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    La política y la religión (II)

    Sr. Director:

    Habida cuenta de las distintas opiniones vertidas en las Cartas al Director de Búsqueda a partir de la publicación en la página editorial de “El País” el pasado 26 de abril de una columna del Lic. Francisco Faig, titulada “El obispo político”, con la que coincidimos en líneas generales, sobre la participación del arzobispo Sturla en actividades de naturaleza política, creemos conveniente realizar algunas precisiones sobre el laicismo y la laicidad.

    No pretendemos aportar nada nuevo pero sí aclarar las aguas sobre la necesidad de actuar conforme a la laicidad tanto por los actores políticos, que últimamente han venido participando como tales, y no en un contexto personal y privado, en actividades netamente religiosas, por ejemplo en la asunción del citado arzobispo, como por los de las distintas religiones que pueden convivir en un régimen de ejemplar tolerancia en nuestro país, para que podamos mantener el paradigma de la laicidad para una mejor convivencia.

    Uruguay es un país laico desde hace casi un siglo, y todos los uruguayos de hoy, más allá de las creencias individuales que cada uno tiene derecho a tener o a no tener, hemos crecido al amparo de ese ámbito de libertad, igualdad y tolerancia que nos han llevado a reverenciar estos valores como parte de nuestra identidad nacional.

    Nuestros credos, cualesquiera fueren o la ausencia de ellos, no han sido obstáculo para que podamos disfrutar de los beneficios de una convivencia social sin presiones sobre nuestra conciencia o la de nuestro prójimo.

    La laicidad, al igual que la propia identidad nacional con la que se fue forjando en paralelo, estuvo influida por una variedad de factores interactuantes pero existió un hilo conductor que las marcó a fuego a ambas: el amor de los uruguayos por la libertad.

    El mismo que nos legaron los primeros pobladores indígenas de estas tierras, y luego los gauchos, interpretado magníficamente desde los comienzos de la patria por el pensamiento y la lucha de José Artigas.

    Esa fuerza inicial fue armoniosamente complementada con la apertura del país hacia el exterior, que permitió el ingreso sin restricciones de un fuerte flujo migratorio y de nuevas corrientes de pensamiento, provenientes fundamentalmente de Europa y de los EE UU, que ayudaron a modelar ese espíritu libertario con ideas de avanzada.

    La nación uruguaya, “una comunidad espiritual”, como solía definirla con admiración y cariño Wilson Ferreira Aldunate, conjuga, en su funcionamiento como tal, tres valores que fueron consolidándose paulatinamente con el paso del tiempo, a partir de la gesta artiguista, y hoy se entrelazan y retroalimentan para conformarla, fortalecerla y protegerla: la libertad, el republicanismo y la laicidad.

    La contundente y atinada afirmación de Ferreira se alinea con el pensamiento del maestro del Derecho Constitucional uruguayo, Justino Jiménez de Aréchaga —para muchos simplemente Justino—, quien en su Panorama Institucional del Uruguay a mediados del Siglo XX había incluido una definición de lo que para él representaba la práctica del Derecho Constitucional en el país y a modo de síntesis expresaba que “Nuestro país es una comunidad en la que imperan las ideas de igualdad y libertad en su concepción más depurada. Esto es visible en las leyes tanto como en la realidad social”.

    El Uruguay, en efecto, ha sido desde sus inicios una comunidad de hombres y mujeres donde, desde muy temprano en su historia, fueron sembradas las semillas de la libertad, la igualdad y la tolerancia, que primero nos fortalecieron puertas adentro y luego hicieron germinar y florecer nuestra imagen, de pequeño gran país, hacia el exterior.

