La paradoja de la democracia argentina

La primera de ellas tiene que ver con el rechazo a cualquier aventura política que no se subordinara a las reglas de la democracia constitucional y eso tiene un significado muy preciso: la Constitución de 1853 estableció un sistema político en el que el pueblo se autogobernaría por medio de sus representantes en los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que ese autogobierno y esas instituciones se someterían a los límites impuestos por la Constitución. Esos límites se refieren a dos cuestiones fundamentales: las reglas de procedimiento para tomar decisiones (sobre todo el proceso de sanción de leyes en el Congreso y la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo) y la prohibición de que esas decisiones afecten los derechos reconocidos en esa Constitución. Para completar el diseño institucional, se les reconoció a los tribunales el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes y decretos. Finalmente, en 1994 se llevó a cabo una reforma constitucional con un amplio consenso que confirmó los compromisos de 1853 a los que sumó algunas novedades. En este sentido, se le reconocieron al Poder Ejecutivo algunos poderes extraordinarios para situaciones de emergencia, siempre con control del Congreso, y se incorporaron con jerarquía constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos que pasaron a engrosar los límites impuestos al poder político, lo que implicó, de hecho, una ampliación de los poderes de control de los jueces que deben velar por la “convencionalidad” de las decisiones políticas del gobierno, es decir, su compatibilidad con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino ante la comunidad internacional.

Milei ganó las elecciones en segunda vuelta con un indiscutido 56% de apoyo del electorado, al que sedujo con un fuerte discurso antiestablishment político, económico e intelectual en línea con las posturas de otras figuras similares del mundo identificadas con lo que algunos denominan populismo de extrema derecha, el cual comparte rasgos con el populismo de extrema izquierda. Para completar el perfil, es importante destacar que durante la campaña electoral Milei se refirió sin pudor a Raúl Alfonsín como un fracasado. También afirmó jocosamente que tenía en su casa un muñeco con la cara del expresidente sobre el que descargaba tensiones pegándole puñetazos. La imagen no es ingenua si se recuerda lo que Alfonsín representa para la nueva democracia argentina.

El gobierno saliente, cuya coalición política gobernó durante 16 de los últimos 20 años, dejó una economía en estado de desastre, con casi un 50% de pobres y una inflación anual por encima del 120%, además de haber impulsado iniciativas incompatibles con la democracia liberal, como por ejemplo los ataques al Poder Judicial. El voto por Milei sin duda responde a una profunda sensación de hartazgo de una mayoría de la gente en ese marco, el que el candidato logró interpretar y aprovechar. Con el objeto declarado de revertir este estado de cosas, a pocos días de asumir la presidencia, el nuevo jefe del Poder Ejecutivo tomó una decisión sumamente controvertida. Emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con 366 artículos referidos a igual número de regulaciones, muchas de las cuales compete reformar al Congreso de la Nación. Es cierto que la emisión de este tipo de normas fue una práctica recurrente de los presidentes argentinos, aunque algunos abusaron de ella, como fue el caso de Carlos Menem, uno de los referentes y modelos de Javier Milei. También es correcto que la reforma constitucional de 1994 los autorizó, aunque con una serie de límites claros y controles parlamentarios. Sin embargo, esa “constitucionalización” de los DNUs supone como condición necesaria que exista una situación de “necesidad y urgencia” que justifique avanzar sobre las facultades de los legisladores. Muchas de las reformas contenidas en el DNU de referencia no parecen responder a ninguna necesidad ni urgencia y su constitucionalidad está siendo desafiada en los tribunales en una infinidad de casos. El encargado de defender esa norma ante los jueces es el procurador del Tesoro. El abogado designado por Milei para esta función es Rodolfo Barra, exjuez de la Corte Suprema designado por Carlos Menem en la década de 1990 y exministro de Justicia de este último. Barra debió renunciar a este último cargo cuando la prensa descubrió que en su juventud había militado en las filas de una agrupación nazi. El nuevo procurador del Tesoro ha sostenido que el DNU es constitucional porque existe lo que ha dado en llamar una “urgencia política” dada por la falta de una mayoría afín al presidente en el Congreso. Extravagante argumento que asimila la falta de votos en el Congreso con una urgencia superable por medio de un mecanismo que eluda al Congreso...

Finalmente, la segunda consigna, la del compromiso en torno al Nunca Más, si bien casi no ha resultado directamente afectada por decisiones concretas hasta ahora, algunos reconocen en la designación de su compañera de fórmula, la hoy vicepresidenta Victoria Villarruel, con fuertes vínculos con los militares juzgados por graves violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar, un mensaje de ruptura también con el compromiso de la nueva democracia argentina con el rechazo contundente de lo acaecido en aquellos sangrientos siete años que corrieron desde el golpe de Estado de 1976 hasta la recuperación democrática de 1983.

Triste paradoja la de esta celebración de los 40 años de la joven democracia recuperada. Aquellos consensos que se consideraban irreductibles parecen ser puestos en duda no solo por una parte del liderazgo político sino, lo que es peor, por una importante porción de la población. Algunas interpretaciones de lo que sucede en el país por estos días niegan que esto sea así. Esta visión sostiene que el apoyo abrumador del nuevo presidente no debe interpretarse como un rechazo a los compromisos asumidos hace cuatro décadas con la democracia y los derechos humanos, sino que solo expresa el hartazgo respecto del gobierno saliente y la asfixia provocada por una situación económica que destruye planes de vida de a millones. Ojalá esta última lectura sea cierta. Habrá que estar atentos. Costó mucho llegar hasta aquí como para perder lo que los argentinos han logrado colectivamente en las últimas cuatro décadas.

*Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires; master y doctor en Derecho por la Universidad de Yale; profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en las Universidades de Buenos Aires y de Palermo; autor de Más allá de la igualdad formal ante la ley, Siglo XXI, 2016.