoria Villarruel, con fuertes vínculos con los militares juzgados por graves violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar, un mensaje de ruptura también con el compromiso de la nueva democracia argentina con el rechazo contundente de lo acaecido en aquellos sangrientos siete años que corrieron desde el golpe de Estado de 1976 hasta la recuperación democrática de 1983.

Triste paradoja la de esta celebración de los 40 años de la joven democracia recuperada. Aquellos consensos que se consideraban irreductibles parecen ser puestos en duda no solo por una parte del liderazgo político sino, lo que es peor, por una importante porción de la población. Algunas interpretaciones de lo que sucede en el país por estos días niegan que esto sea así. Esta visión sostiene que el apoyo abrumador del nuevo presidente no debe interpretarse como un rechazo a los compromisos asumidos hace cuatro décadas con la democracia y los derechos humanos, sino que solo expresa el hartazgo respecto del gobierno saliente y la asfixia provocada por una situación económica que destruye planes de vida de a millones. Ojalá esta última lectura sea cierta. Habrá que estar atentos. Costó mucho llegar hasta aquí como para perder lo que los argentinos han logrado colectivamente en las últimas cuatro décadas.

*Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires; master y doctor en Derecho por la Universidad de Yale; profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en las Universidades de Buenos Aires y de Palermo; autor de Más allá de la igualdad formal ante la ley, Siglo XXI, 2016.