    Luego, y en buena medida por influencia de la escuela laica, fuimos formados desde niños en la búsqueda de la verdad por medio de la razón, sin apartarnos de la tolerancia hacia las ideas y “las verdades” de los otros

    La “verdad” que encontremos será siempre subjetiva, es decir nuestra, contingente y relativa, en tanto puede ser cambiada en el curso del tiempo, porque la búsqueda de la Verdad, incluyendo las grandes y permanentes interrogantes de los seres humanos, que sin dudas constituye un esfuerzo dinámico y cotidiano desde los orígenes de la humanidad, ha sido y será siempre una tarea inconclusa.

    Nuestra laicidad ha constituido un modelo y un ejemplo para la región en que estamos insertos. Porque muy distinto hubiera sido alcanzarla en una sociedad sajona que hacerlo en una enmarcada por una influencia religiosa tan enraizada, como lo ha sido y lo sigue siendo hasta nuestros días, al menos para nuestros vecinos de comarca, la de la Iglesia Católica Romana. Lo nuestro fue una suerte de “milagro laico”, si es posible combinar ambos términos que parecerían contradictorios.

    La separación entre Iglesia y Estado, adoptada por el Uruguay antes de cumplirse el primer cuarto del siglo XX, es un fenómeno que surge a partir del humanismo, durante el Renacimiento. Se consolidó con la Ilustración, promovido por el racionalismo y cobró mayor fuerza a través de la Revolución francesa y la Independencia de los EEUU.

    La primera precisión que entendemos fundamental refiere a que la laicidad uruguaya —y nos afiliamos para dicha afirmación a la concepción vareliana— no es antirreligiosa sino antidogmática, puesto que consagra la libertad de culto, sin cercenarla. No es de ninguna manera contraria a la idea de la divinidad que cualquier hombre pueda tener ni a la práctica de ninguna religión, sino que las respeta a todas, pero garantiza a quien quiere no creer en un dogma, la libertad de no hacerlo.

    La laicidad, y el laicismo fueron el resultado de un proceso paulatino de toma de conciencia, con el aporte de factores de índole variada, que coadyuvaron para dejar atrás las visiones dogmáticas, imperantes en la América colonial al influjo de una presencia eclesiástica fuerte respaldada por la Corona española, que habían marcado a fuego a las sociedades de la región con un conjunto de postulados propios esgrimidos radicalmente por los hombres de fe, cuando actúan con el convencimiento de que su peculiar visión del mundo es la verdadera e infalible.

    Actualmente, la separación entre las iglesias y el Estado es moneda corriente pero un siglo atrás, cuando el Uruguay reformó su Constitución en 1918, y antes de ello cuando comenzó el proceso de consolidación de la laicidad, la situación era exactamente a la inversa.

    Los fundamentos del laicismo se insertan en el concepto republicano del Estado y en el principio universal de ciudadanía. Sólo en un espacio público de todos, res pública, en el que nos situamos como ciudadanos libres e iguales, es posible garantizar los derechos comunes, sin privilegios ni discriminación en función de las muchas particularidades e identidades que nos diferencian a los individuos desde cualquier otra perspectiva.

    Esto lleva a delimitar la esfera de lo público y la de lo privado. Es necesario en primer lugar preservar materialmente el espacio público, que pertenece a todos, y desde ese ámbito de lo público, regulado por leyes que garanticen la igualdad de derechos para todos, se garantiza el respeto al ámbito de lo personal y el ejercicio efectivo de los derechos individuales.

    Éste es el meollo del principio de separación entre Estado e Iglesia, fundamento de la doctrina laicista y, por añadidura, de la recíproca independencia entre el Estado y las múltiples entidades que integran la sociedad civil.

    Así como la libertad religiosa integra el derecho universal a la libertad de conciencia, la separación entre Iglesia y Estado, es un derivado del principio democrático más general que debe regular las relaciones entre Estado y sociedad civil.

    No es lo mismo la libertad de culto que la separación de la Iglesia y el Estado. La adopción de un credo determinado por parte de un Estado, aunque garantice la libertad de culto, supone considerar más valiosa una postura que las demás, lo cual contradice los principios de igualdad y tolerancia por lo que la separación absoluta es la posición que mejor garantiza las libertades.

