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La laicidad maltrecha. En la edición del 30 de abril de Búsqueda, el Sr. Jorge Rodríguez Meléndez realiza una encendida defensa de las recientes intervenciones públicas del arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla. Dicha defensa se canaliza a través de la crítica a una columna de Francisco Faig en el diario “El País”.
Las apreciaciones vertidas en esa carta son por demás preocupantes. El Uruguay construyó (batllismo mediante, claro está) la sociedad más laica de América Latina y quizá del mundo a lo largo del siglo XX. Y esa laicidad, por lo menos para quien esto escribe, ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestra República y, más aún, de nuestra convivencia colectiva (tan dañada en estos días). Ha cerrado a cal y canto la puerta a las visiones dogmáticas de la sociedad y ha preservado el espacio y el debate público de las amenazas que los discursos de este tipo representan.
Cuando el lector afirma que la Iglesia ha participado desde siempre en asuntos políticos y cita, de forma por demás elocuente, diferentes pronunciamientos de las autoridades de la Iglesia a nivel internacional, se refiere en todos los casos a afirmaciones generales con las que es difícil estar en desacuerdo y que no pertenecen al debate político particular de ningún Estado y mucho menos del nuestro. Sturla, en cambio, se permite opinar acerca de cuestiones políticas de alta sensibilidad y que están siendo discutidas por todas las fuerzas políticas en medio de un año electoral. Hay aquí una intromisión en los asuntos públicos. Y no se trate de confundir a la audiencia, como pretenden las afirmaciones del lector, con actitudes antiliberales que nada tienen que ver. En esta sociedad todos tienen derecho a opinar y vaya si ese derecho se respeta. Pero las afirmaciones de Sturla no son las de un ciudadano, ni están dichas en calidad de tal, sino que son apreciaciones de la autoridad de una institución que, por definición, no es liberal, ya que impone un dogma a quienes adscriben a ella.
Además, cuando se incluyen las “intervenciones” políticas de la Iglesia en la historia contemporánea, sería justo también incluir los apoyos que ella hizo al fascismo italiano de Mussolini, a la dictadura de Franco en España o al autoritarismo peronista en la Argentina, por poner sólo unos pocos ejemplos que cuestionan, por decir lo menos, la legitimidad de la Iglesia para participar de los asuntos públicos. Me pregunto: ¿cuál viene a ser la legitimidad de la Iglesia para opinar sobre los derechos de los niños y jóvenes y cómo el Estado los defiende o establece, cuando es la institución que mayores problemas de abuso de menores registra en los últimos años? Y, por cierto, no se oyen en las declaraciones de Sturla condenas concretas a sus colegas abusadores en varias partes del mundo.
Otro de los elementos que se manejan en la carta aludida es que se critica a Sturla ahora, pero no a Cotugno antes. Aclaro que pertenezco al grupo político que lidera Fernando Amado, uno de los pocos políticos que se han cansado de señalar en estos años la inoportunidad de las intervenciones destempladas y retrógradas del ex arzobispo de Montevideo. Por lo tanto la cuestión no es si las apreciaciones convienen o no, sino que las opiniones de la Iglesia, en tanto tal, son siempre inoportunas y hay quienes lo señalamos siempre.
Cuando decimos estas cosas lo hacemos para lanzar una advertencia mayor y es la de que la laicidad está maltrecha en nuestro país. El argumento es recurrente: tratar de antiliberales a quienes sostenemos que los asuntos de la fe deben ser privados y no inmiscuirse en los asuntos públicos. Pero no porque no tengan derecho a pronunciarse sino porque es imposible resolver temas colectivos, públicos, desde una visión dogmática y, por tanto, antiliberal, como la que sostiene la Iglesia.
Si dejamos pasar estos elementos perdemos los reflejos y entonces nos empieza a dar lo mismo que un cura legitime a los caídos del Partido Comunista y no a los de otros grupos de la vida nacional. O nos da lo mismo que el PIT-CNT use la cadena nacional, es decir, el espacio público, para emitir un mensaje sobre el “No a la baja”. O nos da lo mismo que un grupo de intolerantes haga una asonada ante la Suprema Corte de Justicia. En fin, comienza a darnos lo mismo que las corporaciones se adueñen del debate cuando en realidad éste debe ser protagonizado por los representantes de todos en un marco de adecuada pluralidad.
Por eso las expresiones recientes de Sturla son por demás reprochables. No contribuyen en lo más mínimo a edificar una sociedad plural, democrática y sobre todo, libre.
