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En los próximos días el gobierno presentará un proyecto de ajuste fiscal destinado a disminuir el déficit de sus cuentas y mantener el grado inversor. Con estos fines el gobierno propondría, en principio, subir sus ingresos aumentando las tasas del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF, “impuesto a los sueldos”), del IRAE (renta empresaria) y del impuesto a la asistencia a la seguridad social (IASS, “impuesto a las jubilaciones”), “compensando” parcialmente estos aumentos con una pequeña reducción del IVA. En conjunto, esto aumentaría los ingresos públicos en alrededor de 351 millones de dólares, que, sumados a una reducción del gasto de 125 millones, produciría un “ajuste” de 476 millones de dólares. Los detalles de la propuesta tendrán que ser discutidos en el Frente Amplio, donde ya se han pronunciado voces disidentes con algunos de sus aspectos, y en la legislatura.
La mayoría de los economistas (del gobierno, independientes, de la oposición) están de acuerdo, cosa no muy común entre nosotros, en la necesidad de ese ajuste. Sí se discute, en cambio, sobre los tiempos del ajuste: si está bien hacerlo ahora, o en realidad es tarde, lo que traerá problemas adicionales. Para el oficialismo este es el momento apropiado, porque ahora se concretaron los cambios a su juicio imprevistos (sobre todo en el contexto internacional) que obligan a hacerlo. Para la oposición todo el mundo, salvo el gobierno, anticipaba esos cambios; como consecuencia, el gobierno perdió tal vez un año y medio de tiempo valioso.
La oposición puede mostrar aquí sus estimaciones y proyecciones de hace un año y medio, que estuvieron mucho más cerca de la realidad que las del gobierno. Partes del oficialismo lo reconocen explícitamente. Discutiendo algunos aspectos de la propuesta del gobierno, Felipe Carballo, diputado de la 711, sostuvo: “Astori nos dijo que íbamos a crecer 2,5% en el 2016 y creceremos 0,5%”; Astori, por lo tanto, no es infalible (“El Observador”, lunes 30). Esta historia ya había llevado a un debate sobre si el gobierno miente o mintió (antes de las elecciones, antes de la ley de presupuesto, ahora). Finalmente, los economistas también discuten, entre otras cosas, si con este ajuste será suficiente, si los detalles que se proponen son los adecuados, o si habría alternativas mejores. No soy economista, de modo que a estos debates no puedo aportar nada útil.
Sin embargo, tal vez sea oportuno revisar algunos aspectos de la política del ajuste fiscal. Todos sabemos, o tendemos a sospechar, que la política está inmediatamente detrás del debate en principio “técnico” sobre el ajuste. La prueba: cuando se observa que hay acuerdo sobre la necesidad de hacer el ajuste ahora, esto no significa que no se lo pueda postergar. Significa que hay acuerdo sobre otra cosa: si no hay ajuste ahora, las consecuencias serán definidamente peores para el país, para su gente, para el gobierno y para el Frente Amplio.
Por lo tanto, en el punto de partida de un debate complejo dentro de la legislatura, y, sobre todo, dentro del Frente Amplio en particular, la oposición se sitúa a sí misma, todavía informalmente, en una tesitura a mi juicio generosa. Al conceder el punto central (“hay que ajustar ahora”), en la práctica está diciendo: si finalmente se propone un ajuste “razonable”, lo vamos a acompañar, aun sabiendo que en términos político-partidarios su principal beneficiario (si todo sale bien) podría ser el Frente Amplio.
Como el infierno está en los detalles, esto no es un pronóstico. Hay muchos asuntos aún sin definir. Pero la señal política, hasta ahora, parece clara. Entre los asuntos inciertos: ¿quién es el “árbitro” que decide si el ajuste que finalmente se propondrá es o no “razonable”? Vista la forma en que ha evolucionado el debate, probablemente será un sujeto colectivo de contornos no muy bien definidos: legisladores e intelectuales “moderados”, economistas y analistas más bien independientes (que los hay: como entre nosotros asumir el rótulo de “independiente” no es gratis, el que se dice independiente casi seguramente lo es). No es un sujeto fácilmente controlable ni por el Frente Amplio ni por la oposición. En estas condiciones, el debate que se viene es política en serio: un debate por la mayoría de ese “árbitro” elitista, y a través de él, por la mayoría de la opinión pública.
Los desacuerdos dentro del Frente Amplio, que transcurren con un ojo puesto en todo lo anterior, parecen claros. Por ahora, las mayorías del Frente Amplio, de su bancada y del PIT-CNT, solo aceptarían un ajuste pagado “por los que más tienen” (en la terminología más clasista, por “el capital”). Esto se traduce en diferencias concretas: el gobierno propone dejar el IRPF tal como está para los ingresos nominales de hasta $ 33.400, pero a partir de allí aumentar su tasa entre tres y cuatro puntos porcentuales. El aumento mayor, de 4 puntos porcentuales, sería solo “para los que más tienen”, para ingresos nominales de $ 167.000 o mayores. El PIT-CNT propone dejar las cosas como están ahora para ingresos nominales de hasta $ 100.200, subiendo las tasas significativamente a partir de ese monto. La tasa máxima aquí sería 42%, contra 34% en el esquema inicial del gobierno.
Para Carballo, el punto crítico es “dejar afuera de la suba de impuestos a los trabajadores que ganan menos de 50.000 pesos”; “si dejamos afuera esa franja, estaremos dejando afuera un millón de personas y no es poca cosa”. En principio, para “casi todos los sectores (del Frente Amplio), tratar como ricos a los trabajadores que ganan menos de $ 50.000 es una injusticia distributiva y un error político que lesiona el corazón de la izquierda”. Según Enrique Rubio, “acá hay un tema financiero, pero también de construcción política del Frente Amplio”.
Los términos en los que se plantea la discusión son muy relevantes. ¿La propuesta del gobierno realmente “trata como ricos a los trabajadores que ganan menos de $ 50.000”? Usando esa misma lógica, la propuesta del PIT-CNT “trata como pobres” a los trabajadores que ganan hasta $ 100.200. Ninguna de las dos afirmaciones parece muy útil para avanzar en el debate. El problema es: ¿de qué manera los contribuyentes, según sus posibilidades, deben contribuir para poder tapar ese agujero en las finanzas públicas que toda o casi toda la opinión experta considera necesario tapar ahora? Lo que obliga a responder esta pregunta es el acuerdo básico (en el oficialismo y en la oposición) sobre la necesidad del ajuste. Por eso el debate de los próximos días será tal vez el más importante en lo que va de este gobierno.