    Cuando nos referimos al Uruguay laico estamos hablando de un Estado sin religión oficial pero no de un enemigo de las religiones, como ha sucedido en el siglo XX en algunos países no democráticos.

    El Estado no adhiere como tal a ninguna corriente religiosa, aunque los uruguayos, en nuestro ámbito privado individual, tenemos la libertad absoluta de profesar cualquier religión y en los hechos la mayoría de los habitantes de la República tienen alguna forma de expresión religiosa o espiritual, aunque muchos se consideren agnósticos y otros proclamen su condición de ateos. El Estado no interviene, ni debe hacerlo, de acuerdo con la Constitución de la República ya que nuestra laicidad es abstencionista.

    No todos los países laicos tienen los mismos límites en su laicismo o laicidad. Para marcar una diferencia importante, “el laicismo francés es neutral mientras que el laicismo uruguayo es abstencionista”, como subraya el constitucionalista Miguel Angel Semino, quien fuera embajador en Francia. Precisamente en este último país se practica, en contraposición con el modelo uruguayo, una laicidad neutral y cuando el gobierno francés celebra una fecha nacional, se invita en forma oficial y protocolar a las cuatro grandes corrientes religiosas pero quedan afuera algunas otras. En el Uruguay, de acuerdo con el precepto constitucional, ninguna religión participa en las celebraciones u otras actividades oficiales del Estado, con lo cual se evitan injusticias, involuntarias pero injustas al fin, no solo con las corrientes religiosas o espirituales excluidas sino principalmente con los ciudadanos adherentes a las mismas. Tampoco ningún funcionario, en calidad de tal, debería participar en festividades religiosas, aunque esto a veces ha sido soslayado, como decíamos al comienzo.

    La laicidad en el Uruguay es la manifestación más clara de la libertad religiosa “en toda su extensión imaginable”. El Estado uruguayo es laico, porque el Estado no sostiene religión alguna, pero todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, según lo establece claramente el Artículo 5º de la Constitución de la República.

    El texto, aprobado en 1918, que se ha mantenido prácticamente sin cambios hasta el presente estableció entonces que “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto de las diversas religiones”. Esta exención impositiva constituye una forma indirecta de subvención a las religiones lo cual evidencia el ánimo de apoyarlas y no de coartarlas.

    La reforma de 1918 estableció la laicidad como un principio que sirve de escudo para proteger la libertad de conciencia de los ciudadanos sin interferir en la libre relación que se establece entre ellos y la religión, o corriente espiritual, a la que deseen adherir.

    Este principio se convirtió en parte integrante de nuestra ideología republicana y democrática, junto con el respeto por los Derechos Humanos, la Libertad, la Tolerancia, la Solidaridad social, y con el repudio del sectarismo, la discriminación y todas las prácticas que conduzcan al autoritarismo y el totalitarismo. Como lo enseñaba con precisión el malogrado pedagogo y periodista Roberto Andreón: “Es esencial la conexión entre democracia y laicidad, siendo ésta la expresión educativa de la tolerancia ideológica, propia del régimen democrático, que no debe confundirse con pasividad frente al fanatismo dogmático, cualquiera sea su signo y cualquiera sea su ámbito. Por el contrario, lo que busca la laicidad es combatir el dogmatismo fanático segando sus propias raíces, que provienen de la ignorancia, de la pasión irreflexiva, de la falta de información y de discusión sobre las ideas ajenas”.

    La laicidad uruguaya constituye además el puente necesario entre la espiritualidad y el republicanismo habida cuenta que la marcada influencia de la Iglesia Católica en el Estado mostraba una “contradicción entre el dogmatismo católico y el liberalismo republicano”, al decir del ilustre pensador chileno, Francisco Bilbao, padre del racionalismo en la región, quien afirmara que, con su marcado e irrefutable apego al dogmatismo, el catolicismo es incompatible con la libertad de conciencia.

    Gastón Pioli