La política y la Justicia

En efecto, se ha transformado en un pésima costumbre la repetitiva insistencia de integrantes del gobierno cuando se quejan porque se está produciendo lo que ellos llaman “judicialización de la política”, en la medida en que muchos problemas estrictamente políticos, devienen luego en actitudes antijurídicas que —denuncia mediante— culminan en algún juzgado que se ve obligado a dictar una sentencia que en definitiva resuelva el problema.

Es decir, estamos asistiendo a una creciente importancia del Poder Judicial en el campo de la política. En algún país centroamericano se la ha denominado la “juristocracia”, es decir, el gobierno de los jueces. No es así.

En primer lugar cabe entonces preguntarse: ¿es eso culpa del Poder Judicial? Obviamente que no.

No son los jueces, ni los tribunales, ni la Suprema Corte de Justicia los que solicitan que asuntos de base política pasen a su consideración. Son los órganos políticos, o, en su caso, los titulares de esos órganos políticos, quienes transfieren los problemas políticos que son de su exclusiva competencia, a los órganos judiciales. Y lo hacen, en algún caso, por ineptitud de quienes ni siquiera están preparados para analizar temas políticos, por ende, menos aún los jurídicos. En tales casos, toman conciencia de que el problema escapa a su capacidad y conocimiento, y no tienen otra idea que enviarlo a algún juzgado para que entienda en el asunto. Se lavan las manos al mejor estilo de Poncio Pilatos y afirman en forma totalmente irresponsable: “Pase a consideración de la autoridad judicial competente”. En otros casos, se da que en algún trámite político que es investigado con seriedad en un órgano político, surge la sospecha de alguna violación jurídica, que a veces tiene visos de irregularidad administrativa, pero en otros, llevan a la firme convicción de que detrás de las actuaciones se ha descubierto la comisión de algún delito. En este caso, ya no es por ignorancia o ineptitud, sino por necesidad que deben recurrir a la vía judicial.

Esos políticos se sienten tranquilos porque saben que nuestro Poder Judicial es confiable y que tienen en su actuación, sin duda alguna, la garantía necesaria para llegar a la real verdad de los hechos. Pero además confían que la politiquería barata no va a influir, porque el Poder Judicial tiene el “lomo duro” para soportar la presión y los vicios de nuestra política criolla.

Si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, aunados en su función de colegisladores, aprueban leyes contrarias a la Constitución, ¿qué culpa tiene la Suprema Corte de Justicia si, cuando el problema llega a su competencia natural, decide precisamente a favor de la inconstitucionalidad que alguna persona afectada en su interés directo, personal y legítimo ha planteado?

Por otra parte, quienes reniegan de la decisión de los jueces en estos casos no son sinceros. Porque protestan si la decisión judicial es contraria a sus intereses y entonces reavivan la famosa muletilla de la “judicialización de la Justicia”; pero en el caso que les sea favorable, bien que salen a reafirmar sus inestables conceptos, citando a su favor la opinión judicial que ahora les conviene a sus intereses.

Entonces, está claro que el protagonismo de los jueces no es producto de la propia iniciativa judicial, sino el resultado de la inacción (a veces de la acción errónea) de los otros poderes del gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo. Son temas que terminan en los tribunales por la ausencia de respuestas políticas concretas.

Por eso, la “judicialización de la política” en verdad, no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que eso termine en la “politización de la Justicia”. Eso no lo quiere nadie. Y el firmante tampoco.

Dr. Fulvio Gutiérrez

Salto